Más de un tercio de los barceloneses vive al límite de la exclusión social. Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer del informe FOESSA 2024 que Cáritas ha presentado este miércoles. En concreto, el estudio -realizado a partir de entrevistas a 602 hogares y 1.519 personas- determina que cuatro de cada diez personas viven en una situación de integración precaria, es decir, en un contexto inestable en cuanto a ámbitos como la vivienda, el trabajo o la salud. De este análisis también se concluye que cerca del 17% de la población de la diócesis de Barcelona se encuentra en situación de exclusión social, una cifra que equivale a más de 450.000 personas. La precariedad afecta sobre todo a la población extranjera, un colectivo que tiene una tasa el doble de alta que la de los ciudadanos del país.
Con este estudio, Cáritas sitúa la vivienda como el «principal factor de desigualdad» en nuestro país, donde el 26,% de la población sufre dificultades relacionadas con este ámbito. Esto supone que 225.000 hogares y más de 730.000 personas se encuentran en esta situación. Además, un 13,5% de los ciudadanos de la diócesis barcelonesa viven en contexto de hacinamiento grave. En este sentido, el informe alerta que se está consolidando «un modelo de sociedad al filo de la navaja», con solo un 45,4% de la población en una situación de integración «plena», y que «la recuperación económica no llega a todos». «Más del 15% de la población cae en pobreza severa después de asumir el gasto de la vivienda. La diferencia entre vivir de alquiler o en propiedad es un factor decisivo a la hora de determinar si te encuentras en riesgo de caer en una situación de exclusión social», detalló en la rueda de prensa celebrada este miércoles Amèlia de Juan, jefa del Área Social, Análisis e Incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona. Por este motivo, la responsable del Área Social de Cáritas.
De Juan ha advertido que son muchas las personas que se ven obligadas a compartir vivienda para poder hacer frente a los gastos del alquiler y ha puesto énfasis en aquellas situaciones en las cuales se produce un hacinamiento grave de personas. «En 9 de cada 10 hogares donde las personas se encuentran hacinadas viven niños o adolescentes. Un niño que vive en estas condiciones difícilmente tiene sus derechos garantizados», subrayó. En esta línea, el estudio advierte que el alquiler se ha convertido en una «trampa de pobreza» porque el porcentaje de personas en riesgo de pobreza que viven en régimen de alquiler casi triplica a las que viven en régimen de propiedad. Mientras el 8,2% de las personas que viven en régimen de propiedad se encuentran en riesgo de pobreza, en el caso del alquiler la cifra se eleva hasta el 22,3%.
Cuando trabajar ya no es una garantía
Una de las conclusiones más preocupantes que deja este análisis es que la precariedad «se ha convertido en la nueva normalidad» en la diócesis de Barcelona y que el empleo está perdiendo la «capacidad protectora». Esto implica que el 57,5% de las personas que se encuentran en una situación de exclusión social viven en hogares encabezados por alguien que trabaja. La situación es más difícil para personas migrantes y jóvenes, que tienen tasas de desempleo más elevadas. «Trabajar ya no salva de la exclusión», ha remarcado de Juan, que considera que ahorrar se está convirtiendo en una «misión imposible» para muchas familias.

