Cada semana la Audiencia de Barcelona celebra varios juicios de narcotráfico, narcotransporte y la multitud de delitos derivados como el blanqueo de capitales o agresiones. Casi todos son cortados por el mismo patrón. Pequeños camellos que son atrapados vendiendo drogas en la calle, incluso alguno que es detenido porque intenta vender la sustancia a policías de paisano. Detalle que dice mucho del tipo de policía y del tipo de delincuente. O bien, redes medianas de narcotráfico, falsas asociaciones cannábicas o «mulas» -transportadores de droga- que son descubiertos en el aeropuerto del Prat.
Pero el martes, la sección Segunda de la Audiencia de Barcelona comenzará una vista oral por un delito contra la salud pública, el utilizado por el narcotráfico, y de organización criminal contra diecinueve personas de diversas nacionalidades que se dedicaban a la ocupación de pisos para convertirlos en narcopisos. El caso sería uno más de los múltiples casos de desarticulación de estos establecimientos que se han registrado en Barcelona en los últimos años, pero hay una diferencia clave. En concreto, que la policía y la fiscalía han podido detectar, con una profunda investigación del Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona cómo funcionan los narcopisos ocupados.
Es decir, su financiación, las especiales relaciones laborales que se establecen, los diferentes «departamentos» y «responsabilidades» que se establecen, cómo se comercializa la droga, de qué manera se controla la ‘caja’ y cómo es el conducto reglamentario de una estructura societaria que despertaría el interés de las grandes escuelas de negocios por su «flexibilidad» y adaptabilidad a los impedimentos legales y policiales que se encuentran. En palabras de fuentes del caso, una verdadera «artesanía estructural». De hecho, recuerda la famosa escena de Dances with Wolves, donde el teniente John J. Dunbar, queda asombrado por la capacidad de los Sioux de movilización, cambio e instinto de supervivencia ante la dureza del Oeste.
Ni un año de actividad
Según detalla la fiscalía en su escrito de calificación de los hechos, recogiendo los atestados de la investigación de los Mossos d’Esquadra y de las actuaciones de la Guardia Urbana de Barcelona, los acusados centraron su actividad entre febrero y octubre de 2018 y en Ciutat Vella. De hecho, muchos de los acusados tenían bastante experiencia en el narcotráfico dados sus antecedentes penales y otras piezas judiciales aún abiertas, y conocían el oficio. La base del supuesto entramado era la distribución al detalle y consumo de cocaína, crack, heroína y MDMA, hachís o marihuana.
La descripción de los hechos apunta que el entramado estableció unas «normas de reparto convenidas en función del protagonismo de cada uno». El primer paso, era «ocupar ilícitamente pisos y locales» de Ciutat Vella para convertirlos en «puntos de venta». Para la fiscalía, lugares «donde los consumidores podían adquirir las sustancias y consumirlas fuera, o bien consumirlas en espacios habilitados dentro de los pisos». Como una cadena de comida rápida, los clientes podían optar por consumir en el lugar o para llevar.
Organización de recursos humanos
El negocio de la ocupación y la transformación en narcopisos de venta y consumo, tenía una estructura de responsabilidades laborales definidas. Así, el primer escalón eran «trabajadores» que prestaban servicios en diferentes turnos rotativos de 24 horas en los inmuebles ocupados. Eran los «encargados de las ventas y del control del consumo dentro del narcopiso. También hacían de «mulas», es decir, encargados de ir a buscar «pequeñas cantidades de droga» de sus almacenes. El objetivo era evitar decomisos de grandes cantidades de droga en caso de entrada y registro policial.
A «un nivel superior», a criterio de los términos de la fiscalía, había «los responsables de pisos». Es decir, «encargados de controlar la cantidad y necesidad de droga en cada momento, hacían de interlocutores con sus superiores, daban órdenes a los trabajadores y repartían los turnos de trabajo y, además, llevaban la contabilidad de las ganancias, la recaudación del dinero y su entrega a los superiores». «Por encima de los encargados de pisos se encontraban los jefes de domicilios, encargados del control de la actividad, recaudar el dinero, resolver los conflictos entre los encargados y los trabajadores y de buscar nuevos pisos para ocupar y tener la relación con los suministradores».
De hecho, los «suministradores» eran los «partners» de la estructura, es decir, los proveedores de la droga que trabajaban al detalle las peticiones concretas de cada piso. Estos «suministradores» debían tener siempre a disposición las drogas del catálogo de los diferentes narcopisos de la organización, las «preparaban» y las «cocinaban» a demanda concreta de cada narcopiso. De hecho, los suministradores eran castigados si «daban dosis de mala calidad». Esta estructura «no era estanca sino móvil» si los jefes de piso requerían otras funciones a los subordinados.
Cautela y argot propio
Para terminar de aclarar el funcionamiento de esta organización, el contacto era frecuente entre los diferentes estamentos, sobre todo telefónicamente. Eso sí, según la fiscalía, eran «muy cautelosos» y «evitaban dar datos que pudieran comprometerlos». Para llevarlo a cabo, la organización tenía un diccionario propio para transmitir los pedidos, las necesidades o las órdenes. Por ejemplo, la cocaína era «perico, blanca, blando o cocacoles»; «duro, cronchi y tronchi» para definir el crack; «negro, marrón, cerveza, café o tostada» para referirse a la heroína. Los investigadores también destacan las extraordinarias medidas de seguridad y contravigilancia que utilizaban. Además, el cobro en pequeñas cantidades, incluso en monedas, permitía el camuflaje del dinero de manera continuada y sigilosa para las autoridades fiscales.
En total, la estructura tenía, como mínimo, nueve pisos en funcionamiento en Ciutat Vella, que en octubre de 2018, por orden judicial fueron registrados. Una actuación que permitió a la policía, recoger múltiples dosis de droga, dinero en efectivo, huchas llenas de monedas, y teléfonos móviles que han permitido averiguar el rol de cada uno de los imputados que reforzaron la tesis de los seguimientos que se llevaron a cabo durante semanas a diferentes sospechosos y narcopisos. Ahora la fiscalía, les reclama hasta ocho años de prisión y cuarenta mil euros de multa. El caso judicial, sin embargo, aún no se podrá cerrar del todo porque hay dos imputados en rebeldía y paradero desconocido.
