El sector de los pisos turísticos de Catalunya ha presentado reclamaciones patrimoniales por valor de 1.000 millones de euros contra del decreto de la Generalitat de Catalunya, que prevé que en noviembre de 2028 estas licencias caducarán. Lo ha anunciado este lunes el presidente de la Asociación de Apartamentos de Turísticos de Barcelona (Apartur) Enrique Alcántara. Las cifras dadas por Apartur solo corresponden a Barcelona y la previsión con la que trabajan es que el 8 de noviembre, cuando se acaba el plazo para presentar estas reclamaciones, llegarán a los 3.000 millones de reclamaciones en la capital catalana y a unos 7.000 millones en todo el territorio catalán. De momento, los propietarios que han presentado una reclamación son unos 1.500 (unas 25 empresas gestoras), todos de Barcelona.
Las reclamaciones presentadas por los propietarios de pisos turísticos van también contra del anuncio de Jaume Collboni, que hace unas semanas que dijo que la intención del Ayuntamiento de Barcelona era que, a partir del 2028, los más de 9.000 pisos turísticos de la ciudad pasarán al mercado residencial. Según la CEO de Apartur, la valoración que se reclama se ha hecho a partir de un peritaje judicial. Apartur estima que hasta el 8 de noviembre las reclamaciones se dispararán. La patronal de los pisos turísticos tiene previsto reunirse pronto con el nuevo Govern de la Generalitat de Salvador Illa. El decreto de caducidad lo impulsó ERC.
Inviable y populista
En una entrevista con el TOT Barcelona publicada este fin de semana, Muro ya explicó que la eliminación de más de 9.000 pisos turísticos en Barcelona era «inviable» y tildó el anuncio de Collboni de «populista». «Se ha hecho para desviar la atención de otros temas. No se podrá hacer porque infringe muchas normativas. En realidad, es la expropiación de un derecho. La administración es competente y puede expropiar propiedades y derechos, pero tiene que indemnizar. Esto lo dice la Constitución y la ley de expropiación».
Este lunes, Muro se ha vuelto a referir a ello y ha hablado de «de expropiación encubierta», y piensa que los propietarios de los pisos turísticos tienen derecho a una indemnización. «No hacerlo nos lleva a una situación inaudita, contraria a cualquier garantía jurídica, contraria a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea».
La reclamación patrimonial es contra la Generalitat de Catalunya, porque es la Administración que ha hecho el decreto que ordena la caducidad de las licencias a finales de 2028. Así, según Apartur, el Ayuntamiento no tendría que hacer frente a ninguna indemnización si las reclamaciones presentadas por los titulares de pisos turísticos llegaran a buen puerto. En opinión de Alcántara, la situación se tiene que resolver desde la vía legal y ve muy pocas posibilidades de que se solucione por la vía política, ya que Collboni está presionando a la Generalitat para mantener el decreto.
Si se cierran los pisos turísticos, Barcelona tendrá que decrecer
Apartur piensa que en caso de concretarse el cierre de los pisos turísticos, Barcelona tendrá que decrecer en el ámbito turístico, puesto que las Viviendas de Uso Turístico (HUT) representan el 45% del alojamiento de Barcelona. Esto afectaría especialmente las familias que visitan Barcelona y que se alojan en apartamentos turísticos y no pueden pagar los precios de los hoteles de Barcelona. La patronal de los pisos turísticos ha cargado contra el sector hotelero porque la mayor parte de los hoteles de Barcelona se han construido en suelo residencial y esto ha supuesto la pérdida de «miles» de pisos, ha subrayado Alcántara.
Muro ha recordado en la rueda de prensa lo que ya avanzó en la entrevista con el TOT y es el hecho de que Catalunya ya hace una década que regularizó los pisos turísticos. Lo hizo con ella al frente de la Direcció General de Turisme de la Generalitat. Desde 2012, y mientras Muro fue la directora general de Turisme, se regularizaron 250.000 pisos turísticos en Catalunya de los 500.000 ilegales que había.
