«Este señor no tiene nada«. Rafael Rubio tiene grabada esta frase en la memoria. La pronunció el responsable político de turno hace una década después de que él denunciara que la asbestosis -una enfermedad pulmonar- que padece fue causada por el amianto del metro de Barcelona. Este mecánico tornero jubilado de 71 años trabajó durante casi cuatro décadas en el taller que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) todavía tiene en Vilapicina. «Empecé con 23 años. Cada día nos llegaba un tren con los zapatos de freno desgastados y convertidos en polvo. Cuando terminábamos de dejarlos como nuevos, éramos como un carpintero que se sacude las virutas que le han caído encima… Eso, hasta 1988, era amianto y nosotros lo respirábamos«, explicaba Rubio hace poco más de un año en un reportaje en TOT Barcelona.
Tres meses después de aquella entrevista, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmaba su incapacidad permanente total por la exposición a la sustancia tóxica mientras trabajaba en el subsuelo de la capital catalana. Lo hacía ratificando la sentencia del Juzgado Social Número 4 de Barcelona, que justo un mes y medio antes reconocía que su caso se podía calificar de «enfermedad profesional» provocada por la exposición «crónica» al fibrocemento. Los recursos contra el veredicto presentados tanto por TMB como por la mutua de la compañía obligaron a elevar la causa una vez más, ahora al Tribunal Supremo. Después de un litigio que se ha alargado casi una década, este martes conocíamos que el alto tribunal español había desestimado las apelaciones, refrendando la que ya es la primera victoria judicial de un extrabajador del metro todavía vivo y afectado por el amianto.
«Después de años desmintiendo que hubiera amianto en el metro… Lo más importante es que los jueces nos han dado la razón y que esto abre camino a los compañeros que se hayan visto afectados y quieran denunciar«, señala Rubio con la satisfacción de haber llegado hasta aquí. En su caso, los síntomas aparecieron hacia 2013 cuando, de repente, comenzó a toser fuertemente y a escupir sangre por la boca. Tuvo que ir a urgencias y desde allí lo derivaron al Hospital Germans Trias i Pujol, donde se le diagnosticó una asbestosis con placas pleurales y enfisema pulmonar. La detección rápida de la enfermedad ha hecho que el mecánico jubilado pueda hoy en día llevar una vida prácticamente normal, aunque tenga mermada la movilidad y la capacidad pulmonar. «A causa del amianto no tengo todas las facultades que debería tener», afirma.
Desde el Colectivo Ronda -que lleva esta y muchas otras de las reclamaciones de los trabajadores del metro afectados- subrayan que la inadmisión del recurso por parte del Supremo es un revés contra la política de TMB de «negar sistemáticamente la evidencia de la exposición al amianto de sus trabajadores, no solo entre el personal mecánico y de talleres, sino en todo el ámbito de la red del metro y, por tanto, con posible afectación a toda la plantilla». La sentencia reconoce que «existen materiales con amianto y que durante años ha estado presente en partes de los convoyes sea en los motores o los zapatos de freno, lo que implicaba la emisión de fibras de amianto en el ambiente, especialmente en los túneles». Una situación que perduró durante décadas y que oficialmente solo ha afectado a una treintena de miembros en activo de la plantilla, aunque en esta lista no se cuentan varios empleados ya jubilados o fallecidos ni otros con principios de deformaciones no reconocidos por la empresa. Es el caso de Dionisio, primer y único extrabajador del operador ferroviario a quien una sentencia judicial reconoce que murió en 2019 por haber estado expuesto al amianto en el metro.
Juicio por una «justa reparación» de los perjuicios
El veredicto del Supremo ha llegado justo antes de que comience el juicio contra TMB por los daños y perjuicios causados a Rubio por la exposición a esta sustancia tóxica. La sesión tendrá lugar este miércoles en el Juzgado Social Número 14 de Barcelona y el Colectivo Ronda -que asesora y lleva la defensa del jubilado- pide 180.000 euros en concepto de indemnización por los estragos «económicos, físicos y morales» causados por la inhalación de fibras de asbesto durante cuatro décadas de trabajo. Esta es la primera demanda judicial que exige al operador ferroviario una «justa reparación» de los perjuicios provocados por la presencia de amianto en convoyes e instalaciones del subsuelo y «la falta absoluta de cualquier actuación real y eficaz» para prevenir y proteger la salud de la plantilla, según defienden desde el equipo legal.
«Creemos que la sentencia ahora firme es muy contundente y entendemos que la empresa no podía tomar ninguna medida preventiva entonces porque hasta ahora negaba esta exposición a amianto«, apunta Àlex Tismintezky, abogado del Colectivo Ronda que lleva el caso de Rubio. El letrado prevé un litigio farragoso con el operador, sobre todo atendiendo a la experiencia vivida con la demanda de incapacidad absoluta por enfermedad profesional. Ahora bien, la jurisprudencia con casos como el de los trabajadores de la fábrica Roca de Gavà (Baix Llobregat), en el que se condenó a la multinacional a indemnizar con 556.206 euros a la viuda de un empleado muerto por una enfermedad derivada de la exposición a asbesto, hace que sea optimista con la resolución de la causa. Como en el caso de TMB, el gigante del sector sanitario también negó el contacto de sus trabajadores con la sustancia tóxica.
Carrera judicial y administrativa de fondo
Aparte del caso de Rubio, el Colectivo Ronda lleva la defensa de dos trabajadores en activo del metro afectados por el amianto que están pendientes de juicio desde hace más de un año y medio. Más allá del colapso judicial, fuentes conocedoras del caso apuntan que las vistas se han ido retrasando y suspendiendo por temas procesales y alegaciones presentadas por el operador que hacen que el proceso se dilate aún más. Las demandas pretenden conseguir esta incapacidad por la exposición prolongada a la sustancia tóxica sin contar con las medidas de protección adecuadas. El equipo legal basa su denuncia en dos informes internos que antes del noventa ya advertían de la presencia de amianto en la red del subsuelo y en unas evaluaciones médicas a los afectados que ha hecho un laboratorio de Asturias especializado en la materia. Los abogados también tienen entre manos una demanda para que se reconozca que otro extrabajador murió de una afectación provocada por este contacto con el asbesto.
En paralelo, el equipo legal gestiona una reclamación contra TMB para que otorgue la ausencia retribuida a los 58 años a uno de los actuales miembros de la plantilla afectados por el amianto que todavía no disfruta del beneficio. Esta medida fue el acuerdo al que llegó la compañía con los sindicatos para los empleados que habían estado en contacto con la sustancia tóxica, un pacto que les permitiría ausentarse de su lugar de trabajo a partir de esta edad sin perder el salario, todo en contraprestación por los posibles efectos en la salud derivados de esta exposición. Sin embargo, este beneficio está supeditado a una reubicación previa dentro de la plantilla.
De la rueda de revisiones médicas que se hizo al personal que se consideraba que podría haber estado en contacto con asbesto, se concluyó que 28 trabajadores presentaban deformaciones compatibles. Solo nueve de estos han podido acogerse a la medida, que -según denuncian desde el Colectivo Ronda- se está aplicando de manera «muy restrictiva». No se pueden acoger a la ausencia retribuida ni los maquinistas ni otros miembros de la plantilla como agentes, personal de oficina o de taquillas porque -siempre según el operador- no tienen contacto con amianto.
Varios empleados con afectaciones compatibles con la exposición al asbesto ya han solicitado ante la Seguridad Social un cambio de contingencia por enfermedad profesional, primer paso que les permitirá denunciar a la compañía por daños y perjuicios. En uno de los casos, hace dos años que espera una respuesta de la administración. Si estas peticiones prosperan, desde la Asociación de Trabajadores Expuestos y Afectados por el Amianto del Metro de Barcelona calculan que se podrían disparar las demandas, dado que hay muchos más empleados afectados.
Fuentes de TMB consultadas por TOT Barcelona remarcaban hace poco más de un año que la compañía hace más de 30 años que trabaja en un plan para erradicar toda presencia de amianto en el metro y que casi se había retirado o confinado más del 90% del total detectado. El operador apuntaba entonces que en su momento ya realizó un TAC de alta resolución a todos los empleados que potencialmente habían estado expuestos a la sustancia. 28 trabajadores presentaban “imágenes radiológicas que podrían estar relacionadas con una exposición al amianto, pero también con otras causas”. Aseguraban que el programa de vigilancia se mantenía en marcha. En cuanto a los miembros de esta primera lista, la compañía indicaba que reubicó temporal y voluntariamente a todos excepto aquellos que se encontraban en lugares de trabajo donde no se identificó este componente tóxico.
