Dos filas de vallas de obra bloquean el acceso a la Masia del Barça desde hace cerca de catorce años. El recinto que durante más de medio siglo fue la cuna de las futuras generaciones de jugadores blaugranas -bautizado con el nombre histórico de Can Planes– está cerrado desde 2011, cuando las dependencias se trasladaron a unas nuevas instalaciones ubicadas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí (Baix Llobregat). El F.C. Barcelona siempre ha defendido que este cierre era temporal y que el objetivo era reformar el edificio para convertirlo en la futura sede social del club y en una pieza clave del proyecto faraónico del Espai Barça, un horizonte que parecía acercarse con el inicio de las tareas de construcción del nuevo estadio. El aspecto exterior del inmueble lo confirma: gran parte de la explanada que da a la fachada principal está actualmente ocupada por los módulos de los obreros que trabajan contrarreloj para erigir el renovado Camp Nou.
Con la intención de aprovechar este contexto de obras para abordar la adecuación del recinto, el Ayuntamiento de Barcelona aprobaba el pasado 23 de febrero el plan especial urbanístico integral del ámbito de la Masia, que da luz verde al Barça para iniciar la remodelación de este edificio histórico de Les Corts, que data de 1702. Sin embargo, estos trabajos podrían truncarse incluso antes de comenzar. Según ha podido saber TOT Barcelona, los Mossos d’Esquadra han solicitado formalmente a Fiscalía que detenga de manera cautelar este proyecto de reforma. Lo han hecho después de constatar que los blaugranas no han restituido aún los elementos patrimoniales destruidos durante unas obras ilegales en los años 2015 y 2016 y ante el inminente riesgo de nuevos destrozos en el conjunto, que está protegido como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) y que no permite alteraciones en los volúmenes ni interiores ni exteriores.
Un veredicto pionero sin efecto
El caso se remonta a finales de 2015, cuando el club solicita al consistorio una licencia para llevar a cabo obras mayores en el recinto. La petición contemplaba una actuación global en el inmueble, con un incremento del volumen edificado y varias modificaciones en la fachada. Aunque el primer proyecto presentado por el FC Barcelona no cumplía con los requisitos y documentaciones necesarios, como una memoria histórica completa sobre los elementos patrimoniales, la entidad blaugrana decidió iniciar los trabajos mientras el permiso estaba en trámite valiéndose de un asentimiento de obras. La presencia de las máquinas y los operarios en el interior de la finca alertó a los vecinos de Les Corts, que en enero de 2016 presentaron una primera instancia al Ayuntamiento denunciando estos trabajos ilegales. Seguirían otras tres, todas pidiendo que se detuvieran las tareas y la recuperación de los elementos dañados o directamente eliminados. Finalmente, después de varias inspecciones e informes, el ejecutivo ordenaría paralizar la actuación en junio de ese mismo año y conminaba al club a «restaurar la legalidad física alterada y el orden jurídico vulnerado» en el plazo máximo de un mes, un veredicto pionero en la ciudad en el ámbito patrimonial.
Ante el pronunciamiento municipal y después de que se desestimaran sus alegaciones, el Barça mostró entonces su buena disposición para restituir los elementos destruidos e incluir el blindaje patrimonial de la Masia en el próximo proyecto de reforma del ámbito que presentara. Casi una década después, el recinto continúa exactamente igual. Según alertan los vecinos de la zona, en este tiempo no se ha hecho ningún tipo de intervención para enmendar las obras ilegales. De hecho, aseguran que incluso se llevaron a cabo otras también sin licencia en el año 2022, consistentes en excavaciones en la parte del jardín y del sótano de las instalaciones, que no habrían derivado en la apertura de ningún expediente y por las cuales solo se habrían presentado asentimientos. El incumplimiento de las órdenes municipales, sin embargo, no le ha salido gratis al club. A lo largo de los años, el Ayuntamiento ha interpuesto una serie de multas a la entidad que van de los 300 a los 3.000 euros cada una y que en total suman cerca de 23,000 euros en sanciones.
Viendo la pasividad de los blaugranas con la restauración y para identificar todas aquellas estructuras y piezas dañadas, las diferentes asociaciones de vecinos del distrito unieron esfuerzos para encargar un estudio en febrero de 2017 a la empresa Veclus, especializada en la gestión y documentación del patrimonio arquitectónico y arqueológico. En su informe, aunque se trate de una valoración parcial, la compañía ya concluye que los trabajos hechos entre los años 2015 y 2016 supusieron la destrucción o mutilación de varios elementos con un valor significativo histórico o patrimonial, como la parte inferior de la escalera de origen barroco; el revestimiento poroso de la pared de tapial, sin el cual esta pierde sus características y funcionalidad; el pavimento también barroco a juego con el forjado del segundo piso; o los dinteles o montantes hechos con piedra de Montjuïc y con acabado en bocel, que estaban colocados sobre el pavimento del primer piso.
La nulidad del plan, pendiente de la justicia
Con este contexto y entendiendo la difícil situación económica del club, los vecinos se mantuvieron alerta a la espera de algún movimiento que indicara el inicio de estos trabajos de restauración. La sorpresa, sin embargo, surgió a principios del pasado mes de diciembre, cuando el consistorio convocó a las entidades a una reunión sobre el ámbito de la Masia. En este encuentro, se puso sobre la mesa el nuevo plan urbanístico integral pactado con el FC Barcelona. Según denuncian los vecinos, esta hoja de ruta da vía libre a la entidad deportiva para transformar tanto el exterior como el interior del edificio, haciendo excavaciones e instalando un ascensor, entre otros. También consideran que el planeamiento no garantiza la preservación del patrimonio superviviente ni la restauración de los elementos protegidos destruidos -no hay un presupuesto previsto- y que tampoco se basa en ninguna memoria de investigación «seria» ni estudio histórico y de patrimonio arquitectónico exhaustivo.
A pesar de las alegaciones e instancias presentadas de la mano de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) pidiendo la paralización temporal del proyecto, el plan fue aprobado por el gobierno municipal el pasado 23 de febrero y refrendado por el consejo de distrito el 11 de marzo, gracias a los votos a favor del PSC y con la abstención del resto de grupos. A la espera de una respuesta oficial de la administración a los recursos ciudadanos, las diferentes entidades implicadas optaron por llevar el caso a la Unidad Central de Patrimonio Histórico de los Mossos, al considerar que hay suficientes indicios de vulneraciones legales para declarar nulo el planeamiento. Así lo ve también la policía catalana, que ya ha trasladado a la Fiscalía la petición para detener cautelarmente el proyecto.
Los vecinos remarcan en declaraciones a este medio que no van en contra de ningún planeamiento urbanístico y que no se oponen al uso que el Barça quiera dar a las instalaciones. Únicamente reclaman que se cumpla la Ley y se preserve el patrimonio protegido. Consideran flagrante que el consistorio apoye al club en este caso, sobre todo teniendo en cuenta el historial de reincidencia en la destrucción de patrimonio. Por todo esto, piden detener el plan durante un tiempo prudencial y que se cree una mesa de trabajo con presencia de todos los actores implicados para consensuar medidas que blinden la Masia. También proponen que se encargue un estudio histórico y patrimonial a una empresa independiente, que pueda completar el informe parcial de 2017, y que se les permita visitar el recinto con las medidas de seguridad correspondientes, una posibilidad que desde la entrada de la última directiva se les ha negado reiteradamente. A la espera de obtener una evaluación integral del patrimonio dañado, las entidades estiman que la restauración de los elementos destruidos o mutilados podría costar cerca de un millón de euros.
