Cuatro balas de cañón incrustadas en los cimientos de una fachada derruida. El trazado original de una calle que se pierde bajo edificios más modernos. Pipas, monedas y un anillo. Y escombros. Una capa consistente de escombros sobre la cual se edificó una nueva Barcelona que borraba la anterior. Las obras de un colector en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera han sacado a la luz los restos de la ciudad que fue demolida tras la derrota de 1714 a manos de la monarquía borbónica. No es la primera vez que los arqueólogos encuentran una «fotografía» -en palabras de la responsable de las excavaciones, Anna Bordas– de los barrios que sufrieron el asedio por su proximidad a la muralla y que desaparecieron con la construcción de la ciudadela militar. Hasta catorce manzanas con calles estrechas y viviendas de dimensiones reducidas fueron arrasadas por la explanada que Felipe V ordenó construir entre 1714 y 1718 por seguridad alrededor de la fortificación. Era una parte de lo que conocemos como el antiguo barrio de la Ribera.
Como es habitual con este tipo de hallazgos, el yacimiento se volverá a cubrir una vez documentado y cuando concluyan las obras del colector, protegiendo los restos. La coincidencia fortuita de estos trabajos con la reanudación de las excavaciones arqueológicas en el vecino solar de los antiguos juzgados ha reavivado el debate sobre cómo debemos recordar los hechos de 1714 y la posible deuda contemporánea con aquel pedazo de ciudad desaparecido. Cabe recordar que hace ahora siete años se detuvieron las actuaciones en los terrenos ubicados junto al paseo de Lluís Companys tras el hallazgo de una necrópolis medieval de los siglos IX y X con hasta 123 cuerpos, que se trasladaron al laboratorio para su estudio. Las tumbas -que tenían una orientación oeste-este- se volvieron a cubrir y el proyecto para construir en esta parcela de 5.400 metros cuadrados la nueva Audiencia Provincial de Barcelona quedó en punto muerto.
Los trabajos encabezados por el arqueólogo Isidre Pastor ya revelaron entonces de manera preliminar la presencia en los terrenos de restos tanto de la Barcelona de 1714, por su proximidad a la muralla que sufrió el asedio, como del Palacio de las Bellas Artes, edificio erigido con motivo de la Exposición Universal de 1888 que fue bombardeado por la aviación fascista italiana durante la Guerra Civil y derribado durante el franquismo para ubicar allí unos juzgados. Con la reanudación de las excavaciones, que ahora deberían comprender la parte del solar aún sin analizar, es probable que se confirmen estos hallazgos y que aún aflore más vestigios de la época medieval que deberán documentarse antes de construir el recinto judicial proyectado. El Departamento de Justicia espera poder iniciar las obras en unos dos años y prevé una inversión total en las nuevas instalaciones superior a los cien millones de euros.
Protección para los testimonios de la represión política
Es en este contexto que este miércoles se presentaba en sociedad la Plataforma La Ribera en Acción, que agrupa diversas entidades vecinales y sociales. Lo hacía con fuerza, confirmando que había solicitado formalmente al Departamento de Cultura de la Generalitat que declare como bien cultural de interés nacional (BCIN) el solar de los antiguos juzgados. La petición, sin embargo, va más allá de la parcela en disputa y también afectaría toda la parte del barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera que fue derribada tras el 1714. «Este barrio vive un proceso enorme de gentrificación y despersonalización. La plataforma nace de esta preocupación y de la pérdida de significado que sufre el Born Centro de Cultura y Memoria en cuanto a los restos que se contienen», señala la Roser Campi, portavoz de la nueva agrupación. Las entidades que ahora han decidido sumar esfuerzos bajo un mismo paraguas consideran que tanto los terrenos donde se proyecta el recinto judicial como el resto del ámbito pendiente de excavar forman parte del mismo conjunto histórico y merecen la máxima protección. «Si no se actúa de manera inmediata, se podría producir un daño irreparable sobre unos restos arqueológicos de un valor histórico excepcional», alertan.
Para justificar su petición de protección de la zona como BCIN, se fundamentan en un dictamen elaborado por el catedrático de la Universidad de Barcelona (UB) Francesc Xavier Hernàndez Cardona, que defiende que el conjunto reúne las condiciones para recibir el nivel más alto de blindaje patrimonial. «Un lugar es patrimonio no solamente por las piedras que conserva, sino por lo que ha pasado y por lo que ha significado […] Tenemos aún un elemento que puede ser vertebrador de esta Barcelona del siglo XVIII y principios del XIX. El paseo de la Explanada tiene un interés histórico y medioambiental en una zona extremadamente densificada y necesitada de espacios verdes», reflexionaba el catedrático en un ciclo de debates celebrado el pasado octubre precisamente en el auditorio del Born Centro de Cultura y Memoria. En cuanto al fundamento jurídico, la demanda se ampara en la Ley 9/1993, de Patrimonio Cultural Catalán, especialmente los artículos 8 y 9, que regulan la incoación de expedientes de declaración de BCIN y la aplicación provisional del régimen de protección desde el momento de su admisión a trámite. También se invoca la Ley de Urbanismo de Cataluña, que establece la preservación de los valores históricos, arqueológicos y culturales como principio rector de la planificación urbanística.
«La Generalitat está obligada a hacer un expediente y, para desestimarlo, debería justificar lo injustificable: que este espacio no tiene ningún valor histórico. No creemos que haya ninguna duda de ello», apunta en Pep Cruanyes, abogado y portavoz de la Comisión de la Dignidad, una de las entidades agrupadas bajo la plataforma. En la instancia presentada ante el Departamento de Cultura, a la cual ha tenido acceso el TOT Barcelona, se pone también mucho énfasis en la necesidad de preservar la memoria histórica vinculada a esta zona de la capital catalana, situándola como el escenario del «verdadero Guernica catalán«. «Espacios como este son testimonios de un hecho histórico como la destrucción del barrio de Ribera, un acto de represión política para construir una Ciudadela y dominar una ciudad que era considerada rebelde y que quedó desposeída de sus instituciones de gobierno y las del país», subrayan. La importancia histórica de estos terrenos, sin embargo, la sitúan más allá del 1714. Consideran que se debe poner en valor el papel del Palacio de las Bellas Artes como origen del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y de la CNT, sede de los comités de milicias antifascistas y centro de mítines obreristas y nacionalistas. «El edificio fue bombardeado a causa de su significado histórico. Franco mandó hacer juzgados allí. Volver a hacer juzgados es perpetuar la actuación franquista«, aseguran.
El debate sobre la preservación
Protecciones patrimoniales como la que se propone para el antiguo barrio de la Ribera no son habituales. Hay algunos casos que marcan jurisprudencia como el del conjunto arqueológico de Empúries, que el pasado octubre fue oficialmente declarado zona arqueológica, ampliando el ámbito catalogado más allá del yacimiento propiamente dicho. El historiador y arqueólogo Jordi Petit estuvo vinculado a las excavaciones que se realizaron hace ahora ocho años en el solar de los antiguos juzgados y también tiene experiencia en luchas patrimoniales como la de la Capilla de los Segadores de Sant Andreu de Palomar, declarada como BCIN en mayo de 2022. Petit ve poco probable que la Generalitat se avenga a otorgar la máxima protección a los terrenos de la Ribera propuestos, principalmente porque ya hay una parte del barrio desaparecido preservada en el Born Centro de Cultura y Memoria. «Lo que no podemos hacer es salvar toda la ciudad«, reflexiona el experto, recordando el caso de los restos encontrados en la vecina plaza del Comercio, que quedaron destruidos por la construcción del aparcamiento subterráneo, o el de la villa romana de la Sagrera, condenada por las obras de la nueva estación intermodal.
Si el Departamento de Cultura diera finalmente su visto bueno a la catalogación como BCIN, esto implicaría la suspensión inmediata de la licencia de edificación otorgada para la construcción de la nueva Audiencia Provincial de Barcelona. Ahora bien, también supondría dejar sin efecto los permisos otorgados tanto a actores públicos como privados que se encuentran dentro del ámbito afectado. En este sentido, la zona que quedaría protegida estaría delimitada por las calles del Comercio y el Doctor Aiguader, llegando hasta el paseo de Lluís Companys y el parque de la Ciudadela.
