Xavier Olivé sabe que han vuelto sus vecinos porque retiran las plantas muertas del balcón. Este hombre de 75 años hace casi medio siglo que vive en uno de los pisos del edificio que se erige en el número 347 de la calle de la Diputació. Su testimonio es el de un superviviente: es el último vecino de toda la vida que queda en esta finca de la Dreta de l’Eixample. «La mayoría de propietarios utilizan las viviendas como segunda residencia. No conozco a nadie prácticamente, solo ves que van viniendo a temporadas. Cada vez que se van, las plantas se mueren y, cuando vuelven, las sustituyen por unas de nuevas. Así una y otra vez», asegura.
La historia de este vecino no es un episodio aislado, sino que es el ejemplo perfecto de la situación que se vive de manera silenciosa en muchos puntos de la ciudad, que se encuentra inmersa en un fulgurante proceso de gentrificación, tal como alertan muchas entidades vecinales y provivienda. En el caso concreto de este edificio de la calle de la Diputació, el punto de inflexión fue en 2016, cuando la familia que hasta entonces había gestionado el alquiler de los diez pisos en los cuales se divide la finca se los vendió a un fondo inversor holandés. Entonces, todavía estaban vigentes dos contratos de renta antigua en la finca, mientras que el resto con los años se habían convertido en alquileres de tres o cuatro años que en la mayoría de casos ya habían vencido.
De la ropa tendida a la piscina con solárium
La nueva propiedad aprovechó este escenario para presionar a los inquilinos con el envío de burofaxes para que abandonaran sus hogares. El éxodo fue escalonado, pero acabó dejando el edificio con solo tres de los vecinos de toda la vida. Con el vaciado de cada vivienda, el modus operandi del fondo fue el mismo: tirar techos, sacar lavabos y blindar el piso a la espera de reformarlo. Por su parte, Olivé recibió un comunicado donde se le ofrecía comprar su piso por unos 600.000 euros, un precio similar al que había pagado el nuevo propietario. «Me pareció una barbaridad. Cuando entré en el piso en 1976 pagaba 8.000 pesetas -unos 48 euros- y ahora unos 500 euros. Ni me planteé comprarlo», señala el hombre, que durante estos cinco años ha sufrido las obras de renovación de los siete pisos vacíos, a estas alturas ya vendidos mayoritariamente a compradores extranjeros.
De las tres familias supervivientes, una se fue después de llegar a un acuerdo con la propiedad durante el 2022 y el otro piso con contrato de alquiler de renta antigua acabó extinguiéndose por la muerte de la locataria el verano pasado. De hecho, estos dos pisos ya están en obras para poderlos vender cuanto antes mejor. Esto ha dejado a Olivé como el último vecino de siempre y, paradójicamente, el único que todavía tiende la ropa en el patio interior de la finca. «Antes la gente tendía la ropa incluso en la azotea, ahora la mitad del espacio está ocupado por la piscina y el solárium de un vecino», afirma. A pesar de la cada vez más difícil tesitura, el hombre no quiere dar su brazo a torcer. «Mi idea es acabar mis días aquí. Ahora mismo no me veo haciendo un traslado y tampoco aceptaría dinero. Tengo un contrato indefinido, así que legalmente hasta que me muera no me pueden echar, pero hay maneras de hacerme la vida imposible», remarca.
Un símbolo con alquileres de temporada estratosféricos
Como Olivé, otros vecinos y fincas de varios barrios de la ciudad han decidido hacer frente a la especulación, negándose a continuar engrosando la lista de desahucios silenciosos de la capital catalana. Uno de los casos sin duda más mediáticos es el de la Casa Orsola, un edificio construido el año 1910 y ubicado al cruce entre las calles del Consell de Cent y de Calabria que se ha convertido en un verdadero símbolo de lucha vecinal en el distrito del Eixample. Su cruzada particular se remonta al año 2021, cuando un fondo buitre compró las dos fincas en las cuales se divide el inmueble y comunicó a los locatarios con contratos a punto de vencer su intención de no renovarles, rompiendo de este modo en muchos casos el compromiso al cual se había llegado con los antiguos propietarios.
Esta situación sobrevenida hizo que los inquilinos decidieran unir esfuerzos para evitar que les pudieran echar de los que habían sido hasta el momento sus hogares. De esto hace ahora casi tres años, pero el escenario no ha mejorado en ningún caso. En estos momentos, del total de 27 pisos del edificio, cuatro están con contratos finalizados y seis más se extinguen en los próximos años. Ocho familias tienen un contrato indefinido de renta antigua y cinco viviendas ya han sido reconvertidas en pisos de alquiler de temporada, una argucia que permite a la propiedad poner los domicilios en el mercado a precios estratosféricos. Según denuncian tanto los inquilinos como el Sindicat de Llogateres, las viviendas de casi 60 m² se están comercializando a 2.000 euros mensuales, mientras que los hasta ahora vecinos pagan entre 600 y 800 euros, tres veces menos.
«Nosotros seguimos con la lucha y la vía judicial. En este tiempo, no ha habido ningún intento de reconducir la situación por parte de la propiedad y en cierto modo nos hemos acostumbrado a esta incertidumbre«, apunta Tono Hernández, uno de los inquilinos de la Casa Orsola con el contrato vencido que hace cerca de una década que reside allí. A pesar de que su caso queda fuera del ámbito de actuación, Hernández celebra la inminente entrada en vigor del índice de precios de alquiler, pero alerta del escenario que puede dibujar esta nueva regulación en ciudades como Barcelona: «Los alquileres de temporada son un gran problema porque para los propietarios es mucho más rentable. Si regulas los precios, pero sigues permitiendo esta argucia legal continuará habiendo desahucios silenciosos y el éxodo de barceloneses será imparable«.
El calvario de las obras y una brizna de esperanza
El ejemplo de resistencia estoica de este edificio centenario de la Nova Esquerra de l’Eixample ha tenido en los últimos años diversas réplicas en otros puntos de la ciudad. Es el caso de los vecinos del número 15 de la calle de Tapioles, una finca histórica ubicada en el Poble-sec, o del número 10 de la calle d’en Cortines, en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Estos dos inmuebles tienen en común que fueron comprados por el mismo fondo de inversión antes del verano del 2022, hecho que les ha abocado a vivir dos procesos prácticamente idénticos que tenían por objetivo vaciar los bloques para después renovarlos íntegramente y ponerlos a la venta.
Esta voluntad de los nuevos propietarios se ha quedado a medias a causa de la oposición de los vecinos, que como en el caso de la Casa Orsola decidieron hacer frente común para poder continuar viviendo en sus hogares. En el edificio del Poble-sec confluyen varias casuísticas: cuatro de las familias ya tienen el contrato de alquiler vencido, tres más encaran la recta final para el vencimiento de los suyos y cuatro pisos más tienen un contrato de renta antigua indefinido, de forma que tendrían garantizada su continuidad. Ahora bien, todos están sufriendo desde hace cerca de seis meses las obras de remodelación que está impulsando el fondo para instalar un ascensor. Más allá del polvo, la cal y el ruido, los inquilinos denuncian que los trabajos no se estarían haciendo siguiendo las medidas de seguridad necesarias y que incluso uno de los niños que viven en la finca ha llegado a caerse por el hueco donde se ubicará el elevador.
En cuanto al inmueble de la calle d’en Cortines, solo resisten en la escalera cuatro familias, dos de las cuales con el contrato de alquiler vencido. Los otros inquilinos son un hombre a quien se le extingue la vinculación el año que viene y Marga Roca, una mujer de 58 años a quien el fondo accedió a renovar el contrato con un alquiler social hasta el 2058 después de la intermediación de la hija de uno de los matrimonios fuera de contrato de la finca y del Sindicat d’Habitatge del Casc Antic. Después de esta primera victoria, la entidad espera poder cerrar un acuerdo para conseguir nuevos contratos sociales para las dos familias amenazadas con tener que abandonar su casa, teniendo en cuenta que tienen certificado de vulnerabilidad, un trámite que si revisamos la hemeroteca no parece ser garantía de nada en la Barcelona actual.
