La noticia de que la Generalitat de Catalunya pondrá freno en los pisos turísticos en el territorio catalán sigue comportando reacciones, y la última ha sido la del Ayuntamiento de Barcelona, que ha celebrado esta medida que el Gobierno quiere implementar. La primera teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Transición Ecológica, Servicios Urbanos y Vivienda, Laia Bonet, ha afirmado que desde el consistorio de la capital catalana ya están trabajando para implementar esta medida en la ciudad de Barcelona.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona valoran muy positivamente esta medida que quiere implementar el gobierno catalán, puesto que como ha expresado Bonet, es «obvio» el impacto que tienen los pisos turísticos en la capital catalana y ha dicho que desde el consistorio de la capital catalana quieren que las viviendas de Barcelona sirvan precisamente de esto, de vivienda, y no de alojamiento turístico. Además, tal como ha afirmado Bonet, el gobierno municipal fue consultado sobre esta medida.

Una herramienta necesaria y que servirá de ayuda

La teniente de alcalde ha expresado que esta medida ayudará al consistorio de la capital catalana, ha añadido que establecer un plazo para la expedición de estas licencias era algo «necesario». Además, ha querido hacer una reivindicación, puesto que ha manifestado que la ciudad de Barcelona «no se puede permitir» que existan 10.000 viviendas que no hagan su función. Bonet ha expresado que esta medida que quiere implementar la Generalitat de Cataluña «va en la buena dirección» y que una vez esta esté implementada se podrá valorar el verdadero impacto en la ciudad en el largo, mediano y corto plazo.

Cinco años para pedir la licencia

Los propietarios de pisos turísticos tendrán que pedir la licencia urbanística y la autorización turística en un periodo máximo de cinco años. En el supuesto de que no hagan estos trámites, se verían obligados a parar su actividad. Eso sí, todos aquellos propietarios de pisos turísticos ya existentes podrán pedir una prórroga al Ayuntamiento, de cinco años más, si pueden acreditar que no pueden compensar las pérdidas patrimoniales causadas por esta medida.

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