El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones para impulsar mejoras en la eficiencia energética de viviendas. Esta serie de ayudas cuenta con un presupuesto total de diez millones de euros, la mitad de los cuales financiados a través de los fondos europeos Next Generation. Esto supone un incremento de casi el doble en las subvenciones disponibles hasta ahora para esta mejora energética, que pasa de 3.000 euros por vivienda hasta los 6.000 euros.
Según la información facilitada por el consistorio, junto con esta convocatoria, también se ha optado por la «simplificación y agilización del trámite«, que ya se puede realizar en línea y que ahora permite compactar toda la documentación necesaria para el proceso. La renovación de ventanas, la mejora del aislamiento de la fachada o el cambio de sistemas de climatización por energías renovables son algunas de las actuaciones que cubren las flamantes ayudas.
«La rehabilitación residencial es una política pública que contribuye a mejorar la seguridad, la salubridad, la accesibilidad y la eficiencia energética, con el objetivo de contribuir a proveer vivienda digna y adecuada mediante edificios más seguros, más saludables y confortables, que reduzcan las emisiones y permitan ahorrar energía y reducir la pobreza energética», ha señalado al respecto el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera.
A disposición de propietarios, usufructuarios e inquilinos
Las nuevas subvenciones están dirigidas a las personas propietarias, usufructuarias o inquilinas que desean adoptar medidas para mejorar la eficiencia energética de su domicilio habitual. Para recibir la ayuda, el costo mínimo de la actuación deberá ser igual o superior a 1.000 euros. El importe de la subvención no podrá superar el costo total de la inversión. Para tramitar la ayuda, las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026, fecha límite para solicitar la subvención.
Precisamente, en este importe objeto de subvención, se pueden incluir los honorarios de los profesionales que intervienen, el costo de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados.
