La Copa América de Vela podría acabar en los tribunales. Los detractores de la cita deportiva están estudiando denunciar a los organizadores por un posible delito de prevaricación ante las diversas irregularidades detectadas, entre las cuales una inflación desmesurada en las cifras de previsiones de público y de impacto económico de la edición que se está celebrando en estos momentos en Barcelona. En concreto, la plataforma No a La Copa América quiere llevar tanto a los impulsores del acontecimiento como a las administraciones ante la Oficina d’Antifrau para que investigue el caso y determine si ha habido alguna actividad punible o delictiva en todo el proceso que ha desembocado en la celebración de la competición en la capital catalana.
En una rueda de prensa este lunes desde una de las entradas al Race Village de la Copa América, la plataforma ha explicado también que pedirá formalmente a la Sindicatura de Comptes que audite e investigue la justificación, gestión y destino de todo el gasto público vinculado al acontecimiento. Todo ello, después de que La Directa publicara esta misma mañana un reportaje donde se indicaba que los datos facilitados por la organización tanto en cuanto al número de visitantes como a los índices de audiencia de la cita deportiva han sido hinchados y multiplican por catorce las cifras reales. Precisamente, este posible baile entre los datos pronosticados y los resultados reales ya lo alertaba este domingo en otro reportaje en el Món Economía Ismael Fernández, catedrático jubilado de Estructura Económica de la Universitat de València y autor de un análisis sobre el impacto económico de la Copa América del 2007 en València.
Un volumen económico necesario para poder justificar el interés «público»
La verificación de estas cifras de visitantes y de impacto económico son especialmente relevantes porque permitieron declarar la cita como acontecimiento de excepcional «interés público», una categoría que ha permitido a los organizadores tener una verdadera alfombra roja tanto por parte del Ayuntamiento de Barcelona como del resto de administraciones implicadas en la hora de pedir permisos y licencias de ocupación de espacio público, recibir subvenciones o de disfrutar de exenciones fiscales, entre otros.
