Ana Barrios lleva casi cinco años viviendo en la Marina del Port. Se trasladó allí con su padre desde el barrio de Santa Eulàlia (l’Hospitalet de Llobregat) para estar más cerca de la Escuela Especial Nostra Senyora de Montserrat, donde lleva a dos de sus tres hijos, todos ellos con autismo. Esta mujer de 37 años tenía entonces una pareja a quien terminó denunciando por violencia machista, consiguiendo una orden de alejamiento y la custodia completa de los pequeños. Su progenitor desarrolló Parkinson y falleció a principios de 2023. «Fui cuidadora de mi padre y soy madre las 24 horas y los 365 días del año porque mis hijos dependen de mí un 90%. Cuando él murió, tuve que decidir si pagaba el alquiler o comíamos», reconoce en una conversación con el TOT Barcelona.
Ante esta situación límite, intentó negociar un alquiler social con la propiedad, que no quiso saber nada. «Me decía que, en vez de los mil que pagábamos, lo podía alquilar por 1.500 euros«, asegura. El piso donde reside en el número 335 de la calle de la Mare de Déu del Port se vendió a un particular, con ella viviendo allí. Sobre el papel no es gran tenedor, pero tiene varios cargos de administración de fincas. Tampoco hubo éxito con la mediación y se inició un proceso de desalojo. El juzgado decidió el pasado mes de octubre ordenar el lanzamiento de la mujer y sus tres hijos, de 2, 4 y 11 años. Contra esta decisión no se presentó ningún tipo de recurso. Un error de la abogada que llevaba su caso hizo que ni siquiera Barrios supiera que se había ordenado desalojarla hasta el jueves de la semana pasada, a solo tres cuatro días de la fecha fijada. Tampoco el certificado de vulnerabilidad que tiene la mujer se presentó a tiempo. Esto dejaba a la mujer en desventaja, prácticamente sin opciones para evitar el desalojo este lunes.
Sin embargo, un mensaje desesperado de la actual pareja de Barrios cambió completamente el escenario. «Escribí el viernes al Grupo de Vivienda de Sants (GHAS) pensando que nadie me respondería. Al poco tiempo, tenía un mensaje», explica el hombre. La entidad pro-vivienda se movilizó inmediatamente para intentar detener el lanzamiento y ese mismo viernes convocaba a movilizarse el lunes, 12 de enero por la mañana frente al 335 de la calle de la Mare de Déu del Port. Casi una treintena de personas acudieron al llamado, entre ellos otros inquilinos en lucha que podrían perder su casa como los vecinos del número 7 de la calle de Salou, en el barrio de Sants. «Ahora solo quedo yo con contrato en el bloque y se me acaba el 22 de enero… En la medida que podamos, estaremos en todos los intentos de desalojo. Es hoy por ti y mañana por mí», afirmaba Rosa Rosa, una de las afectadas que desde primera hora de la mañana se concentraba en las puertas del domicilio de Barrios.
Compromiso municipal para encontrar una alternativa
El caso de esta familia es de los que parece mentira que lleguen a la fecha de desalojo sin suspenderse. Los servicios sociales municipales llevaban tiempo siguiendo la pista de Barrios, pero hasta este mismo lunes no le ofrecieron nada más que un hostal donde poder trasladarse temporalmente si se ejecutaba el lanzamiento. «El hijo mayor no habla, se comunica gritando… No podemos ir a cualquier alojamiento ni a una habitación. También me decían que podía dejarlos en un centro, pero esa nunca ha sido una opción», dice la mujer. A su casuística particular, se añade la nula antelación con la que fue avisada del lanzamiento. «Con unos días de antelación es imposible mover una casa entera. ¿Dónde voy de un día para otro? Entiendo al propietario, pero los servicios sociales deberían haberse movido antes porque hace tiempo que tienen toda la documentación», remacha. Gracias a la intermediación tanto del GHAS como del Servicio Municipal de Intervención y Mediación en situaciones de pérdida de Vivienda y Ocupaciones (SIPHO), la propiedad y la comitiva judicial acordaron tras unas horas de incertidumbre posponer el desalojo hasta el próximo 27 de febrero.
Barrios tiene ahora un mes y medio de margen para encontrar una alternativa. Como el propietario no es gran tenedor, no tiene que ofrecerle por ley un alquiler social. Tendrán que acudir al mercado libre. No será fácil. Familias como la suya quedan excluidas de un mercado de vivienda con unos precios inalcanzables para personas con ingresos mínimos. «Podría pagar unos 400 euros -el equivalente a un alquiler social- haciendo malabares. Eso sí, tiene que ser en el barrio. Mis hijos van a la escuela aquí y están vinculados. Si nos echan, nos matan«, remarca la mujer. Tras conseguir suspender temporalmente el desalojo, los servicios municipales de Vivienda se han comprometido a ofrecerles una alternativa en la zona antes de la próxima fecha, sea en un piso de Protección Oficial o a través de otra fórmula. Con todo, Barrios tiene claro que hacen falta medidas más estructurales para evitar que más gente acabe en una situación tan delicada como la suya. «Tenemos que bajar los alquileres. No puede ser que los precios supongan más del 100% de los ingresos de una familia», argumenta.
Tres lanzamientos en dos semanas
La movilización ciudadana a través del GHAS ha permitido posponer este desalojo, pero no lo consiguió hace unos días con siete familias del número 24 de la calle del Tigre, en el Raval. Los inquilinos -que tenían contrato en vigor y estaban al corriente de pago- fueron expulsados de sus domicilios como medida cautelar por el riesgo estructural de las viviendas, que según la propiedad son inhabitables. Un informe de los Bomberos de Barcelona lo desmiente, concluyendo que no hay peligro de derrumbe inminente del inmueble, pero el juzgado decidió no tenerlo en cuenta y seguir adelante con otro informe privado encargado por el propietario. Los inquilinos no querían marcharse sin tener una alternativa ni garantías de que después podrían volver a sus hogares, tal como marca la ley, así que se quedaron en los pisos y terminaron desalojados por un fuerte despliegue policial.
El nuevo año ha comenzado con fuerza en los juzgados y el viernes 16 de enero hay programado otro lanzamiento, esta vez en el Poble-sec. La afectada es Lizbeth, una de las integrantes del Sindicato de Barrio del Poble-sec, que lleva 25 años residiendo en la zona. El propietario del piso donde vive es una compañía que lo compró con motivos especulativos y se niega a hacerle un alquiler social. Se da la circunstancia de que el domicilio está ubicado en el número 57 de la calle de Tapioles, muy cerca de la comunidad de vecinos que se plantó contra Second House, un entramado empresarial fundado en 1994 que es propietario de más de una decena de bloques de pisos repartidos por la capital catalana. El fondo acabó claudicando ante la presión de los inquilinos, que firmaron una nueva vinculación con sus domicilios con una vigencia de un mínimo de siete años, sin contar los casos de inquilinos con contrato de renta antigua.
