La polémica por el hecho de que Alstom no podía participar en la licitación para construir 39 trenes para Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) está en vías de resolverse. La multinacional francesa ha sido excluida de la lista negra de Naciones Unidas (ONU) que, anteriormente, indicaba que tenía negocios en los territorios ocupados de Palestina, de manera que ahora debería poder participar en el concurso, con un contrato valorado en unos 385 millones de euros, al cual se pueden presentar ofertas hasta finales de año. La gerencia municipal del Ayuntamiento de Barcelona emitió una instrucción por la cual el consistorio vetaba a todas aquellas compañías señaladas por Naciones Unidas. El Ayuntamiento se amparaba en un informe de 2023 que ha resultado estar desfasado. La semana pasada, Naciones Unidas emitió uno nuevo, que reconoce que la multinacional francesa está limpia. En mayo, el plenario municipal aprobó, con los votos a favor de PSC, Barcelona en Comú y ERC, romper relaciones con Israel y el hermanamiento con Tel-Aviv, y evitar contratar empresas que se lucren del genocidio.
Muy probablemente, el veto municipal que afectaba a Alstom quedará en nada y podrá presentar su oferta. De momento, a pesar del cambio evidente de la situación, después de que Naciones Unidas haya retirado a la empresa ferroviaria de su lista negra, el Ayuntamiento ha evitado pronunciarse abiertamente sobre el caso y mantiene un discurso muy parecido al de hace dos semanas. TMB y el consistorio se limitan a decir que la licitación sigue adelante y que el plazo de presentación de ofertas está abierto hasta diciembre, apuntan desde el servicio de prensa municipal. Y añaden que están a la espera de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público resuelva el recurso existente. Este recurso hace referencia a la impugnación que presentó Alstom por no poder participar en la licitación y que TMB pidió que se desestimara. En 2019, Alstom ya ganó el concurso más importante hasta entonces de la historia del metro para construir 42 trenes por 268 millones.
Fuentes cercanas a TMB y a Alstom aseguran al TOT Barcelona que, tras la exclusión de la empresa de la lista de Naciones Unidas, la impugnación se podría retirar, con lo cual no haría falta que el tribunal se pronunciara. El ejecutivo de Collboni y TMB hacen mención también de la cláusula de los pliegos que habla del cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas que opten. Con la salida del listado de la ONU, Alstom ya no lo incumpliría. En este sentido, voces del comité de empresa de la compañía confirman al TOT que la empresa «ahora sí que podrá optar a la licitación». «Con esto se soluciona el conflicto, eso sí, no quiere decir que ganemos el contrato», subrayan desde la plantilla. Ahora bien, los sindicatos celebran el trabajo de difusión del conflicto, que han llegado a llevar hasta el Parlamento en varias reuniones con grupos políticos.
ERC defiende que se permita participar a Alstom
Uno de los partidos municipales que aprobó la ruptura de relaciones con Israel y vetar a las empresas con negocios en los territorios ocupados de Palestina fue ERC. A diferencia del gobierno de la ciudad, los republicanos consideran que «Alstom debe tener ahora luz verde para presentarse a la licitación de TMB», valora la concejala de ERC Rosa Suriñach al TOT. Se trata de una compañía que da empleo a más de 1.000 personas en la fábrica que tiene en Cataluña, en Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). A juicio de la edil, «que Alstom ya no esté en la lista de empresas cómplices con los asentamientos israelíes en el territorio ocupado de Palestina, que publica la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, es una buena noticia». Hace unas semanas, sindicatos de Alstom se reunieron con ERC y el gobierno de Collboni, entre otros grupos, y les expresaron que la empresa no tenía ningún negocio en aquellos territorios y alertaron del riesgo que podía suponer la exclusión de la empresa de la licitación en el empleo del sector ferroviario en Cataluña.
Los republicanos piden también que los estados miembros de la ONU «pongan más esfuerzo y recursos en garantizar un buen seguimiento y estudio de cada una de las empresas que aparecen, para agilizar nuevas actualizaciones».
Polémica con el AMB y el Gobierno
Según ha podido saber este medio de fuentes municipales y metropolitanas, el veto a Alstom generó polémica entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Generalitat. TMB, una empresa pública presidida por la primera teniente de alcaldía del consistorio barcelonés, Laia Bonet, tuvo que incluir la cláusula de la gerencia municipal de junio pasado en el pliego de la licitación porque recibe financiación del Ayuntamiento a través de la Autoridad del Transporte Municipal (ATM). El descontento por parte del AMB fue porque TMB es una empresa metropolitana y no municipal, y del Gobierno catalán, por el hecho de que Alstom participa también en licitaciones de la Generalitat y desde el ejecutivo de Salvador Illa no se ha tomado ninguna decisión similar a la municipal sobre las empresas con vínculos con Israel.
El presidente del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbís, piensa que es un caso muy polémico que ha puesto de manifiesto una muy mala gestión por parte de los responsables socialistas en el Ayuntamiento y de TMB. «No lo han hecho bien. Tenían la responsabilidad de saber que la ONU renovaba el listado de empresas y, por tanto, podían haber ajustado los calendarios de lo que debía ser un contrato tan importante. Lo decíamos en el plenario el pasado viernes. Creemos que la política de boicots no lleva a ninguna parte y genera arbitrariedades que acaban perjudicando a la industria del país y, sobre todo, a cientos de puestos de trabajo en Cataluña».
«Un despropósito y una irresponsabilidad mayúscula», dice el PP
Desde el PP, el presidente en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, sostiene que el hecho de que Collboni haya incluido a Alstom o eDreams en «una lista negra» es un auténtico despropósito y una irresponsabilidad mayúscula. Para Sirera, es una «mezcla de sectarismo, incompetencia y frivolidad política». El PP pide una rectificación inmediata y que se pida disculpas públicas. «No se puede señalar a compañías internacionales sin contrastar la información, y menos aún cuando la misma ONU ha retirado recientemente a varias de su lista». Según Sirera, el mensaje que envía Collboni es «letal», ya que «pone en riesgo puestos de trabajo y transmite que Barcelona es una ciudad hostil a la economía productiva», y considera que «no puede utilizar el Ayuntamiento como altavoz del señalamiento ideológico contra empresas que generan riqueza y empleo en nuestra ciudad».
Alstom, una vigilancia problemática
La de Alstom ha sido una inclusión con aristas en la lista negra de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas. En primera instancia, en 2020, la multinacional figuraba como compañía matriz de Citadis Israel, la filial que gestionaba el mantenimiento del tranvía de Jerusalén. Previamente, había formado parte del consorcio encargado de fabricar los convoyes de la línea, que «servía a los asentamientos ilegales en Jerusalén Este», según el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Alstom habría salido de este acuerdo en el año 2020, después de la publicación de la primera versión de la lista.
En la actualización de 2023, de hecho, consta como matriz de Bombardier Transportation Israel Ltd., la operadora local que adquirió con la compra del negocio ferroviario del gigante canadiense Bombardier, culminada en enero de 2021 por unos 4.400 millones de euros. Bombardier estaba también implicada en la construcción del tren ligero de Jerusalén. Aun así, la compañía ha asegurado que hace años que no tiene ningún negocio activo en la región, y ha llegado a solicitar en hasta tres ocasiones su retirada de la lista. La última, en julio de este año, justo después del giro del Ayuntamiento de Barcelona.
La competencia, en el punto de mira
El nuevo informe de las Naciones Unidas es mucho más extenso que el anterior. El de 2023 recogía 97 empresas implicadas en los asentamientos ilegales; mientras que la versión actual eleva los nombres en rojo hasta los 158. Entre las señaladas hay otro gran nombre del sector ferroviario del estado: la vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), participada por el gobierno vasco. CAF, que concentra su producción en Euskadi, podía haber sido una de las claras competidoras de Alstom por el contrato del metro barcelonés. De hecho, ya proveyó a TMB con una decena de convoyes en 2020.
En el caso de CAF, la acusación es directa, y no aparece como matriz de ninguna compañía con negocios en el territorio ocupado; en concreto por su participación en el desarrollo del nuevo tranvía de Jerusalén. El documento de la ACNUDH identifica en la actividad de la empresa tres violaciones de la vigilancia de derechos humanos: el suministro de equipamiento y materiales para la expansión de los asentamientos ilegales; la provisión de servicios y utilidades para el mantenimiento de los asentamientos ya existentes y el uso de recursos naturales que pertenecen al pueblo palestino, especialmente el territorio y el agua, para fines económicos.
ACS, incluida en la lista negra de la ONU
Otras empresas implicadas en el expansionismo israelí que las Naciones Unidas han añadido a su lista son ACS, la constructora de Florentino Pérez; o la ingeniera pública Ineco, todas ellas implicadas en diversos proyectos de obras públicas, algunos en Barcelona. Sin ir más lejos, la filial de ACS, Dragados, es la empresa encargada de la extensión de la línea 9 de metro, junto con Acciona Construcción, en manos de los Entrecanales. En ambos casos, las compañías se han apresurado a negar cualquier cooperación con los asentamientos ilegales, si bien en adelante la normativa las expulsaría de cualquier licitación del Ayuntamiento.
