Como en la obra del escritor británico Charles Dickens,
La sentencia, que declaraba nula la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que calificaba el espacio como equipamiento público y lo protegía patrimonialmente como Bien de Interés Urbanístico a causa de un defecto de forma, va camino de ratificarse en el Tribunal Supremo si el recurso presentado por el consistorio no es admitido a trámite y la resolución del TSJC se convierte en firme. Este hecho abriría, de nuevo, la puerta al proyecto hotelero que pretendía derribar el recinto y que motivó la entrada furtiva en el edificio de un grupo de jóvenes en 2019 para evitarlo.
Preocupación entre el vecindario
Entre el vecindario de los «barrios de montaña», en palabras del presidente de la asociación de vecinos de Vallvidrera, Joan Pujol, la preocupación es máxima. Las entidades temen que el Supremo tumbará el recurso de casación municipal. La presentación del recurso sirve para ganar tiempo. Pero mientras el Supremo no resuelve, el Ayuntamiento tiene que rectificar los «defectos de forma» de la sentencia con un nuevo planeamiento. Si este trabajo previo no se hace y el recurso no se admite, «el derribo de la Casa Buenos Aires puede ser muy rápido», avisa Pujol, en conversación con el TOT Barcelona. Básicamente, los defectos que cita la sentencia son “la inexistencia” del impacto de género, lo que puede derivar “en una ordenación de naturaleza discriminatoria”, y que la expropiación no era el mejor instrumento que se podía haber usado para que la finca pasara a manos de la ciudad.
En el momento de la publicación de este artículo, el vecindario de esta zona de Barcelona trabajaba en un manifiesto que tiene intención de hacer público a principios de julio. Pujol avanza al TOT que espera que el texto cuente con el apoyo de entre 10 y 15 entidades y en el que plantearán «una acción simbólica y momentánea de reocupación» de la Casa Buenos Aires. A esta situación se ha llegado después de intentar hacer, desde el pasado diciembre, una reunión con la teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet. Los vecinos piensan que, en el ámbito municipal, la recuperación del inmueble está parada.
Desde el Ayuntamiento tampoco han dado muchas explicaciones al TOT Barcelona. Fuentes municipales han remitido a este medio a las declaraciones que el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, hizo en la comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del febrero pasado -sí, hace más de cuatro meses- en respuesta a un ruego de Janet Sanz, la regidora de Barcelona en Comú y extitular de Urbanismo cuando el Ayuntamiento impulsó la expropiación de la Casa Buenos Aires para hacer vivienda dotacional y proteger el inmueble. Entonces, Riera confirmó la presentación del recurso y dijo que el gobierno estaba estudiando técnicamente y jurídicamente cuáles eran los siguientes pasos que se tenían que dar «para poder enmendar los defectos de forma que ya definía la sentencia». Y añadió que la intención del ejecutivo encabezado por Jaume Collboni era seguir trabajando por proteger el patrimonio y determinar el uso público. «Hay que analizar las necesidades de vivienda dotacional de todo el ámbito, no solo de este edificio».
En aquella comisión, la edil de Barcelona en Comú ya alertó de los temores que ahora tiene el vecindario y pedía que se trabajara en el planeamiento alternativo, porque si la sentencia, que tumbó la expropiación y la transformación del edificio en un equipamiento público, se convierte en firme y el trabajo del nuevo planeamiento no se ha realizado, «no tendríamos tiempo de hacerlo y tendríamos que devolver las llaves, con todo lo que esto comportaría», reflexionó Sanz. Dicho de otro modo, la Casa Buenos Aires podría derribarse. Según la regidora, los defectos de la sentencia «son de fácil corrección y no afectan al sujeto». Para los Comunes, si la ciudad pierde el edificio modernista, será «responsabilidad» del gobierno de Collboni. Fuentes de Barcelona en Comú consultadas ahora por el TOT afirman no tener más novedades sobre el caso.
Una joya centenaria congelada en el tiempo
Hay que recordar que la Casa Buenos Aires es una imponente joya arquitectónica construida el año 1886 en Vallvidrera. Originalmente, se había ideado para acoger un gran hotel de retiro en las afueras de la ciudad de Barcelona. Después de una maravillosa reforma que tuvo lugar en 1910 y que fue a cargo del arquitecto Jeroni Granell, autor de los vitrales del Palau de la Música Catalana, el edificio se convirtió en una residencia de estudiantes de la Universitat de Barcelona (UB) e incluso en un hospital de campaña durante la Guerra Civil.
El cierre definitivo de la residencia de gente mayor en 2012 dejó la finca congelada en el tiempo, preservando el interior en perfecto estado. El vecindario hizo varios intentos de comprar el recinto a lo largo de los años -se llegó a hacer una oferta formal de 2,5 millones de euros de la mano de la cooperativa Sostre Cívic-, pero la congregación religiosa de los Padres Paüls, propietarios hasta la expropiación de finales de 2022, ahora puesta en entredicho, se negó en todo momento y acabó apostando por un proyecto que pretendía derribar el edificio para erigir un hotel de lujo a cargo del fondo de inversión London Private Company. Solo la ocupación del inmueble en 2019 consiguió frustrar los planes de la propiedad.
Con el polémico desalojo de los ocupantes y el anuncio de la expropiación posterior por 3,5 millones -para construir 37 pisos dotacionales para jóvenes y gente mayor y equipamientos de barrio-, la finca entró en uno estado letárgico que se alargó hasta ahora hace justo un año, cuando se hizo público el posicionamiento del TSJC donde se declaraba nulo todo el proceso, forzando de este modo el consistorio a movilizarse rápidamente para no dejar perder la compra del inmueble. De aquel periodo de ocupación, el colectivo en defensa del icónico edificio todavía arrastra una multa de 65.000 euros en concepto de “daños” en la casa, una sanción que proviene de la denuncia presentada en su momento por los Padres Paüls y que acabó derivando en la discutida actuación policial que puso fin a la ocupación. En este caso, el vecindario ya no puede presentar más recursos contra la sanción.
