El Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado en el gobierno español que regule los alquileres temporales antes de que empiece la Copa América de Vela, el 22 de agosto. Esto lo ha hecho en consistorio después de aprobar una proposición presentada por ERC a la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda de este martes, que se ha aprobado gracias a los votos del PSC, ERC y los comunes. La propuesta, presentada por la regidora republicana Eva Baró, pide a Madrid que «se aceleren los procesos para que Barcelona cuente, cuanto antes mejor, a poder ser antes del 22 de agosto, con una regulación efectiva».
La proposición también establece pedir en el gobierno español que la normativa estatal se base en el decreto de abril de la Generalitat y crear «de manera urgente» una mesa de trabajo específica para la ciudad. En este nuevo ente estarían presentes el gobierno municipal, grupos políticos, asociaciones de vecinos y vecinas, y entidades por el derecho a la vivienda y tendría el objetivo de establecer las necesidades, demandas y medidas para una regulación efectiva de estos alquileres en la ciudad.
«Máxima urgencia»
Por otro lado, la teniente de alcaldía de Vivienda, Laia Bonet, ha asegurado durante su intervención que desde el gobierno municipal han aprovechado «absolutamente todas las ocasiones» para trasladar al Ministerio la necesidad de impulsar la regulación, que tiene que realizarse «con la máxima urgencia» y con seguridad jurídica. Por su parte, la portavoz de los comunes, Janet Sanz, ha destacado que «el que esta passando con los alquileres de temporada es inaceptable» y ha afirmado que el debate tiene que llevarse a cabo también con la Generalitat y el gobierno español.
En cuanto a los partidos que han votado en contra de la propuesta de ERC, el regidor de Juntos, Damià Calvet, ha considerado que la vinculación de la proposición con la Copa América no le ha parecido bien, dado que «incrementa el tono contra el sector inmobiliario y contra el sector turístico». El portavoz del PP, Juan Milián, ha tildado esta medida de «desincentivadora» y ha considerado que no supondrá el aumento del parque de viviendas de alquiler y sí de venta, según él, y cree que es necesaria más colaboración publicoprivada y facilitar la construcción de vivienda asequible.
