Guerra sin cuartel entre las diversas facciones de la siempre tempestuosa Federación de ERC en Barcelona. Según ha podido saber Tot Barcelona, casi una treintena de militantes de Barcelona hemos presentado un expediente de impugnación a la Comisión de Garantías contra la gestión de la crisis de dirección. El escrito, de catorce páginas con anexos incluidos y al que ha tenido acceso Tot Barcelona, acusa de ignorar el plazo reglamentario de un mes para convocar el Congreso que debe elegir la nueva ejecutiva permanente porque nombraron una gestora aprovechando la «situación para gobernar la Federación de Barcelona desde Calàbria».
Los firmantes de la impugnación argumentan una violación del reglamento y un intento de dominar la federación sin contar con la militancia. Por eso piden la «suspensión inmediata del Congreso del día 13 de diciembre». Un cónclave que debe ratificar la comisión electoral. Por otro lado, también piden la «suspensión de las primarias para el cabeza de lista municipal que estaban programadas para el 27 de febrero. Asimismo, demandan la anulación de los acuerdos tomados por la ejecutiva regional y la dirección provisional en forma de gestora desde la dimisión, «siempre que no sean los imprescindibles para cumplir el mandato y prioridad orgánica de resolver la crisis de legitimidad democrática».
La crisis se desató cuando la mayor parte de los 13 miembros de la dirección permanente dimitieron el pasado 20 de noviembre por discrepancias con la presidenta, Creu Camacho, a quien acusan de tener una “estrategia propia y no consensuada con el equipo” y de adoptar “decisiones unilaterales”.
Un Congreso, primero
Las alegaciones presentadas por la impugnación se basan en la virtual violación del art. 142.7 del reglamento. Una disposición que exige convocar un Congreso Regional para elegir una nueva dirección en el plazo máximo de un mes. En este caso, antes del 20 de diciembre, después de la dimisión de más del 50% de la permanente regional. El Congreso, a estas alturas, estaría programado para el 17 de abril, y los firmantes de la impugnación replican que el artículo 5.1 del Anexo 1 del Reglamento de Barcelona determina «muy claramente que el plazo entre la convocatoria del Congreso y su celebración son 37 días». «Demuestran que quieren saltarse los plazos y volver a posponer la democracia interna y dejarnos sin voz», reprochan los firmantes.
«La gestora y la ejecutiva Nacional proponen priorizar el proceso de primarias poniendo esta elección por delante de la recuperación de legitimidad democrática de la Ejecutiva Regional», alertan los impulsores de la impugnación. «Sin ninguna justificación legal, técnica ni de fuerza mayor; esta falta de justificación demuestra que es una simple decisión de oportunidad política, antidemocrática, y no una medida de excepcionalidad reglamentaria», sentencian. En este sentido, interpretan que hay una extralimitación porque «la Gestora, que es un órgano temporal y administrativo con la finalidad de reorganizar una Ejecutiva, está asumiendo funciones de dirección política como son la organización de las primarias o los presupuestos 2026, sin tener el mandato democrático de un Congreso, otra oportunidad política para dirigir la Federación de Barcelona desde Nacional».
