Una resolución de Inspección de Trabajo ha obligado a Barcelona de Serveis Municipals (BSM) a pagar una parte de los salarios y las cotizaciones que tenía pendientes a sus estudiantes en prácticas. En concreto, la empresa pública ha abonado el 30% de la cifra estipulada como retribución tras una denuncia presentada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).
En un comunicado, el sindicato considera que este caso es un ejemplo de «mala praxis reiterada» por parte de políticas internas de BSM en referencia a los recursos humanos. Aseguran que la empresa había dejado de pagar parte del salario de manera «unilateral», y lo consideran una práctica «arbitraria y abusiva». Además, desde CCOO especifican que las personas en «período formativo» desarrollan tareas productivas y no pueden ser objeto de abusos. En su resolución con fecha del pasado 23 de enero, la inspectora de Trabajo del Consorcio de Cataluña precisa que la empresa ya procedió al abono de los salarios pendientes, así como de las cotizaciones.
Por su parte, BSM ha informado al TOT Barcelona que «actualmente tiene 4 contratos en prácticas de un total de 1800 trabajadores y trabajadoras y cumple en todo momento la normativa vigente.»
Críticas por «opacidad» y prácticas contradictorias
Desde CCOO remarcan que la mayoría de las personas afectadas son mujeres jóvenes al inicio de su trayectoria profesional, y las considera parte de un colectivo «especialmente vulnerable». Por otro lado, el sindicato denuncia «opacidad informativa» por no recibir «en plazo» los planes formativos individuales y cuestiona que la tutoría de algunas personas en prácticas recaiga en la persona responsable del cumplimiento normativo. Los sindicalistas defienden que es una situación «contradictoria» porque «se producen incumplimientos en materia laboral». «Informar cuando los planes llevan meses aplicándose vacía de contenido esta competencia», insisten.
Los representantes de los trabajadores también aprovechan la misiva para cuestionar que la tutoría de algunas personas en prácticas recaiga en la directiva responsable de Cumplimiento Normativo (Compliance) de BSM, una situación que también califican de contradictoria mientras se producen incumplimientos en materia laboral. «Este episodio reabre el debate sobre la precariedad en los contratos formativos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control en las empresas de capital público», concluyen.
