La ley del taxi esquiva la oposición de la extrema derecha española y continúa su tramitación parlamentaria. El pleno ha rechazado con una amplia mayoría la enmienda a la totalidad presentada por el grupo de Vox. Los ultras alertaban que la regulación sectorial que introduce la nueva norma «contradice» los dictámenes de la Unión Europea; y han calificado el texto de «poco riguroso» y propenso a equívocos. La queja de los de Ignacio Garriga ha caído con 108 votos en contra, 11 favorables -los suyos- y las 15 abstenciones del Partido Popular. Ya sin este obstáculo, la ley volverá al pleno para la votación final que supondría su aprobación definitiva.
La ley, cabe recordar, reconoce el taxi como un «servicio económico de interés general», en línea con las demandas de la principal asociación del sector, Élite Taxi. El portavoz de la entidad, Tito Álvarez, ha reivindicado la reforma, y se ha declarado «satisfecho porque se ha rechazado lo que ya sabíamos que pasaría». Álvarez, de hecho, espera que no haya especial margen para las enmiendas en el debate parlamentario; y que el texto se apruebe «casi en los términos en que está escrito», de acuerdo con la «gran mayoría parlamentaria» que acepta sus posiciones.
Por el contrario, la normativa otorga un carácter «complementario» a los vehículos de transporte con conductor (VTC), e impone condiciones como la reserva previa o la reducción de licencias en el área metropolitana de Barcelona. El presidente ejecutivo de Unauto, la patronal de las VTC, José Manuel Berzal, ha criticado el proceso por el cual se está tramitando la medida. «Debería haberse llevado como un proyecto de ley, más transparente, y no como una proposición de ley», ha criticado el empresario. Aun así, considera que todavía hay margen para el «diálogo» con los grupos parlamentarios: «Hay partido».
El Parlament, abierto a debate
Aunque el sector del taxi confía en aprobar la nueva ley sin enmiendas sustanciales, los partidos que la apoyan aún no dan por cerrado el texto. De hecho, la diputada de Junts per Catalunya, Montserrat Ortiz, ha asegurado que la proposición de ley «no tiene consenso» para pasar en la forma actual, y ya ha adelantado que «propondrán modificaciones escuchando a todas las partes implicadas», incluidas las VTC. El diputado del Partido de los Socialistas de Cataluña, José Ignacio Aparicio, se ha declarado abierto a discutir los cambios que se pongan sobre la mesa; y el de los Comunes, Lluis Mijoler, ha reclamado «escuchar a todos» en un conflicto entre sectores con intereses contrapuestos. Más vehemente ha sido la diputada de la CUP Laure Vega, que también ha considerado hacer modificaciones al texto, pero ha alertado que «no aceptarán el chantaje de las VTC».
