Sesenta familias vulnerables de la Mina están en riesgo de desalojo. El Consorcio de la Mina -integrado por los ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y Barcelona, la Generalitat y la Diputación- ha iniciado el procedimiento para expulsar a los inquilinos de varios pisos públicos repartidos por seis bloques ubicados en este barrio a caballo entre la capital catalana y el municipio adrianense. Las viviendas se construyeron en 2010 para realojar a los vecinos del bloque Venus, pero la imposibilidad de los afectados para acceder a las condiciones económicas planteadas por las administraciones -que requerían pagar la diferencia de metros cuadrados entre el antiguo domicilio y el nuevo, más grande- hizo que estuvieran cerca de siete años vacíos y vigilados las 24 horas. Tras la caída de una trama de desvío de fondos públicos a clanes de la zona precisamente para llevar a cabo esta vigilancia, familias vulnerables de la Mina decidieron ocuparlos en el verano de 2017.
Casi una década más tarde, las administraciones han activado los procesos de desalojo, que comenzarán el próximo mes de junio y que podrían dejar a unas sesenta familias con menores en la calle. La mayoría de los inquilinos no tienen una alternativa a su alcance y hay varios núcleos familiares que incluso cuentan con el correspondiente certificado de vulnerabilidad. De hecho, durante estos últimos nueve años, tanto los servicios sociales adrianenses como el Consorcio han ido haciendo seguimiento de la situación de los diferentes afectados y se les llegó a pedir documentación con el objetivo de regularizar su situación a través de un alquiler social de alrededor de 220 euros. Sin embargo, según han denunciado este lunes los vecinos de la mano del Sindicato de Vivienda de la Verneda – El Besòs, este contacto con las administraciones se rompió hace cerca de un año, cuando la regularización se paralizó de repente y se informó a los residentes que debían abandonar los domicilios sin ningún tipo de explicación.
Una política de ocultar la pobreza «bajo la alfombra»
«Esto no es un hecho aislado. Desde principios de año, se ha desplazado a personas que vivían en los asentamientos de la Zona Franca, también en la Sagrera… Todo responde a una dinámica de expulsar y ocultar bajo la alfombra la pobreza, que es precisamente lo que se quiso hacer cuando se construyó la Mina», ha señalado uno de los portavoces del sindicato, dirigiendo la mirada a la Generalitat y a los gobiernos municipales del PSC. Desde la entidad no entienden el cambio de criterio que ha habido con estas familias y denuncian «opacidad» con toda la gestión de estos pisos. «¿Por qué hace un año o dos sí podían acceder a un alquiler social y ahora no?», se preguntan.
