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El falso ‘capo de la mafia de las strippers’ de Barcelona, a juicio

Una víctima atemorizada por unos hechos que no llegó a cometer y dos personas que, supuestamente, aprovecharon esta situación para extorsionarlo y cobrar el chantaje a través de diferentes bizums. Todo a raíz de haber renunciado a contratar los servicios de unas strippers. Este es el caso que debe juzgar la sección octava de la Audiencia de Barcelona, el próximo 27 de febrero, y que proviene de una denuncia registrada en el Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona de enero de 2023.

Los dos acusados, que no tienen antecedentes, se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito continuado de extorsión de los artículos 243 del Código Penal, y alternativamente, añade para uno de los implicados un delito imprudente de blanqueo de capitales, del artículo 301. Las penas solicitadas por la fiscalía llegan hasta los cuatro años de prisión. En un caso, donde los dos procesados utilizaron el miedo y el whatsapp como instrumentos de chantaje que generaron un temor en la víctima que acabó denunciando los hechos al Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

La cocina clandestina en un sótano desmantelada en el Raval / CNP
AGENTES DEL CNP

Un whatsapp y una pesadilla

Según detalla la fiscalía en su escrito de acusación, los dos procesados entre noviembre de 2022 y enero de 2023 obtuvieron los datos de la víctima. Los acusados hicieron un minucioso trabajo para encontrarlos a través de las páginas web con las que había contactado para pedir información sobre servicios de strippers. Unos servicios que no llegaron a contratarse. El 30 de enero de 2023, sin embargo, lo que había sido la curiosidad de precios, tarifas y servicios se convirtió en una pesadilla.

Cuando faltaban cinco minutos para las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde, la víctima recibió un whatsapp de uno de los acusados que se hacía pasar por un «supuesto capo de la mafia de strippers». Le dijo que sabían que había contactado con los servicios de una de las strippers pero que finalmente no la había necesitado. Una decisión que, no obstante, había generado un costo que debía abonar. Si no pagaba lo que le decían, sufriría «represalias» hasta el punto de que lo amenazaron con que si bloqueaba el número de los whatsapp «daría la orden de llevarlo a un lugar donde te haremos pagar por el mal que has hecho». «Mis hombres lo están observando y listos para degollarte», aseguró.

Bizums y un posible blanqueo

Una vez la amenaza tuvo éxito, el falso capo de la mafia le dio un número de Bizum para que realizara los pagos. Una cuenta que pertenecía al otro acusado. La víctima, atemorizada, pagó 97 euros que le reclamaban. Pero, veinticinco minutos después, volvieron a contactar con la víctima, enviándole vídeos «de armas de fuego y de ejecuciones de personas».

Después de enviar los vídeos, volvieron a contactar con la víctima para reclamarle 200 euros más para que «los sicarios lo borraran de la lista negra». La víctima volvió a pagar. Casi a las seis de la tarde del mismo día, los acusados volvieron a enviar vídeos de ejecuciones para reclamarle 500 euros. En caso de que no realizara el pago, «matarían a toda su familia». La víctima ya no cedió, no se tragó la amenaza y no pagó y denunció los hechos al CNP.

La instrucción, sin embargo, además de considerar la investigación como un delito de extorsión, consideró que las transferencias pagadas por bizum también pueden constituir un delito de blanqueo. La tesis instructora, y de la fiscalía, es que al ceder el número de Bizum para cobrar las transferencias en su cuenta a sabiendas de su carácter «ilícito y coaccionado», o en todo caso, sin haber «desplegado el cuidado exigible a cualquier persona para detectar este carácter ilegal, podría constituir un delito de blanqueo. Por ello, el ministerio fiscal pide hasta 4 años de prisión para los dos acusados, por el delito de extorsión, o bien, alternativamente, de cuatro años por un delito de extorsión al que se hacía pasar por capo de la mafia de los strippers, y una condena de dos años de prisión y una multa de 750 euros por un delito imprudente de blanqueo.

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