Barcelona está en niveles turísticos prepandémicos. Entre enero y agosto de este año, el número de turistas que ha pernoctado en la ciudad se acerca a los 8,5 millones. Este dato supone un incremento del 5,9% respecto al año pasado y un 3,8% por debajo del 2019. En julio, el acumulado de los siete primeros meses superaba los 7,2 millones de visitantes. Los efectos del turismo masivo y descontrolado sobre Barcelona son evidentes en la vivienda, el transporte público, la limpieza, la seguridad y la ocupación del espacio público, entre otros aspectos. Y esto dispara los costes de los servicios públicos. Con este panorama, el gobierno de Jaume Collboni ha decidido poner el foco de la presión fiscal para el 2025 en el ámbito turístico. Este miércoles, en la comisión de Economía y Hacienda, se debatirá y votará la tramitación inicial de las ordenanzas fiscales. Con algunas diferencias, Barcelona en Comú y ERC comparten la hoja de ruta de Collboni de hacer que la actividad turística pague más. Los tres partidos todavía están ultimando las negociaciones y ni Comunes ni republicanos han querido dar por hecho su voto favorable a las ordenanzas fiscales, pero el acuerdo podría estar próximo y, al menos, en el caso de los Comunes, anunciarse este martes.
¿En qué se concretará este aumento de la fiscalidad en la actividad turística si las ordenanzas se aprueban? Todo dependerá de cuáles sean los acuerdos definitivos, pero, de entrada, la propuesta del PSC es aumentar el IBI a los hoteles de lujo de la ciudad. El pasado viernes, el teniente de alcaldía del área económica Jordi Valls explicó que se trata de 233 inmuebles edificios de ocio y hostelería, de los cuales 208 son hoteles, que tienen un valor catastral de más de 5,2 millones. En un 63,5% de los hoteles, son fondos de inversión o sociedades patrimoniales y la idea del gobierno es que pasen a pagar un IBI diferenciado del 1,08%, cuando ahora es del 1%. Un día antes de que Valls expusiera los planes fiscales del gobierno, la regidora de los Comunes Janet Sanz, ya había expresado la misma necesidad, a pesar de que ella planteó que el aumento fuera de hasta el 1,3%. La recaudación prevista es de 2,8 millones más al año, según el gobierno, y los Comunes hablan de más de 10.
Los autocares turísticos, unos 80 euros en el día
Collboni quiere crear también una nueva tasa para grabar a los autocares
El aumento de la presión fiscal al turismo llegará también al Port de Barcelona, con un IBI más elevado a las terminales de cruceros, puesto que son Bienes inmuebles de Características Especiales (BICE). En el conjunto de la ciudad, son 130 edificios o infraestructuras, entre los cuales están también los puertos comerciales o los túneles de peaje. El gobierno de Collboni quiere aplicar un incremento progresivo en tres años y pasar del 0,80 al 1,30% en 2027. Con la subida del 2025, si se aprueba, el impacto económico será de 4,42 millones.
La entrada al Park Güell más cara
En la mesa de negociaciones entre Comunes y PSC está también un aumento del precio de la entrada en la zona monumental del Park Güell. Sanz reclamó que fuera el doble de la actualidad y pasar de los 10 a los 20 euros. En su argumentario, la regidora considera que es un monumento que se tiene que acercar a lo que cuesta entrar en la Sagrada Familia y vincula este incremento con la «recuperación pública» del espacio ante la «mercantilización» que está impulsando Collboni, con actos privados vinculados al lujo, como el desfile de Louis Vuitton de antes del verano. A través del teniente de alcaldía Valls, el gobierno de Collboni expresó que estaría de acuerdo en un aumento del precio de la entrada, pero no concretó si seria del doble o menos, y dijo que lo trasladaría a la empresa Barcelona de Servicios Municipales (B:SM), que es quien gestiona el recinto.
Con el anuncio de la salida de Ada Colau, prevista para octubre, Comunes y PSC exhiben una buena sintonía que se ha plasmado este fin de semana con el compromiso por parte del alcalde a tramitar antes de finales de año la regulación de los alquileres de temporada en Barcelona. Este acuerdo, junto con la petición de congelar el precio del transporte público para el 2025 (una decisión que depende principalmente de la Generalitat), y pedir al Port la eliminación de dos terminales de cruceros, es un primer paso entre Comunes y socialistas para cerrar un acuerdo para los presupuestos municipales del 2025, que atrasarán su tramitación por los congresos políticos que diferentes formaciones tienen que hacer este otoño.
Los Comunes creen que puede subirse más el IBI a los hoteles
A pesar de esta mejora de las relaciones, fuentes de los Comunes aseguran que el acuerdo, aunque puede estar próximo, no está cerrado. Los Comunes ven insuficiente la subida del IBI a los hoteles de lujo -quieren que sea del 0,3%- y añaden que el gobierno se tiene que comprometer a incrementar el precio de la entrada al Park Güell.
ERC propone doblar la tasa turística
ERC es el tercer partido que plantea cobrar más tasas e impuestos al turismo. La propuesta más destacada de los republicanos es doblar el recargo municipal de la tasa turística que los turistas pagan por persona y noche en la ciudad. Desde el 1 de octubre, el coste por cada visitante es de cuatro euros, el máximo permitido. El regidor Jordi Castellana considera que es insuficiente y defiende doblar la tasa hasta los ocho euros. Los cálculos que hace el grupo municipal, que al consistorio encabeza Elisenda Alamany, es que con este incremento la ciudad recibiría un total de 192 millones de euros que supondrían unos 50 millones limpios de beneficio para invertir en educación, movilidad y vivienda, entre otras políticas. Según Castellana, ciudades como Venecia, Ámsterdam o Nueva York ya aplican tasas como las que los republicanos quieren para la capital catalana. En este caso, no es una decisión que pueda tomar el Ayuntamiento, puesto que es un incremento que tiene que aprobar el Parlament de Cataluña y las ordenanzas fiscales municipales regularlo.
Las intenciones de ERC de subir la tasa turística ha puesto en pie de guerra al Gremio de Hoteles, la patronal del sector. En un comunicado, ha denunciado «la asfixia fiscal» a que se somete a los hoteles, y ha asegurado que si la propuesta republicana sale adelante «amenaza de destruir la competitividad de un tejido empresarial clave para el desarrollo económico y social». El Gremio tilda la iniciativa de superficial y orientada a proclamas electoralistas y exige más rigor a una formación política que quiere entrar a formar parte del gobierno municipal. «Afirmaciones que alimentan la idea peregrina de que la actividad turística es deficitaria económicamente para Barcelona y, por lo tanto, subvencionada por los barceloneses, son alarmantes, incendiarias y totalmente incorrectas». Los hoteleros recuerdan que aportan a la Generalitat y al Ayuntamiento con el Impuesto turístico y el recargo municipal alrededor de 120 millones de euros el año, el tercer ingreso más importante del presupuesto municipal.
Los hoteleros hablan de objetivos recaudatorios
Los hoteleros han cargado también contra la intención del gobierno de Collboni de subir el IBI a los hoteles de lujo. El Gremio acusa el Ayuntamiento de hacer el planteamiento sin diálogo previo con el sector, sostiene que la propuesta de incremento «ataca y desincentiva» el desarrollo de un producto turístico de calidad en Barcelona y valora que solo persigue «objetivos recaudatorios y electoralistas». De aplicarse las medidas propuestas, el Gremio de Hoteles afirma que puede afectar a la contratación de personal -el sector da trabajo a unas 35.000 personas- y la competitividad, y dice que «atentan contra la buena marcha del sector hotelero global de la ciudad». La patronal asegura que los empresarios «han asumido riesgos de inversión, generación de ocupación y mantenimiento de una oferta competitiva».
Además de proponer un aumento de la tasa turística, ERC plantea que los turistas paguen por lo que ensucien en la ciudad y, de carambola, rebajar la tasa de residuos a la ciudadanía, un tributo que el gobierno de Collboni ha propuesto aumentar para adaptarse a la entrada en vigor de la Ley 7/2022, que determina la existencia de una tasa no deficitaria que cubra el 100% de los costes de prestación del servicio. En este sentido, ERC quiere llevar al pleno de octubre una proposición para intentar rebajar la tasa de residuos a la ciudadanía. Ahora, el partido está estudiando a través de qué mecanismo se puede aplicar esta propuesta para hacer que los turistas paguen lo que ensucian, pero asegura que es viable. Lo que parece claro es que la tramitación se prevé larga porque implicará seguramente cambios en la ley de residuos estatal.
Como los Comunes, fuentes de ERC no han querido avanzar el sentido de su voto del miércoles, puesto que las negociaciones todavía no están cerradas. El gobierno de Collboni ve con buenos ojos subir la tasa turística y el viernes Valls avanzó que el PSC apoyará la iniciativa cuando llegue al Parlament. Este lunes, la directora de Turisme de Catalunya Cristina Lagé ha dicho que lo estudiarán. También se ha mostrado favorable a abrir la puerta a nuevos impuestos turísticos, puesto que los turistas son «residentes temporales» y tienen que colaborar en la economía del país. Republicanos y socialistas en el Ayuntamiento tienen cerrado un preacuerdo para formar un gobierno en la ciudad a la espera de que las bases de ERC en la ciudad lo avalen.
Junts dice que se criminaliza al sector turístico
En medio de las negociaciones entre los tres partidos de izquierdas del consistorio, Junts per Catalunya-Trias per Barcelona ya ha dicho que votará en contra de las ordenanzas fiscales. En opinión del presidente del grupo municipal Jordi Martí Galbis, las ordenanzas fiscales de Collboni «criminalizan» al sector turístico y suponen un aumento de la presión fiscal a la ciudadanía. Según Martí Galbis, el PSC no ha negociado nada con ellos y cree que «la situación financiera del Ayuntamiento y sus cuentas permitiría al menos una contención fiscal para aligerar el día a día de la gente de Barcelona, por un lado, y para favorecer también la actividad económica en la ciudad sostenible y que genera ocupación de calidad, del otro». Junts dice que las ordenanzas fiscales no son ninguna sorpresa. «Son las del tripartito, las del acuerdo ya cerrado con los Comunes y ERC sobre el presupuesto municipal del año que viene».
También el PP votará en contra de las ordenanzas fiscales. El regidor Juan Milián subraya que los impuestos y tasas para el 2025 suponen «una asfixia fiscal» de sectores económicos estratégicos para la ciudad, como el turismo. Los populares ven «persecución» al sector turístico, un hecho que afectará directamente «a las familias que viven de esta actividad, puesto que el turismo aumenta también los ingresos del comercio local y la restauración de la ciudad, además de generar lugares de trabajo». El grupo municipal de Daniel Sirera opina que el IBI que se aplica en la ciudad es demasiado elevado y critica el aumento previsto de la tasa de residuos de un 19%, «un esfuerzo fiscal que provoca que continúe creciendo el número de familias autónomos y Pymes que no pueden llegar a finales de mes».
