L’Esquerra de l’Eixample lleva tiempo movilizándose por su memoria histórica. Los más veteranos recuerdan con especial emoción la lucha con Núñez y Navarro para lograr preservar la Casa Golferichs, ganada para el barrio como centro cívico, pero hay múltiples ejemplos más contemporáneos de la movilización para preservar el patrimonio de esta zona de la capital catalana. Con motivo del primer medio siglo de historia de la Asociación de Vecinos y Vecinas de l’Esquerra de l’Eixample, la entidad está llevando a cabo una serie de jornadas sobre el patrimonio de esta zona de la capital catalana, abordando diferentes aspectos vinculados a este ámbito. El taller celebrado este jueves se enfocó en las herramientas que permiten preservar estos edificios y elementos, dotándolos de una protección patrimonial que sobre el papel debería garantizar su conservación, evitando que pudieran acabar dañados. En concreto, se habló de tres emplazamientos concretos que por diversas circunstancias tienen un futuro incierto: la Escuela Industrial, la Unión Cooperatista Barcelonesa y la conocida como Illa Mercedes, entre la avenida de Sarrià y las calles de Londres y del Conde Urgell.
En el primer caso, se habló de la cruzada iniciada en 2019 para conseguir proteger el conjunto de la Escuela Industrial como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), evitando de esta manera el proyecto de ampliación del Hospital Clínic en este recinto del Eixample. La petición sobre la catalogación se hizo llegar al Departamento de Cultura de la Generalitat en noviembre de 2020 y el expediente para estudiar el caso se inició en marzo de 2021. Patrimonio tenía 18 meses para responder a la solicitud con este estudio, pero, más de cuatro años después, aún no hay noticias. En el camino, el Clínic retrocedió con sus planes y apostó por trasladar esta ampliación a las pistas deportivas que la Universidad de Barcelona (UB) tiene en el punto más alto de la avenida Diagonal, un acuerdo que se selló en enero de 2024. Con este cambio de ubicación, el centro hospitalario pasa de los cerca de 240,000 metros cuadrados de edificabilidad que obtenía en la Escuela Industrial -suprimiendo, eso sí, los espacios ocupados actualmente por zonas verdes o simplemente sin edificar- a más de 300,000. La edificabilidad en la antigua fábrica del Eixample, sin embargo, continúa existiendo y las zonas verdes y estos espacios vacíos no cuentan por ahora con ningún tipo de protección que evite su desaparición.
Sobre la Unión Cooperatista Barcelonesa, la asociación vecinal todavía espera la respuesta a las alegaciones presentadas contra el plan especial que quería convertir la antigua parroquia de Sant Isidor en la nueva sede del Centro de Innovación en Tecnología Sanitaria (CATI) del Clínic. A pesar de que el proyecto de expansión del equipamiento hospitalario decayó finalmente en agosto de 2024, el futuro del templo ahora en desuso y propiedad del Arzobispado de Barcelona es una incógnita. Desde la entidad se sigue reclamando poder recuperar para usos vecinales el espacio que acogió la cooperativa obrera de consumo más importante de la ciudad y durante décadas un punto neurálgico del barrio. En concreto, las alegaciones aún en manos del consistorio pedían la ampliación del nivel de protección patrimonial de algunos de los elementos de este conjunto ubicado en los números 176-180 de la calle del Conde de Urgell. Con vistas a una posible reapertura del recinto, se debería tener en cuenta que este cuenta con un techo de amianto de 600 metros cuadrados.
Un caso abocado al contencioso administrativo
Un capítulo aparte merece el tercer caso en discordia, ya que no se trata de la protección de un edificio, sino del verde. El vecindario de la Illa Mercedes lleva tiempo protestando por el proyecto urbanístico que acompaña el traslado de los Bomberos del cuartel del parque de Joan Miró a estos terrenos actualmente ocupados por un concesionario automovilístico. El acuerdo presentado hace ahora un año entre el Ayuntamiento y la propiedad del solar prevé una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) y una reparcelación, convirtiendo una parte del espacio calificado de zona verde en suelo para equipamientos y destinando la otra a usos privados. Concretamente, estos cambios permitirán edificar tanto las nuevas dependencias del cuerpo barcelonés -que ocuparán 2.215 m²- como un nuevo bloque de hasta once pisos de altura con un techo previsto de 5.550 m². Desde el anuncio del pacto, que ya ha sido aprobado inicialmente, la Plataforma Zona Verde ha presentado más de 600 alegaciones a esta MPGM que aún no han recibido respuesta y han recogido cerca de 5,000 firmas contrarias a la iniciativa municipal.
Ante la más que posible denegación de estas instancias, el vecindario ya estudia la posibilidad de presentar un contencioso administrativo, siguiendo la vía que han abierto casos como el de los jardines de la masía de Can Raventós de Sarrià, que terminó con una victoria judicial en el Tribunal Supremo. En todo caso, los afectados se muestran convencidos de que la propuesta municipal tiene múltiples irregularidades y ponen sobre la mesa soluciones alternativas como el mantenimiento del traslado del cuartel, pero dejando el resto del solar como zona verde, o la reubicación de los bomberos en otros puntos del distrito.
