La ampliación del Hospital Clínic en las pistas deportivas de la Universitat de Barcelona (UB) lleva tiempo siendo una certeza. El acuerdo se selló oficialmente hace un año y medio y la previsión es que las obras empiecen en 2029 para tener listo el nuevo campus de cara al año 2035. Sin embargo, esta no fue la primera opción que exploró el centro sanitario de la capital catalana para ganar superficie. Seis años atrás, el equipamiento puso sobre la mesa de las administraciones la posibilidad de absorber el recinto vecino de la Escuela Industrial, ubicado en el barrio de la Nova Esquerra de l’Eixample y propiedad de la Diputación de Barcelona. La propuesta levantó mucho polvo entre el vecindario y diversas entidades de la zona se movilizaron rápidamente para mostrar su rechazo a la iniciativa. Así nació la plataforma Un Nou Clínic És Possible Salvant el Recinte de l’Escola Industrial, que en noviembre de 2020 solicitaba declarar el conjunto como bien cultural de interés nacional (BCIN) para evitar de facto esta ampliación del Clínic.
La petición sobre la catalogación se hizo llegar al Departamento de Cultura de la Generalitat, que inició el correspondiente expediente para estudiar el caso en marzo de 2021. El primer informe preliminar concluyó que el recinto tenía «bastantes valores» para proceder a su declaración como BCIN, pero que era necesario realizar un segundo estudio en profundidad dada la «gran complejidad» del caso, principalmente por la magnitud del recinto y la presencia de múltiples edificios con niveles de protección patrimonial diferentes. Cuatro años después de aquella primera victoria con el reconocimiento administrativo del valor arquitectónico, histórico y cultural del recinto, el segundo informe que permitiría avanzar con la catalogación se encuentra en punto muerto. Fuentes de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural consultadas por el TOT Barcelona señalan que el estudio está en estos momentos «en programación«, al igual que otros análisis que se han «priorizado por urgencia«. Las mismas voces indican que el recinto industrial ya tiene «diversas protecciones específicas, patrimoniales y urbanísticas» que controlan las «actuaciones que se pueden realizar», en referencia a la catalogación como bien cultural de interés local (BCIL) de la que goza el conjunto.
El vacío legal del lucro cesante
Durante estos cuatro años con el caso guardado en un cajón de Patrimonio, el Clínic ha retrocedido con sus planes, que era el principal objetivo de todo esto, y ha terminado apostando, como comentábamos, por los terrenos universitarios ubicados en el punto más alto de la avenida Diagonal. Con este cambio de ubicación, el centro hospitalario pasa de cerca de 240.000 metros cuadrados de edificabilidad que obtenía en la Escuela Industrial -suprimiendo, eso sí, los espacios ocupados actualmente por zonas verdes o simplemente sin edificar- a más de 300.000. A pesar de la victoria que supone el proyecto defenestrado del Clínic, la edificabilidad en la antigua fábrica del Eixample sigue existiendo y las actuales zonas verdes y estos espacios vacíos del recinto no cuentan por ahora con ningún tipo de protección que evite su desaparición. De hecho, según alertan diversas entidades vecinales, ni la catalogación del conjunto como BCIL garantiza paradójicamente su preservación íntegra, ya que esta no prevalece frente a modificaciones del Plan General Metropolitano (PGM) de 1976.
«Se debe hacer este segundo informe, pero no hay un plazo porque consideran que el problema se ha resuelto. No lo toman como un tema urgente«, reconoce Jaume Artigues, arquitecto y miembro de la plataforma que luchó por bloquear la ampliación del equipamiento sanitario en la Escuela Industrial. Artigues -que también ejerce las funciones de presidente de la Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample- condujo una presentación sobre el caso del recinto durante las jornadas sobre patrimonio en la Esquerra de l’Eixample. Habló del futuro de otros conjuntos como la Unió Cooperatista Barcelonesa o la conocida como Illa Mercedes, entre la avenida de Sarrià y las calles de Londres y del Comte Urgell.
Allí alertó sobre una problemática recurrente que se encuentran con conjuntos protegidos con niveles inferiores al bien de interés nacional: el lucro cesante. Este concepto hace referencia a la pérdida de unas ganancias, de un incremento patrimonial neto o de una parte del techo edificable por parte de los propietarios de unos terrenos. El caso reciente más flagrante es el del antiguo cine Comèdia, que ha acaparado titulares después de que precisamente una modificación del PGM aprobada por el Ayuntamiento dé vía libre al Museu Thyssen para aumentar desmesuradamente la volumetría erigiendo hasta nueve plantas y agotando el techo permitido a pesar de tratarse de un inmueble protegido como BCIL.
Diversos expertos consultados por este medio apuntaban que con este caso parece que se haya hecho una modificación ad hoc de la ficha de patrimonio para encajar los volúmenes de la propuesta del nuevo equipamiento, sin respetar los elementos protegidos. «Con casos como el del cine Comèdia vemos que un BCIL no es garantía de nada. Reducir el techo edificable permitido, que sería lo que se ajustaría bien a la ficha, implica que se produzca una demanda por el lucro cesante», advierte Artigues, que precisa que actualmente solo la catalogación como bien de interés nacional es capaz de detener este tipo de operaciones y garantizar la preservación integral del patrimonio. Una opción alternativa que sería aplicable tanto en el caso del antiguo cine como de la Escuela Industrial sería introducir una normativa que hiciera prevalecer protecciones como los BCIL por encima del PGM y de los derechos de edificabilidad que este puede consolidar, una medida que ningún gobierno parece por ahora dispuesto a llevar adelante, lamenta el arquitecto. «Al final, todo es una cuestión de dinero. Se compran estos terrenos haciendo una inversión, pero sabiendo que se puede recuperar después con el techo edificable», insiste Artigues, que en el caso del Comèdia ya avanza que presentarán alegaciones contra el planeamiento.
La vía judicial y casos para la esperanza
Uno de los ejemplos más paradigmáticos quizá de esta problemática urbanística en torno al plan metropolitano de 1976 es el caso de la Illa Mercedes. En este caso lo que está en peligro no es un conjunto patrimonial, sino el verde y los espacios vacíos, que son los principales afectados por el traslado de los Bomberos del cuartel del parque de Joan Miró a estos terrenos actualmente ocupados por un concesionario automovilístico. El planeamiento acordado entre la propiedad y el Ayuntamiento propone una modificación del PGM, acompañada de una reparcelación, que convierte una parte del espacio calificado de zona verde en suelo para equipamientos y destinando la otra a usos privados. De esta manera se permite edificar las nuevas dependencias del cuerpo barcelonés -que ocuparán 2.215 m²-, pero también se da luz verde a la construcción de un nuevo bloque de hasta once pisos de altura con un techo previsto de 5.550 m², agotando así el aprovechamiento urbanístico que los propietarios privados desbloquearían con el cambio de calificación.
Ante este escenario, cruzadas vecinales como la que defiende los jardines de la masía de Can Raventós de Sarrià han abierto camino consiguiendo victorias judiciales rotundas que dan pie a la esperanza. Eso sí, después de años de lucha y de un recurso contencioso administrativo que ha terminado decidiéndose en el Tribunal Supremo y que anula el plan y licencia que permitían construir 59 pisos de lujo. Aún, sin embargo, estamos a la espera de conocer si el Ayuntamiento acepta la propuesta de permuta total para convertir la antigua masía del 1848 en un equipamiento cultural de referencia. Concretamente, en la Casa de Cultura Popular de Sarrià, unas instalaciones que den cabida a diferentes agrupaciones de la zona como los castellers. Para ello, será necesario también encontrar un solar donde los actuales propietarios, la inmobiliaria Corp, pueda dar cabida al aprovechamiento urbanístico que pierde con esta permuta.
