La aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Barcelona para 2026 deberá esperar hasta el 30 de enero, cuando se celebrará el pleno y se sabrá finalmente si la propuesta de impuestos y tasas para este año sigue adelante o no. El visto bueno depende de Barcelona en Comú. En la comisión de Economía y Hacienda de este miércoles, el concejal Marc Serra ha condicionado el voto favorable a cumplir con el plan de regeneración urbana acordado con el gobierno de Jaume Collboni el pasado otoño y que debe suponer la rehabilitación de 6.000 pisos en barrios como el Besòs i el Maresme, la Pau y la Trinitat Vella. Las 80 alegaciones presentadas a las ordenanzas fiscales han sido rechazadas.
Serra ha recordado que firmaron un pacto con el ejecutivo socialista que permitió la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales el pasado octubre. Entre las medidas había un IBI progresivo (por lo que será necesario modificar la ley de haciendas locales), propuestas para favorecer el comercio de proximidad, con planes de usos en Sant Martí, el Eixample y Ciutat Vella, y el citado plan de regeneración urbana. Según Serra, «no se ha avanzado ni un milímetro» para garantizar la rehabilitación de las viviendas y ha exigido para votar a favor de las ordenanzas fiscales en el pleno que el gobierno presente, en el plazo de tres meses, un plan con un presupuesto extraordinario suficiente que garantice las reformas de los 6.000 pisos en cinco años. Las obras son «urgentes», ya que muchos pisos están apuntalados.
La aprobación deberá esperar al pleno
Con este panorama, Barcelona en Comú ha hecho una reserva de voto, lo que no ha permitido que las ordenanzas fiscales hayan prosperado en comisión. Han votado a favor PSC y ERC, pero el resto de fuerzas –Junts per Barcelona, PP y Vox– se han posicionado en contra.
El teniente de alcaldía del área económica, Jordi Valls, ha remarcado que las ordenanzas fiscales no incrementan la presión fiscal a las familias ni a las pymes -tampoco la reducen- y tienen como punto más relevante el incremento del recargo turístico municipal, que a partir del 1 de abril pasará de cuatro a cinco euros por persona y noche. El recargo es una idea de ERC y el aumento será de un euro al año por persona y noche hasta 2029, lo que permitirá al Ayuntamiento recaudar unos 200 millones de euros más, ha valorado el concejal republicano Jordi Castellana.
Una de las fiscalidades más altas del Estado
Junts, PP y Vox han criticado que la presión fiscal municipal asfixia a las familias y a las pymes. Junts y PP habían presentado 66 alegaciones -de las 80 totales- y todas han sido rechazadas. Junts, por ejemplo, había pedido una reducción del IBI, pero no se ha aceptado, ha recordado el concejal Arnau Vives. El PP ha criticado que Barcelona tiene una de las fiscalidades más altas del Estado, pero esto contrasta con «déficits importantes» en servicios públicos como la limpieza o la seguridad, en palabras del edil Víctor Martí de Villasante.
