El Ayuntamiento de Barcelona intentará reformular la polémica reserva del 30% de vivienda protegida a través del Parlamento. Después de que las negociaciones con los grupos municipales se estancaran antes del pasado verano, el alcalde, Jaume Collboni, aseguró que guardaría la carpeta «en un cajón hasta el próximo mandato», pero parece que ha cambiado de opinión. Según adelanta la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el consistorio plantea agilizar un año los trámites para reubicar los pisos protegidos de la reserva del 30% en el mismo barrio a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos, así que solo avanzará si finalmente se aprueban las cuentas en el Parlamento, algo que ahora mismo no está nada claro porque las conversaciones con ERC y los Comunes aún no han comenzado.
Para introducir los cambios, la ley de medidas incluye una modificación de la ley de la Carta Municipal de Barcelona. La normativa actual, que ha recibido muchas críticas del sector privado y prácticamente no ha logrado captar pisos para el parque de vivienda protegida, ya permite ubicar los pisos protegidos en otra parcela del mismo barrio, pero debe hacerse a través de un plan de mejora urbana (PMU), un requisito que entre la tramitación y la aprobación final se alarga un año. La complejidad del trámite actual hace que hasta ahora nunca se haya aplicado desde que se aprobó la norma en el año 2018. Con la nueva propuesta, los promotores podrían solicitar una licencia directamente sin el PMU previo y la comprobación del cumplimiento de la reserva del 30% se realizaría en el mismo trámite de la licencia, explican fuentes municipales.
Un pequeño ajuste para incentivar la construcción de pisos
Con esta modificación, el Ayuntamiento de Barcelona espera incentivar la construcción de vivienda en la ciudad y aumentar el parque de pisos protegidos. “La prueba de la dificultad de este trámite es que desde 2018 no ha sucedido nunca, ha habido pocos casos de 30%, pero todos los que se han dado han sido en el mismo edificio”, insisten desde el consistorio. El gobierno municipal intentó revisar la norma con los grupos, especialmente con Junts, pero la dificultad para llegar a un acuerdo obligó a Collboni a aparcar las conversaciones a la espera de un contexto político más propicio.
Así, el cambio normativo que se introduce a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos no varía la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) de 2018, una de las medidas estrella del gobierno de Ada Colau y Janet Sanz, que obliga a las promociones residenciales de más de 600 metros cuadrados a reservar un 30% de los pisos para vivienda protegida. Según el consistorio, la propuesta de modificación de la Carta Municipal es el resultado de los trabajos de la comisión de estudio de simplificación administrativa que se convocó a inicios de mandato con los grupos y contó con el apoyo de todos los partidos. “Es un trabajo que viene de un año y medio, pero como mientras tanto no se han aprobado presupuestos ni ley de medidas estaba pendiente de tramitar”. Con todo, si no se aprueban los presupuestos, la norma quedará igual que hasta ahora.
La iniciativa sale a la luz en un contexto de desaceleración del mercado inmobiliario. Las viviendas de nueva creación en Barcelona cayeron casi un 40% en 2025, con 9.465 viviendas visadas, según los datos publicados por el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC). El colegio atribuye el descenso a la falta de suelo disponible en buena parte de la ciudad y a la exigencia de regulaciones como la reserva del 30%.
