El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una convocatoria para subvencionar la prohibición de los pisos turísticos en las fincas de la ciudad. La partida que destina el consistorio es de 100.000 euros y es para cubrir los gastos de gestión derivados de la modificación de los estatutos de la comunidad para limitar los usos turísticos en el inmueble, explica el Ayuntamiento en un comunicado.
Las subvenciones se enmarcan en un convenio de colaboración a tres bandas firmado con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona y que prevé una inversión total del Ayuntamiento de 100.000 euros. La iniciativa forma parte de los acuerdos presupuestarios pactados con el grupo municipal de ERC.
Hoy anunciamos la puesta en marcha de una medida de @Esquerra_ERC para frenar los pisos turísticos.
— Elisenda Alamany (@Elisendalamany) February 26, 2026
A partir de hoy, cualquier comunidad de vecinos que quiera prohibir que se instalen pisos turísticos en su finca cambiando sus estatutos lo puede hacer recibiendo una ayuda económica para… pic.twitter.com/rCjVUtl4Go
Una medida del gobierno de Collboni y ERC
Precisamente, a esta cuestión se ha referido la presidenta de ERC en el Ayuntamiento, Elisenda Alamany, en un tuit en la red X. «Cualquier comunidad de vecinos que quiera prohibir que se instalen pisos turísticos en su finca cambiando sus estatutos lo puede hacer recibiendo una ayuda económica para cubrir los gastos de gestión, gracias a la subvención del Ayuntamiento que negociamos», ha escrito. La ayuda se podrá solicitar a partir del 27 de febrero.
Las comunidades de propietarios podrán solicitar hasta el 50% de los costos de los gastos de gestión (notaría, registro y honorarios profesionales) del cambio de los estatutos, un máximo de 2.500 euros y para la modificación de los estatutos vigentes, hasta un máximo de 1.500 euros. Para este propósito, se destinarán un total de 56.000 euros y se podrán acoger las comunidades que hayan aprobado la modificación o la creación de los nuevos estatutos a partir del 1 de marzo de 2025.
El teniente de alcaldía del área económica, Jordi Valls, dice que el objetivo «es que las comunidades de propietarios se doten de normas de regulación y convivencia para prohibir la instalación de viviendas de uso turístico en sus fincas, actividades que generan efectos negativos para la comunidad». Valls destaca que “medidas como esta contribuyen a velar contra la exclusión residencial en Barcelona, ya que facilitan que un número más elevado de pisos se destine al alquiler residencial”. La intención del gobierno de Jaume Collboni es eliminar unos 10.000 pisos turísticos a finales de 2028, ya que no se renovarán las licencias.
Los requisitos que se deben cumplir
Las comunidades que quieran acceder a la subvención deben cumplir una serie de requisitos: aprobar la creación o modificación de los estatutos de la comunidad para incluir expresamente la prohibición del uso turístico o de actividades económicas que puedan alterar la convivencia. El texto aprobado debe ser homologable a la cláusula establecida por la Cámara de la Propiedad Urbana, el Colegio de Administradores de Fincas y el Ayuntamiento. Es imprescindible que los nuevos estatutos se hayan elevado a documento público y se hayan inscrito debidamente en el Registro de la Propiedad para garantizar su validez ante terceros. Y la comunidad debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, la Generalitat y la Seguridad Social.
La presidenta de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento, Gemma Tarafa ha criticado la medida basándose en el hecho de que ya no se pueden conceder nuevas licencias por el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) y que las vigentes se extinguirán en 2028, un «hecho que limita mucho el alcance» de la propuesta de Collboni y ERC. Por otro lado, Tarafa piensa que no responde a los principios de buena administración trasladar al vecindario la responsabilidad de frenar la especulación: «Es el Ayuntamiento quien debe inspeccionar y sancionar».
