La crisis de la vivienda es la gran preocupación de los barceloneses. Así lo indican los últimos barómetros municipales, que sitúan esta problemática por delante de la inseguridad o de la presión turística, dos de los otros grandes males que perciben los vecinos. En este contexto, son especialmente sangrantes los múltiples casos de desahucio que tienen lugar cada semana en la capital catalana. La presión ciudadana consigue en muchos casos detener o posponer los lanzamientos, pero un porcentaje elevado de estos acaba ejecutándose. Uno de los ejemplos recientes es el de Montse, una vecina del barrio del Raval que el pasado 28 de noviembre tuvo que abandonar la que había sido su casa sin tener una alternativa de vivienda y con su hijo de solo tres años a cargo.
El caso fue especialmente sonado por la vulnerabilidad de la familia monoparental y por el gran despliegue de los Mossos d’Esquadra que permitió ejecutar el desalojo. Casi una cuarentena de agentes y varios furgones de los antidisturbios blindaron el carrer de l’Om, cerrando todos los accesos a la vía y expulsando a los manifestantes que se habían concentrado en las puertas del edificio. El desalojo se produjo sin incidentes a petición expresa de la mujer afectada, ya que su hijo se encontraba en la guardería que hay frente al domicilio y quería evitar que pudiera ver cualquier altercado o momento de tensión entre los participantes de la protesta y los efectivos. Más allá de la fuerte presencia policial, este caso tiene la peculiaridad de que el piso donde vivía la familia es propiedad de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, gestionada por la Generalitat. Como en el caso de la viuda de 72 años desahuciada en octubre en el Besòs, la administración opta por seguir adelante con el lanzamiento, priorizando la recuperación de una vivienda ocupada sobre la posibilidad de ofrecer a los inquilinos un alquiler social.
Un gasto que podría pagar un año de alquiler
Ante un episodio como el que vivió Montse, desde la sección local del Sindicato Vivienda Socialista de Cataluña en el distrito de Ciutat Vella han hecho el ejercicio de preguntarse cuánto dinero público costó aproximadamente el desalojo de esta familia monoparental. Para hacerlo, han calculado cuántos agentes tanto de los antidisturbios como efectivos rasos y de paisano participaron en el despliegue, identificando a una cincuentena. A partir de ahí, han desglosado el sueldo mensual de los policías -en función de cada ámbito o unidad- para encontrar el sueldo por hora y lo han multiplicado por las cinco horas que se alargó el dispositivo. El total del gasto policial destinado al lanzamiento que han obtenido es de 5.257 euros, cuatro veces el salario mínimo mensual. Esta cifra no tiene en cuenta posibles complementos salariales, desplazamientos, antigüedad, logística, ni materiales.
🏡 ¿Cuánto cuesta desalojar a una familia en Ciutat Vella?
— Sindicato Vivienda de Ciutat Vella (@CiutatVellaSHSC) December 26, 2025
El regalo de Navidad de la Generalitat del PSC a Montse y su hijo ha sido un desalojo sin alternativa residencial en el Raval
¿Pero cuánto dinero público han empleado en esto? 🧵 pic.twitter.com/DX4GZbKEUg
Una vez hecho el cálculo, desde la sección local del sindicato han querido calcular cuántos meses de un alquiler social se podrían haber cubierto con este gasto. Tomando como referencia un precio medio-alto como 450 euros, concluyen que con esos 5.257 euros se podría haber cubierto casi un año de alquiler social para la familia. «El caso de Montse es un ejemplo claro de la hipocresía y la incapacidad del PSC y del resto de partidos políticos parlamentarios: instrumentalizar familias monoparentales en campaña y ahora desahuciarlas malgastando recursos públicos. Hacemos frente al negocio de la vivienda», concluyen desde la agrupación pro-vivienda.
