La nueva regulación de los pisos turísticos ha puesto entre la espada y la pared muchos municipios con grandes cantidades de alojamientos para extranjeros. En este sentido, la no renovación de las licencias ha hecho que muchas de estas viviendas tengan que dejar de ejercer en un periodo de cinco años. Ante la imposición, el Ayuntamiento empezó a retirar licencias, una actuación que ahora ha parado en alrededor de 900 pisos, según ha informado En común Podemos en un comunicado este lunes. El partido ha acusado la alcaldía de congelar la retirada de licencias que «han conseguido saltarse la prohibición». En su defensa, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha asegurado que nadie está parando nada, sino que quieren llevar a cabo estas acciones «con seguridad jurídica.»
“En plena crisis de la vivienda, el gobierno municipal tiene vías jurídicas a su alcance contra la especulación y las tendría que utilizar” ha explicado Janet Sanz, portavoz de En Comú Podem que además ha considerado “un escándalo que Collboni haya parado la vía para retirar licencias de pisos turísticos solo unos días después de saber que en Barcelona el 30% de las viviendas de alquiler ya son de temporada”. De este modo, el partido ha reiterado que el ayuntamiento barcelonés no tiene interés a cumplir la ley y continúa perpetuando el alquiler de temporada. Ante estas acusaciones, Bonet ha expresado su voluntad de hacer cumplir la ley en un mensaje en la red social, X. «Queremos evitar rendijas legales que nos fuercen a aceptar nuevos pisos turísticos a golpe de sentencia», ha dicho la primera teniente de alcalde.
Una regulación para tener más viviendas
La nueva medida a la cual se enfrentan los pisos turísticos es la regulación de su actividad, así como la reducción del número de viviendas que se destinan a esta práctica y no al alquiler tradicional. En este sentido, Barcelona es uno de los territorios que se ve más afectado por la normativa, una situación que el partido de En Comú Podem voz muy beneficiosa por los locatarios, pero a la vez reafirma que el ayuntamiento no está dispuesto a aceptar. Unas acusaciones que, según Bonet, no tienen nada que ver con la realidad y considera que están intentando no perder juicios por malas praxis, cosa que según la primera teniente de alcalde, «fue el que pasó el mandato pasado».
