En la ronda de Sant Pere se levanta un edificio alto, esbelto, de estilo neoclásico y vacío. A mediados del siglo XX había alojado diferentes hoteles y hacia 1980 se convirtió en la sede de la Magistratura de Trabajo y de los Juzgados Sociales de Barcelona. Es una joya de más de 5.000 metros cuadrados que, en todo caso, lleva una década desaprovechada por la ciudad. Está huérfana desde que los juzgados se mudaron a la Ciudad de la Justicia, en el año 2015, y los vecinos del Eixample llevan años reclamando su uso para crear viviendas -para personas mayores y jóvenes- en las plantas superiores y equipamientos de barrio en los sótanos. No será posible. Al menos, no será posible el paquete completo.
El Ayuntamiento ha conseguido finalmente la cesión del espacio, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, y ubicará la ampliación del CAP Casc Antic, que ocupará unos 4.000 metros cuadrados, el 80% del edificio. Fuentes municipales confirman a TOT Barcelona que habrá un rincón para ubicar un segundo equipamiento, que será seguro de uso vecinal, aunque todavía «se debe iniciar un proceso para definirlo», remarcan. En cambio, descartan que el edificio pueda acoger viviendas «considerando los usos posibles que permite su calificación urbanística y las limitaciones que la normativa que habilita a la Tesorería para su cesión establece».
Con la ampliación del centro sanitario en este inmueble, el Ayuntamiento derrumba casi por completo las aspiraciones vecinales, que habían iniciado un proyecto conjunto con la cooperativa Sostre Cívic para habilitar vivienda regulada y otros equipamientos de distrito y no tanto de ciudad, como lo es un CAP. «Es necesario analizar detenidamente cómo esta propuesta encaja con las reivindicaciones históricas del barrio y con el proyecto previsto en este mismo espacio», apuntan desde la Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample. En las plantas inferiores, la entidad vecinal prefería un centro de día para personas mayores con asistencia y apoyo sanitario, un comedor social y una sala polivalente para el barrio.
En conversación con este diario, el presidente de la entidad, Jaume Artigues, duda ahora que quede espacio para estas «grandes necesidades». «No puede ser que las reivindicaciones vecinales ocupen, como mucho, una quinta parte del equipamiento», se queja. El otro aspecto que genera frustración es la negativa del Ayuntamiento a construir una vivienda que el proyecto vecinal tenía previsto ubicar en las nueve plantas superiores. Los vecinos saben, sentencia Artigues, que no se puede hacer vivienda libre en un terreno calificado de equipamiento, pero este hecho no impediría hacer viviendas dotacionales, «que es lo que reclamamos». La vivienda dotacional es una herramienta que tienen los municipios para crear pisos disponibles para personas con problemas de acceso al mercado -como personas mayores y jóvenes- en terrenos que inicialmente estaban protegidos para usos públicos.
El proyecto vecinal nace fallido. El técnico de Sostre Cívic Yabel Pérez señala que aún no habían aterrizado en un plano las intenciones vecinales, pendientes de qué decisión tomaban las administraciones. El concejal del Eixample, Jordi Valls, ya les explicó que el edificio «tiene muchos novios», detalla el urbanista. Se reunieron en 2024 y el socialista ya les advirtió entonces que había «otros departamentos» interesados en el inmueble. «Recogió la idea y nos dijo que intentaría que todo pudiera reconducirse, aunque nos insistió, de forma transparente, que no había ninguna conclusión al respecto», detalla. Pérez remarca que no han recibido ninguna respuesta oficial y que «sin ver el proyecto técnico» del Ayuntamiento es difícil «ver cómo se reconduce» el proyecto vecinal. Sea como sea, el consistorio ya ha descartado hacer vivienda, que era una parte sustancial del proyecto, y el Eixample pierde para la causa una isla urbanística con «un potencial muy grande».
Consenso vecinal entre barrios
Con la apuesta por la vivienda complicada, los esfuerzos se canalizan ahora en el equipamiento restante. Artigues remarca que las asociaciones vecinales del Eixample no entrarán en «discusiones absurdas» con el consistorio, pero recuerda que son de las que más han luchado el espacio. El edificio ha salido a subasta en dos ocasiones, en 2017 y 2018. En ambos casos se licitó por 16,75 millones de euros, pero ninguna empresa ni entidad lo quiso adquirir. Han pasado seis años de bloqueo hasta que el Ayuntamiento, que no ha dado detalles del acuerdo con la Tesorería, ha conseguido la gestión y ha decidido convertirlo en un ambulatorio. Artigues, que interpreta los últimos movimientos municipales como una manera de «desautorizar» las reivindicaciones vecinales, concluye que «lo que sabemos seguro es que nadie ha pedido el traslado del CAP Casc Antic». «Es una idea que parece sacada de un sombrero de ilusionista, porque creemos que lo que quieren hacer es centralizar los servicios sociales», insinúa.
En el otro barrio le dan la razón. Porque, en el fondo, a pesar de estar cerca de los antiguos juzgados, el CAP Casc Antic no corresponde al Eixample sino a Ciutat Vella. «Es algo que viene del anterior consistorio. Ya habían dicho de hacer un CAP nuevo, pero nosotros no estábamos a favor. El de ahora es relativamente nuevo», comenta al TOT Barcelona la presidenta de la AVV Casc Antic, Asun Justo. En un primer momento se especuló que la ampliación podía hacerse en un solar de 5.400 metros cuadrados que hay en el paseo de Lluís Companys, al lado de la Ciutadella. Una idea que Ayuntamiento y Generalitat descartaron porque «iban finalmente edificios administrativos», recuerdan ahora desde la concejalía de Salud. Finalmente, se ubicará la audiencia provincial de Barcelona; una idea, además, que tampoco gusta a los vecinos del barrio de Sant Pere, Caterina y la Ribera. En resumen, Justo resalta que en el barrio entienden «perfectamente» las quejas que vienen de la Dreta de l’Eixample. «Hace tiempo que lo han reivindicado, también para hacer vivienda social, que falta mucho», concluye.
Dentro del CAP sí que ven necesaria la ampliación, al menos la llegada de algunas salas nuevas. Aun así, el movimiento vecinal rechaza cualquier ampliación que no se haga en la sede actual de la sindicatura de agravios de Cataluña, que comparte isla urbana con el actual centro sanitario. Los vecinos reivindican que todo eso constituya una «isla de salud». Una apuesta ambiciosa y nada fácil: supondría trasladar a otra zona de la ciudad la sindicatura, un «equipamiento de país, no de barrio» que «se puede ubicar en cualquier lugar». Justo insiste en que hay «muchos edificios con oficinas» en Barcelona, que es en el fondo lo que necesita la defensoría del pueblo catalán, y que así se lo han comunicado al distrito por diferentes vías. «Nunca nos dicen taxativamente que no, pero tampoco nunca que sí». Que el Ayuntamiento lo aceptara sería una sorpresa mayúscula, más ahora que ya ha allanado el futuro de los CAP en los antiguos Juzgados Sociales de Barcelona.
