Paso adelante para retomar el proyecto de construcción de la séptima terminal del Puerto de Barcelona. Las instalaciones portuarias han retomado este miércoles la convocatoria del concurso público para adjudicar la habilitación y explotación de esta parte del muelle adosado, un proceso que hasta ahora estaba paralizado por decreto judicial después de que unas navieras lo impugnaran porque creían que las cláusulas de licitación favorecían a la compañía Royal Caribbean.
En un comunicado hecho público este mediodía, la autoridad portuaria recuerda que el concurso se paró el pasado mas de marzo para analizar el pliegue de bases que suscitó la polémica y apunta que, una vez revisadas las condiciones, dos empresas han mostrado su interés para convertirse en adjudicatarias de la nueva terminal del puerto barcelonés. Se trata de Catalonia Cruise Terminal C, S.L. -que pertenece a Royal Caribbean- y de una iniciativa conjunta de las navieras Norwegian Cruise Line, Viking Ocean Cruises y Virgin Cruises.
La previsión es que esta futura terminal -que llevará como identificador la letra G- tenga una superficie de concesión superior a los 54.000 m² y una línea de muelle de 450 metros, unas dimensiones que la hacen apta para recibir cruceros de hasta 400 metros de eslora. El contrato también especifica que la compañía adjudicataria tendrá que aportar un tráfico significativo de pasajeros que utilicen la capital catalana como puerto base, es decir, que no estén de haciendo escalas, sino que empiecen o concluyan el trayecto en la ciudad. En este sentido, los últimos datos del Puerto indican que los cruceristas de puerto base ya suponen casi el 60% del total de pasajeros que reciben las instalaciones.
Desestimada la propuesta de paralizar la construcción de la terminal
Hay que recordar que desde el Ayuntamiento se trasladó a la dirección del Puerto el pasado mes de mayo la propuesta de no construir la séptima terminal para así estabilizar el número de cruceristas en los tres millones de personas. El consistorio entonces encabezado por Ada Colau consideraba que la paralización del proceso permitía anularlo completamente, una medida «viable», según los servicios jurídicos municipales, y económicamente sin ningún coste para la autoridad portuaria.
