Las trabajadoras del CAS Lluís Companys, destinado a la atención de personas drogodependientes, suman su setenta día de huelga. La CGT, sindicato mayoritario del centro, la ha convocado tras tres jornadas de negociaciones frustradas por un aumento salarial que no llega. El sindicato alega que es el único centro de Barcelona externalizado, lo que equipara los salarios al convenio de acción social. Son sueldos inferiores al convenio que regula el personal del Servei Català de la Salut, el umbral que fijan los trabajadores.
El personal del centro de Ciutat Vella ha abierto diferentes vías de negociación, una directa con la Cruz Roja –gestora del equipamiento– y una segunda con el Departamento de Salud. El personal pretende que la Generalitat fuerce a la entidad a incrementar los salarios, ya sea con un aumento de la subvención o con cambios legales en la concesión. En este sentido, el personal ha puesto en marcha la maquinaria para que el Departamento saque la gestión del centro –hasta ahora concedida con una subvención directa– a concurso público. “En los pliegos de una licitación tú puedes obligar a cumplir una serie de requisitos salariales”, justifica el secretario general de la sección sindical de la Cruz Roja, Andreu Vilader.
El sindicato ha denunciado el caso de este centro a la Oficina Antifraude de Cataluña. En el escrito, la CGT señala que la Cruz Roja recibe una subvención directa que supera los 1,3 millones de euros, a pesar de que “se dan todas las condiciones para que se licite el servicio –activo desde hace más de 30 años– y se equiparen las condiciones laborales con el resto de centros”. “No puede ser que la gestión se entregue a dedo. Es una anomalía reconocida por el mismo Departamento y queremos que Antifraude la estudie”, añade en este diario Vilader.
En la memoria justificativa de la subvención, Salud hace referencia a un expediente del 16 de octubre de 2025 en el que se apunta a una “imposibilidad de concurrencia” para justificar la subvención directa. Es decir, la Generalitat mantiene que hay motivos de peso que justifican que la subvención directa a la Cruz Roja, sin permitir que ninguna otra entidad presente candidatura. “Hemos pedido al Departamento el expediente, para ver los motivos concretos, pero no nos lo pasa”, critica Vilader. “Pero ¿cómo es posible que solo lo pueda hacer Cruz Roja si los otros CAS de Barcelona sí que se gestionan por licitación?”, añade el líder sindical.
El personal también carga contra el ”inmovilismo” de la Cruz Roja y ve la licitación como la única vía realmente factible para romper la “discriminación salarial” respecto a otros centros. La CGT admite que hay una negociación colectiva del convenio provincial en curso, pero destaca que el CAS Lluís Companys es un “dispositivo concreto” que requiere una negociación paralela. El convenio de Acción Social regula la mayoría de carteras de Servicios Sociales, mientras que Vilader recuerda que “en el CAS casi todos son médicos y enfermeros”.
Dudas con los servicios mínimos
La huelga indefinida comenzó a finales de noviembre con unos servicios mínimos del 25% del servicio habitual para el primer día y del 33% a partir del segundo. El sindicato CGT asegura que los gestores del centro no han respetado los servicios mínimos, un aspecto que también certifica un expediente del Consorcio de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña. “En total se convocan 24 personas trabajadoras como servicios mínimos de una plantilla de 33 y 9 de los cuales secundan la huelga. […] De la documentación aportada, así como de las declaraciones efectuadas por la empresa, se constata que, desde el 28 de noviembre de 2025, se ha superado el número de personas designadas como servicio mínimo”, apunta el texto, que ha podido consultar este diario y se basa en una visita de inicios de diciembre. La Cruz Roja no ha querido hacer declaraciones al Tot Barcelona.
