Jaume Garcia es un abogado laboralista jubilado. Tiene 73 años y una trayectoria de casi cuatro décadas a sus espaldas. Se afilió al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) en 1983 y desde entonces también forma parte de la Mutualidad de la Abogacía. Esta entidad -que se remonta a 1948- fue hasta los noventa el único sistema alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que tenían a su disposición los abogados para poder cotizar y acceder a una pensión de jubilación.
Como en el caso de los arquitectos y otros colectivos como los procuradores o los aparejadores, lo que debía servir para garantizar una renta vitalicia digna para los trabajadores del sector después de su retirada profesional no ha podido cumplir este objetivo, respondiendo únicamente a criterios financieros, muy parecido a un seguro privado. «El sistema funcionó bien durante unos años, pero en 2015 ya sabían que era un desastre y prefirieron mantener el engaño diciendo que te darían lo mismo o más que el RETA. La realidad es que el 90% de las pensiones no llegarán al mínimo y que tenemos compañeros que han continuado trabajando con 80 años arrastrando la toga«, asegura Garcia, a quien le ha quedado una renta por jubilación de 600 euros que no está sujeta a variaciones por la inflación ni se completa con ningún tipo de apoyo solidario por parte de las autoridades.
Este abogado barcelonés es uno de los miles de afectados en Cataluña por la fallida de este sistema alternativo de pensiones. Como la gran mayoría de profesionales del sector, cuando a finales de los noventa se abrió la posibilidad de pasarse a la red pública, él optó por mantenerse en la mutua, ya que era la única opción que no implicaba perder buena parte del dinero invertido hasta entonces. Con el estallido mediático de la problemática a principios de 2023, Garcia comenzó a movilizarse con otros abogados de todo el Estado para lograr la habilitación de una pasarela para traspasar sus cotizaciones al sistema público de prestaciones sociales.
«Las autoridades estaban obligadas a hacer seguimiento de estas prestaciones desde 2012 y aquí ha habido dejadez. Solo pedimos que se nos trate igual que a los autónomos porque hemos pagado igual», afirma. El abogado -que es miembro de la plataforma Pasarela Al RETA Ya– insiste en que con esta integración a la red pública no están pidiendo la desaparición de las mutualidades, que pueden continuar operando como seguro complementario o plan de pensiones, pero no como un sistema alternativo a la Seguridad Social. Por todo esto, saldrán a las calles el próximo 27 de septiembre en Madrid en una manifestación unitaria en favor de una pasarela que respete la antigüedad de los afectados y sin exclusiones. La concentración tendrá lugar justo la semana que concluye el período de enmiendas de la propuesta de ley que el PSOE ha llevado al Congreso de los Diputados para permitir este paso a la red pública.
Vidas laborales que se desvanecen y la alternativa catalana
Gemma Águeda es otra de las abogadas barcelonesas afectadas por este sistema de pensiones fallido. Tiene 60 años y se colegió en 1989. Ahora mismo, no sabe qué renta de jubilación le corresponderá. «Vivimos inmersos en una inseguridad jurídica. No podemos afrontar una vejez con esta incertidumbre», lamenta. Las últimas previsiones de la mutualidad apuntaban que podría tener acceso a una pensión de unos 800 euros, una cifra por encima de la media de los abogados catalanes, pero que no sufrirá ninguna variación en función de la inflación. A pesar de llevar casi cuatro décadas de trayectoria profesional y haber aportado en este tiempo un capital superior al mínimo que se le requiere a un autónomo, no podrá acceder a la renta mínima ni se podrá jubilar a los 65 años. «Nos dicen que nos queremos aprovechar de las mejoras actuales de los autónomos, pero es que hasta ahora no hemos podido dar el paso al RETA sin perder nuestra antigüedad«, remarca. Águeda subraya que los principales afectados por esta situación no son los empleados de grandes bufetes y despachos, sino los pequeños abogados de oficio, del ámbito laboral, matrimonial o de extranjería, que están muy lejos de los datos de facturación de gigantes del sector como Cuatrecasas.
Poner cifras al número de abogados de nuestra casa que se encuentran en la misma tesitura es complejo, pero se calcula que un porcentaje bastante elevado de los 24.000 afiliados del ICAB no cobra la pensión mínima o no lo hará en un futuro. En cuanto al resto del Estado, solo la Mutualidad de la Abogacía ya tiene cerca de 64.000 miembros repartidos por los diferentes territorios, mayoritariamente en Madrid. En el caso catalán, se añade a la ecuación una variante que complica aún más el asunto. A finales de los noventa, el monopolio que había tenido hasta entonces la compañía estatal se rompió con la entrada en escena de un competidor, Alter Mútua.
Esta entidad fundada en 1840 se encargó durante décadas de cubrir todas las prestaciones de la Seguridad Social a las que no tenían acceso los abogados por formar parte de este sistema alternativo. Esto significa que cuando te dabas de alta en la mutualidad para la pensión, también lo hacías en paralelo de otra para poder obtener una renta por viudedad, enfermedad o incapacidad permanente, entre otras. En 1999 se abrió la posibilidad de mantener las dos mutuas o agrupar todas las prestaciones bajo el paraguas de Alter Mútua. Una de las personas que decidió hacer el cambio fue Isabel Rabell. «Solo hacía dos años que estaba afiliada, así que renuncié para tenerlo todo cubierto en una misma mutualidad», explica esta abogada, que es miembro tanto de la plataforma Pasarela Al RETA Ya como del colectivo J2.
Desde la Mutualidad de la Abogacía impugnaron la aparición de este competidor, pero, tras una pugna judicial, la firma catalana logró operar con todas las de la ley en 2007. Dos décadas más tarde, este sistema alternativo no parece haber dado mejores resultados que el otro, al menos en lo que respecta a las pensiones. El pago de la cuota de Alter Mútua incluía cinco pólizas diferentes y reservaba una parte pequeña en concepto de jubilación. Esto ha hecho que afiliados como Rabell, que tiene 52 años, hayan acumulado en este tiempo un capital mucho menor del que pensaban y que con toda probabilidad se retiren de la vida profesional con una renta ampliamente por debajo de la mínima.
«Llevo 28 años trabajando, pero para el sistema es como si no tuviera vida laboral. Esto es un perjuicio enorme», recalca. Ante esta situación, la abogada optó por pasarse a la red pública hace dos años. «Lo hice porque calculé que, cuando me tocara jubilarme, el RETA me daría como mínimo una cifra superior a la que me correspondería por la mutua«, señala. A pesar de esto, la abogada mantiene aún la afiliación a Alter Mútua para poder tener cubierta la renta por incapacidad o viudedad hasta que genere en la Seguridad Social los años requeridos para acceder a ella. Se calcula que la entidad tiene cerca de 8.000 miembros, la mayoría concentrados en Cataluña y en un pequeño reducto en Málaga.
Una pasarela universal
El gran campo de batalla tanto de los abogados como del resto de colectivos afectados por sistemas alternativos de pensiones es conseguir que la pasarela incluya a todos los afectados. Por ahora, las condiciones que se plantean para poder acogerse al traspaso a la red pública es haber formado parte de una mutua al menos desde 2005 y demostrar una situación de vulnerabilidad económica. Con el redactado actual de la propuesta de ley, entonces, casos como el de Garcia quedarían fuera, al considerar que ya están cobrando una pensión, por muy escasa que sea. «Es fundamental que la normativa incluya a los pasivos porque ellos fueron los que no pudieron elegir porque entonces era obligatorio«, insiste Rabell. El mismo criterio que con los ya jubilados se aplica para personas que tengan otorgada una renta por viudedad, hijo a cargo o enfermedad. También aquellos que ya tengan suficientes años cotizados para alcanzar el mínimo legal, independientemente de que tengan más contabilizados en el sistema alternativo. Esta universalidad de la pasarela será una de las grandes reivindicaciones de la manifestación del 27 de septiembre en Madrid, que contará con la participación de otras entidades como la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos (ANMARQ), por ejemplo.
Sin embargo, abogados y arquitectos difieren en el valor que se debe dar a los años cotizados en este sistema alternativo. Los primeros apuestan por un cambio a la red pública exacto, es decir, que un año cotizado a la mutua equivalga a uno en la Seguridad Social. «Nosotros pagamos un sistema que era legal. Por eso, pensamos que el fondo acumulado no debe servir para comprar años, sino que los años trabajados deben cambiarse por los cotizados», indica Rabell. Con el objetivo de facilitar el acuerdo y salvar las distancias entre partidos que de momento no han conseguido avanzar con el nuevo reglamento, los segundos consideran que se debería aplicar un coeficiente alrededor del 0,77 que les permita mejorar unas pensiones ligeramente más bajas que los abogados y que en muchos casos rondan los 400 euros. En todo caso, el gobierno español parece aún lejos de conseguir una mayoría en la cámara que permita continuar con la tramitación de la norma, por lo que es probable que el plazo para modificar el texto termine prorrogándose.
