El Port de Barcelona tendrá nuevo presidente después de la Copa América de vela. El máximo responsable actual de la infraestructura portuaria es Lluís Salvadó, un cargo que fue puesto cuando la Generalitat era gobernada por ERC. Este lunes, Salvadó ha confirmado en una entrevista en la
El anuncio de la salida de Salvadó llega después de que, supuestamente, Oriol Junqueras, pidiera al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que mantuviera en sus cargos a personas de ERC próximas a él, entre los que hay Salvadó, según avanzó
También desde el Gobierno de Illa se negó ningún tipo de acuerdo. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, desvinculó al Govern de ningún pacto oculto. “Tenemos que intentar aislarnos del ruido que llega de otros ámbitos y formaciones, que tendrán que responder ellos”, dijo en rueda de prensa. De momento, el Ejecutivo socialista no ha hecho público quién sustituirá a Salvadó.
Salvadó, muy próximo a Junqueras
El presidente del Port es una de las personas mejor alineadas con la candidatura Militància Decidim. En esta misma candidatura, está la actual presidenta del grupo municipal de ERC al Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, que si Junqueras sale victorioso sería la nueva secretaria general de ERC.
Salvadó era diputado y vicesecretario de coordinación interna de ERC antes de ser nombrado presidente del Port de Barcelona. Previamente, había sido secretario general adjunto de la formación entre 2011 y 2019. En el Port de Barcelona sustituyó Damià Calvet, miembro de Junts, que puso a disposición del Govern el cargo después de que su partido abandonara el Ejecutivo.
Además, Salvadó es uno de los políticos investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presunta malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos, a raíz de los preparativos del 1 de octubre del 2017, ya que entonces era secretario de Hacienda de la Generalitat. El tribunal está pendiente de resolver la petición de amnistía después de presentar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).



