La Generalitat ha recuperado la emblemática torre Muñoz, ubicada en la intersección del paseo de Gràcia y la Diagonal, para instalar allí una gran oficina de atención ciudadana y la sede de varios organismos públicos que ahora están en alquiler en otros edificios. El Gobierno ha destinado una partida de 26,7 millones de euros para reformar el inmueble y se prevé que las obras se alarguen al menos hasta 2030. Se trata de un movimiento que rompe dos tendencias de los anteriores gobiernos, aunque Pere Aragonès ya había sentado las bases para el cambio: llevar edificios públicos hacia el centro de Barcelona en lugar de hacia la periferia —la mayoría de los nuevos edificios de la Generalitat están en la Zona Franca— y recuperar el uso de inmuebles de propiedad en lugar de alquiler. De hecho, es una operación similar a la compra de un edificio del 22@ por parte del Ayuntamiento para trasladar allí servicios municipales.
Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado fuentes gubernamentales a la Agencia Catalana de Noticias, la Generalitat ultima los convenios para trasladar a la torre Muñoz las sedes del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), del Centro de Estudios de Opinión (CEO), de la Oficina Antifraude de Cataluña y de la Comisión Jurídica Asesora. La recuperación del inmueble y la finalización de los contratos de alquiler de las sedes de todos estos organismos públicos permitirá ahorrar 75 millones de euros en 20 años, aunque en este cálculo se debe descontar el costo de la reforma, que reduce el ahorro real a 49 millones, según los cálculos del Departamento de Economía, que espera poder amortizar la operación en seis años. “Hacía dos años que el edificio estaba vacío y ahora hemos querido acercar la atención personal al centro de Barcelona”, explican desde la Generalitat en declaraciones al citado diario.
Historia de una venta fallida
El Gobierno de Artur Mas vendió la torre Muñoz y la sede de Trabajo en la calle Sepúlveda por 63 millones a NadlanBCN. La venta formaba parte del plan de contingencia de la Generalitat para salvar sus finanzas a través de la venta de patrimonio. Pero la operación no salió como se esperaba. NadlanBCN efectuó un primer pago de 15 millones de euros, pero nunca pagó el resto y la Generalitat decidió quedarse con el dinero y el edificio. En 2021 el Tribunal Supremo dio la razón al Gobierno. El edificio, de unos 6.000 metros cuadrados, debe someterse a una rehabilitación integral y acogerá la oficina de atención ciudadana en la planta baja y las sedes de los organismos en los pisos superiores. El centro de atención ciudadana tendrá 800 metros cuadrados y contará con 25 informadores y cinco agentes digitales. El objetivo es que puedan realizar unos 100.000 trámites anuales.
