La entrada en vigor de la regularización de migrantes este jueves ya ha dejado las primeras aglomeraciones en Barcelona. En oficinas de atención ciudadana (OAC) del Ayuntamiento como la que está ubicada en la plaza de Sant Miquel, las imágenes de personas sin papeles esperando pacientemente su turno han sorprendido a vecinos, trabajadores y turistas. Estas dependencias municipales suelen tener cada día laborable ciudadanos esperando en las puertas, pero hoy se veían desbordadas.
Son tantas las personas que necesitan aclarar dudas o realizar trámites, que muchas se han acercado esta mañana a primera hora, sin cita previa y dispuestas a hacer, en algunos casos, hasta cinco horas de cola, tal como informa la ACN. Entre la documentación que necesitan para realizar el proceso encontramos requisitos como el informe de vulnerabilidad, la actualización del padrón, el certificado de convivencia o el de antecedentes penales.
En declaraciones a la ACN, el consistorio señala que permanecen «atentos» a la publicación de la instrucción sobre el procedimiento, una instrucción que debe hacer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hasta ahora, solo han podido habilitar a través del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) un formulario para que las personas interesadas en el procedimiento de regularización puedan registrarse y recibir información. «Cuando toda la información oficial esté disponible, recibirán un correo electrónico con las indicaciones y recomendaciones necesarias para presentar la solicitud, así como las instrucciones para acceder, si es necesario, al asesoramiento jurídico del SAIER y para solicitar cita previa», indica la administración barcelonesa.
Sin suspensión cautelar del Supremo
Es importante recordar que el Tribunal Supremo ha decidido rechar esta misma tarde la anulación cautelar del decreto del gobierno español que avala esta legalización extraordinaria, tal como había solicitado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. El tribunal señala en su posicionamiento que no hay circunstancias de especial urgencia para anular el real decreto sin audiencia previa a la parte afectada, que en este caso es el ejecutivo de Pedro Sánchez.
