El serial de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera avanzó el viernes 31 de enero, en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, un paso más para proteger el edificio patrimonialmente y convertirlo en un equipamiento para el barrio. Con los votos del PSC, Junts per Barcelona, Barcelona en Comú y ERC, el Consejo Plenario dio luz verde a la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que debe permitir blindar el inmueble. La aprobación de un nuevo planeamiento era obligatoria para subsanar los defectos de forma que recogía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). De hecho, la sentencia anulaba el anterior MPGM, con la expropiación incluida de la finca, impulsada por el gobierno de Barcelona en Comú, en julio de 2020, para evitar que la Casa Buenos Aires, una joya arquitectónica construida en 1886, se convirtiera en un hotel de lujo. Ahora, el foco está en los usos.
La aprobación municipal habla de un «equipamiento dotacional asistencial» y no menciona los 37 pisos previstos para personas mayores y jóvenes. En una nota de prensa, el Ayuntamiento dice que «esta modificación implicará la inclusión del antiguo Hotel Buenos Aires en el sistema de equipamientos públicos comunitarios, adecuando así la regulación del suelo y la edificabilidad a las normas establecidas por la MPGM de equipamientos del Área Metropolitana de Barcelona». El vecindario exige que buena parte del inmueble se destine a vivienda para la gente del barrio.
Tal como explicó la teniente de alcaldía de Urbanismo Laia Bonet en el pleno, este nuevo planeamiento quiere pasar página en un conflicto «que dura demasiado», cuatro años y medio desde que se hizo la aprobación inicial del primer MPGM en la comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad de julio de 2020. Ahora, el siguiente paso es que la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat apruebe definitivamente el nuevo planeamiento, lo cual podría ocurrir en marzo, detalló al TOT Barcelona el presidente de la asociación de vecinos de Vallvidrera Joan Pujol.
Un paso importante para reforzar jurídicamente el expediente
Si el Ayuntamiento no hubiera subsanado los defectos de forma que señalaba la sentencia del TSJC -y si esta se volviera firme (aún no lo es porque está pendiente de resolución un recurso presentado por el consistorio)-, existía un riesgo serio de que la finca fuera demolida y que el fondo de inversión London Private Company pudiera erigir allí el hotel de lujo. Una vez la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat apruebe definitivamente el proyecto, la antigua propiedad -la congregación de los Padres Paúles- ya no podrá recuperar el edificio, que ya es de titularidad municipal, subraya Pujol, a partir del relato que le ha hecho el Ayuntamiento. Fuentes municipales confirman que ya es público y, aunque el tema administrativamente y judicialmente no se da por cerrado, «este trámite es un paso importante para reforzar jurídicamente el expediente y subsanar los defectos de forma del anterior MPGM a los que apuntaba la sentencia».
Según la teniente de alcaldía de Urbanismo, con la aprobación del pleno se da respuesta a las reivindicaciones de los vecinos. Por un lado, se preservará patrimonialmente la finca. Esto hará que se tenga que rehabilitar cuando se convierta en un equipamiento público- y habrá más servicios públicos y usos sociales para el barrio de Vallvidrera. Por otro lado, el nuevo planeamiento concreta la titularidad pública del edificio y plantea convertirlo en un equipamiento dotacional asistencial, que gestionará el área de Derechos Sociales, explicó la concejala del PSC en el pleno sin concretar qué significa hacer un equipamiento dotacional asistencial.
En julio de 2020, la intención del Ayuntamiento era construir 37 pisos para personas mayores y jóvenes y equipamientos para el barrio. Posterior al pleno, fuentes municipales han detallado que el Ayuntamiento ha detectado «la necesidad de añadir, dentro de los usos posibles del equipamiento que se hará en el antiguo Hotel Buenos Aires, el uso dotacional asistencial, que complementa el uso de alojamiento que ya se había definido en el anterior MPGM». El área de Derechos Sociales del Ayuntamiento ha manifestado interés en el futuro equipamiento. De momento, no hay una fecha sobre cuándo el nuevo equipamiento será una realidad.
Los vecinos exigen vivienda para el barrio
De hecho, esta diferencia entre lo que se ha aprobado ahora, hacer un equipamiento dotacional asistencial, y las intenciones de hace cuatro años y medio, de levantar también 37 viviendas para personas mayores y jóvenes, preocupa a las entidades vecinales. «Nos interesa mucho abrir un proceso de debate con el Ayuntamiento para asegurar cuáles serán los usos. Nos hemos encontrado en el proceso de cambio de planeamiento con un término, el asistencial, que antes no estaba», comenta el presidente de la asociación de vecinos de Vallvidrera. Según el vecindario, este nuevo concepto el consistorio afirma que lo ha introducido para blindar la expropiación y evitar un nuevo recurso judicial. Pero las entidades no lo ven claro.
«Antes solo había un uso, el dotacional. Nos da mucho miedo que se pierdan los usos que desde siempre los vecinos hemos pedido, que es que se haga un uso de vivienda para la gente del barrio. Parece que con esta parte asistencial, la Casa Buenos Aires podría tener otros usos que no revertieran directamente en la gente del barrio. Nosotros pedimos que en parte o en gran parte las viviendas que se puedan hacer sean para el vecindario. Si se utiliza el 100 por 100 del edificio para vivienda asistencial terminaremos todo este proceso teniendo la misma problemática que antes de que se expropiara la Casa Buenos Aires, que es que en los barrios de montaña no hay ni un piso de protección oficial», denuncia Pujol. En el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo y las Planas, el precio de alquiler y de la vivienda es muy alto y hace imposible que la gente pueda quedarse en los barrios de montaña.
En el pleno votaron a favor del nuevo planeamiento, además del PSC, Junts per Barcelona, Barcelona en Comú y ERC. Desde las filas de Junts, Damià Calvet dijo que no compartían el relato en contra de la iniciativa privada y de «connivencia con las ocupaciones», pero entendían «la preocupación» del vecindario sobre el futuro del edificio. Junts considera que el expediente ha tardado demasiado tiempo en resolverse y defiende un «urbanismo más proactivo». La presidenta de los Comuns en el consistorio Janet Sanz reconoció que el planteamiento aprobado «corrige» algunos aspectos de la propuesta que ellos presentaron, con el objetivo de que el edificio «no fuera para los especuladores» sino un equipamiento público para Vallvidrera. Y Eva Baró, concejala de ERC, destacó que la Casa Buenos Aires forma parte de la historia de Barcelona y, a pesar de haber sido siempre de titularidad privada, se ha caracterizado por ser permeable al barrio. Para la edil republicana, la aprobación de la MPGM es «indispensable e inaplazable».
De hotel en las afueras de Barcelona a residencia de la UB
Inicialmente, la Casa Buenos Aires se construyó para ser un hotel de retiro en las afueras de Barcelona. Posteriormente, tras una reforma que tuvo lugar en 1910 y que estuvo a cargo del arquitecto Jeroni Granell, el edificio se convirtió en una residencia de estudiantes de la Universidad de Barcelona (UB) e incluso en un hospital de campaña durante la Guerra Civil. El cierre definitivo de la residencia de personas mayores en 2012 dejó la finca congelada en el tiempo, preservando su interior en perfecto estado. El vecindario hizo varios intentos de comprar el recinto a lo largo de los años, e incluso se llegó a hacer una oferta formal de 2,5 millones de euros de la mano de la cooperativa Sostre Cívic. Pero la congregación religiosa de los Padres Paúles, propietarios hasta la expropiación de finales de 2022, se negó en todo momento y acabó apostando por un proyecto que pretendía demoler el edificio para erigir allí un hotel de lujo a cargo del fondo de inversión London Private Company.
La ocupación del inmueble logró frustrar los planes de la propiedad, aunque finalmente el inmueble fue desalojado en octubre de 2020, en medio de fuertes cargas policiales. Tras la expropiación del edificio por parte del Ayuntamiento por unos 3,5 millones de euros, la finca entró en un estado letárgico que se prolongó hasta que se hizo público el posicionamiento del TSJC donde se declaraba nulo todo el proceso. De esta manera, se forzaba al consistorio a movilizarse rápidamente y hacer un nuevo planteamiento -el que se ha aprobado ahora- para no perder la compra del inmueble.
