Alfons Santamaria tiene 77 años. Este arquitecto barcelonés jubilado se colegió en febrero de 1973, poco después de terminar la carrera. Una vez firmados los papeles y con el carnet de afiliado bajo el brazo, subió las escaleras para ir directamente a la oficina de la Hermandad Nacional de Arquitectos (HNA, por sus siglas en español), que estaba ubicada en el mismo edificio del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC). Esta especie de mutua era el sistema alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que tenían entonces a su alcance los profesionales del sector para poder cotizar y acceder a una pensión de jubilación. Hacerse socio no solo era el procedimiento habitual, sino que también era un requisito obligatorio para ejercer hasta finales de los noventa, cuando se abrió la posibilidad de pasarse al sistema público de la Seguridad Social perdiendo una parte del dinero invertido. Santamaria fue uno de los delegados territoriales de la HNA y recuerda su etapa dorada, con reuniones pomposas en Madrid e inversiones de capital en gigantes de la época como Galerías Preciados.
El primer gran revés llegó a finales de los ochenta, cuando la hermandad pasó de un sistema de cotización colectiva a uno individual. Este cambio dejaba a algunos de los miembros más veteranos sin recursos para afrontar la jubilación, de manera que se utilizó capital aportado por otros afiliados para cubrir esta necesidad y regularizar la situación. «Los de mi generación teníamos unos 40 años y veíamos cómo grandes figuras del sector estaban abocadas a la miseria. No hubo ninguna encuesta preguntando si queríamos hacerlo, fue sí o sí. Buena parte de lo que se había ingresado hasta entonces se perdió«, apunta Santamaria, a quien todavía hoy le parece difícil cuantificar las decenas de miles de euros que se esfumaron. Aun así, el arquitecto barcelonés continuó afiliado a la mutua como tantos otros compañeros hasta su jubilación con la esperanza de rentabilizar la inversión hecha. Nada más lejos de la realidad. Tras una trayectoria profesional de cuatro décadas, Santamaria cobra actualmente una pensión de 434 euros al mes. Más allá de los ahorros y alguna pequeña inversión, el hombre continúa trabajando de manera pasiva con algunos borradores y otros trabajos para poder completar la renta y subsistir.
Lejos de tratarse de un caso aislado, situaciones como la que describe este arquitecto conforman una problemática estructural en el sector. «Hay gente que ha tenido suerte con grandes proyectos, pero la mayoría hemos cobrado como trabajadores normales», destaca Santamaria. De hecho, ni nombres ilustres como el de Oriol Bohigas lograron escapar de esta precariedad con las prestaciones sociales. A pesar de su prolífica trayectoria y reputación, el exconcejal barcelonés tenía una pensión de 375 euros hasta que murió en 2021. El escenario adverso que ya viven muchos arquitectos jubilados no parece que vaya a mejorar para la generación que será la siguiente en aparcar la profesión. Ricardo Vergara, arquitecto de 62 años y presidente de la asociación SOS Monuments, sabe que cuando se jubile tras cuatro décadas de carrera podrá optar a una retribución vitalicia de solo 316 euros al mes con un fondo total de 85.000 euros. «Con lo que he pagado a la HNA desde que me colegié en 1992, si fuera un autónomo integrado al RETA, me tocaría una pensión de unos 1.200 euros«, señala. Para tratar de salvar esta distancia sideral entre las retribuciones del sistema público y del alternativo, en mayo de 2024 nació la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos (ANMARQ). La entidad tiene un objetivo claro: garantizar unas pensiones dignas para el colectivo e impulsar los cambios legislativos necesarios para la integración de los afectados en la red pública estatal.
Un sistema que ha fallado y falta de datos reales
Leonardo Mateo es el socio número 38 de la ANMARQ y el impulsor de la delegación catalana de la entidad, que actualmente cuenta con unos 120 miembros en nuestro país y más de 1.200 en todo el Estado. Su caso es muy parecido al de Vergara: tiene 64 años, se colegió también en 1992 y desde entonces ha pagado religiosamente la mutualidad, confiando sin más remedio en la promesa de unos 1.200 euros mensuales que le hicieron en el momento de inscribirse. En este tiempo ha visto cómo los arquitectos ganaban en 2012 el largamente reclamado acceso a la asistencia sanitaria, que hasta entonces debían suplir con seguros privados que no incluían los medicamentos, y cómo la situación con las pensiones ha ido empeorando hasta un punto de no retorno. «Cuando en 1997 se abrió la primera ventana para integrarnos en la Seguridad Social, recibimos llamadas de la HNA para que nos quedáramos. Irse significaba perder buena parte de lo aportado en ese tiempo y entonces pensé que era más beneficioso quedarme […] En los últimos años, la prestación no ha dejado de disminuir hasta el punto que el sistema de pensiones ha quebrado«, reconoce Mateo. Desde la hermandad defienden que su salud financiera se ha visto agravada por la guerra de Ucrania y el retroceso de la economía global, pero aseguran que tienen suficiente patrimonio para cubrir las jubilaciones de los miembros.
Sin embargo, por ahora, las únicas opciones que tienen sobre la mesa los afiliados para no perder el dinero aportado son las siguientes: una retribución vitalicia que en la mayoría de los casos oscila entre los 300 y los 500 euros, una pensión a 15 años con una cifra mínima de unos 700 o una a 10 años ligeramente superior, siempre según el capital aportado. Se da la circunstancia de que muchos mutualistas desconocían que una parte importante del importe abonado de manera regular a la HNA no se destinaba al fondo para la jubilación, sino que correspondía a un seguro de riesgo. «No hubo ninguna advertencia ni información. Pensábamos que todo lo que ponían iba a la pensión», subraya Santamaria. «Nosotros que tenemos que estar pendientes de hasta el último tornillo y no supimos ver esto… Mi aportación ha terminado reducida a la mitad», añade Mateo, que como tantos otros profesionales del sector ha visto cómo sus previsiones de jubilación se desmoronaban como un castillo de naipes.
Para contrarrestar esta situación, muchos arquitectos no han tenido más remedio que hacer como Santamaria y mantenerse colegiados después de su teórica jubilación -pagando la correspondiente cuota- para poder continuar teniendo unos ingresos que complementen estas escasas pensiones. Lo que al principio era uno de los beneficios que te ofrecía la HNA, que te permitía poder seguir trabajando mientras cobrabas la pensión de jubilación, se ha convertido en un arma de doble filo. Hay casos de compañeros de profesión que han llegado a trabajar hasta después de los ochenta años o que han terminado teniendo que hacer uso de comedores sociales.
Más de un centenar de afectados agrupados bajo las siglas de la ANMARQ consideran que fueron forzados a adoptar un sistema alternativo que se ha demostrado ineficaz como prestación social, funcionando únicamente bajo criterios financieros y más bien como un seguro privado complementario, sin variaciones según la inflación ni ningún tipo de apoyo solidario por parte de las autoridades. La magnitud real de la tragedia, sin embargo, es una incógnita. Se calcula que un porcentaje elevado de los 12.000 arquitectos colegiados se encuentra en esta misma situación, pero por desconocimiento o cierto temor no alzan la voz. «No tenemos información. Sabemos que haciendo números hay muchos jubilados afectados, pero no tenemos cifras exactas. Pensamos que el COAC debe implicarse y aportar datos», afirma Vergara. «A nadie le gusta decir que es o será pobre y eso tampoco ayuda», incide Mateo. Ambos coinciden en la necesidad de informar del problema a las nuevas generaciones de arquitectos, que en muchos casos ya no se están afiliando a la HNA, pero para que si lo hacen sean conscientes de que no tendrán acceso a una pensión como tal, sino más bien un seguro sin garantías.
Movilizaciones por un acceso sin exclusiones
La solución a la difícil situación de los arquitectos es habilitar una vía para transferir sus cotizaciones al sistema público de prestaciones sociales, un objetivo que en la historia reciente han logrado otros colectivos como los notarios o los sacerdotes. La propuesta de ley que debe permitir integrar a los afectados en la red pública ha llegado al Congreso de los Diputados y se encuentra actualmente en período de enmiendas. El gobierno español aún no ha conseguido una mayoría en la cámara que permita continuar con la tramitación de la norma, de manera que con toda probabilidad se prorrogará el plazo previsto para modificar el texto. Por ahora las condiciones que se plantean para poder acogerse al traspaso es haber formado parte de una mutua al menos desde 2005 y demostrar una situación de vulnerabilidad económica. El cambio a la red pública tampoco se plantea exacto, es decir, que un año cotizado en la mutua equivalga a uno en la Seguridad Social, sino que se propone aplicar un coeficiente alrededor del 0,77. Con este contexto de negociaciones y ante algunas discrepancias con el contenido que se está llevando adelante, la delegación catalana de la ANMARQ se sumará el próximo 27 de septiembre a una manifestación que tendrá lugar en Madrid y que contará también con la participación de otros sectores afectados como los abogados, los aparejadores o los procuradores.
Más allá de agilizar la tramitación de la propuesta, el objetivo de los arquitectos movilizados es conseguir que el reglamento acoja a todos los afectados, sin excluir casos como, por ejemplo, el de Santamaria, que ahora mismo quedaría fuera de esta vía. «La manifestación del 27-S es clave. Necesitamos que la sociedad visualice esta situación para que los políticos nos hagan caso», dice Vergara. «Hemos caído por obligación en la HNA. Si no te afiliabas, no podías trabajar. No queremos ninguna condición especial, solo que la situación se resuelva para todos, incluyéndolos los pasivos y los jubilados. Tenemos derecho a unas pensiones dignas», remarca Mateo, quien advierte que llevarán la cruzada hasta los tribunales si es necesario.
