El gobierno de Jaume Collboni ha aceptado este miércoles presionar a sus compañeros de Madrid para aumentar progresivamente el IBI según el número de viviendas por propietario, tal como ha exigido Barcelona en Comú para aprobar las ordenanzas fiscales de 2026. La propuesta pide al mismo tiempo que el impuesto no pueda repercutir en los inquilinos y que suba en el caso de las grandes superficies económicas. Se trata, apuntan desde la formación de Janet Sanz, de un “primer entendimiento” en las negociaciones de las ordenanzas fiscales, que deben aprobarse antes de cerrar el año. “Avanzamos hacia un principio de acuerdo”, ha celebrado el concejal de los Comunes, Marc Serra, en la comisión de Economía y Hacienda.
Serra ha defendido que la propuesta “reduce el impuesto a un 84% de la población de Barcelona, que somos la mayoría, y lo incrementa de forma proporcional a quienes convierten la vivienda en un negocio”. En todo caso, la competencia de subir el IBI a las viviendas particulares recae en el gobierno estatal, en manos del PSOE y también de Sumar, socios de los Comunes en Madrid. La proposición presentada a la comisión de este miércoles insta a Collboni a “promover” ante el gobierno del Estado y el Ministerio de Hacienda –en manos de la socialista María Jesús Montero– las “modificaciones legislativas necesarias” para implementar este IBI progresivo “en el plazo máximo de seis meses”. El teniente de economía, Jordi Valls, ha confirmado que instarán al gobierno del Estado «a reformar la ley para que los ayuntamientos tengan mecanismos de flexibilización».
La mayoría de formaciones contrarias al aumento han criticado que la proposición especifique, de forma genérica, que el IBI se subiría “a los inmuebles destinados a actividades de ocio y hostelería”. En este caso, Serra ha defendido la idea que se plasma en la ordenanza es subir el impuesto a aquellos espacios con un valor catastral por encima de los 5,2 millones de euros. Unos cambios que afectarían a unos 233 establecimientos diferentes, según los cálculos del gobierno. Valls ha especificado que el cambio solo afectará al 10% de establecimientos, que son los que superan esos cinco millones de valor catastral.
La propuesta se ha aprobado con los votos también de ERC, que ya tiene cerrado un acuerdo de presupuestos y ordenanzas con el gobierno municipal. Junts la ha criticado porque “provocaría que se retiraran pisos del mercado de alquiler” y el PP tampoco ha dado la sorpresa alegando también que “encarecería los alquileres” y que el IBI en Barcelona es más elevado que en el Madrid de José Luis Martínez-Almeida. “Ustedes forman parte del gobierno de Pedro Sánchez, tiene un punto de retórica”, les ha dicho. Vox también se ha desmarcado.
Acuerdo para negociar el presupuesto
Los Comunes permitieron que las ordenanzas fiscales y el presupuesto de 2026 continúen su trámite burocrático después de consolidar conversaciones para la limitación del alquiler de temporada –vía modificación del PGM– y de crear una mesa de diálogo para Vallcarca comandada por el síndico. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha asumido el compromiso de votar los cambios del PGM antes de acabar el año. También ha detallado que la mesa servirá para buscar “alternativas residenciales” a las familias más vulnerables de Vallcarca afectadas por un desahucio, pero reseñando que el proceso negociador no detiene los desahucios.
