El Ayuntamiento de Barcelona escogió un grupo de pisos de la calle Mare de Déu de Lorda y su entorno, en el barrio de la Trinitat Vella, para iniciar su primer gran proyecto de regeneración urbana en la ciudad en 2018. Muy probablemente, el ejecutivo de Ada Colau comenzó el programa en Lourdes –como se conoce popularmente esta calle– consciente de que necesitaba un milagro para impulsar un plan que, siete años después, aún no ha comenzado ninguna obra de reforma. La finca de Avelina Matos, una de las 75 que presenta patologías estructurales y que el ejecutivo de entonces plasmó en un mapa, continúa esperando ayudas económicas. Avelina tenía el dinero para la reforma guardado, pero después de siete años eternos y diferentes cambios de condiciones, ha optado por invertirlos en otras necesidades básicas.
Tampoco avanzan las siete fincas que formaban parte de la prueba piloto, el ejemplo de cómo deberían funcionar las reformas posteriores. La administración asumía todo el trabajo, desde la elección de los arquitectos hasta la contratación de la constructora, y los vecinos solo tenían que aceptar y hacer números. Tres de las siete fincas se cayeron del proyecto, por razones económicas, y las otras cuatro –con la subvención ya aprobada– llevan meses esperando que comiencen las obras. Fuentes municipales consultadas por el Tot Barcelona concretan que están «analizando la manera de ejecutar las obras a través de un procedimiento negociado» porque las licitaciones han quedado desiertas.
El problema de la Trinitat Vella no es diferente del que hay en el Besòs, en la Pau o en el barrio del Carmel. Los cuatro suman, según el recuento hecho por las entidades vecinales, unos 8.000 pisos con “deficiencias graves” que deben ser reformados. Muchos de ellos están apuntalados y sufren la degradación del cemento aluminoso, un material muy barato que se extendió como la pólvora en las construcciones de los años sesenta y que ahora ya está prohibido. Consciente de las necesidades, el Ayuntamiento expandió el modelo de regeneración urbana planteado en la Trinitat –el primero después de un intento tímido en el marco del Pla de Barrios– al área del Besòs, que todavía tiene un número más alto de viviendas en mal estado. Con mejores resultados, eso sí: ha conseguido reformar una finca. Las otras nueve del programa piloto continúan esperando. Hay cuatro que ya tienen las obras en marcha y otras cuatro están licitadas. Hasta aquí el recuento. También en el Besòs, una veintena de comunidades que no formaban parte del plan piloto lo han intentado por su cuenta, pero no lo han conseguido.
Trinitat Vella, el ejemplo de un fracaso
Las situaciones son similares en ambos barrios. Comunidades de vecinos con familias con pocos recursos, pensionistas y pisos ocupados, en algunos casos. Y hay edificios que ni siquiera tienen constituida la comunidad. No piden una reforma gratuita, pero sí facilidades –económicas y de gestión– para que los proyectos sean viables. Avelina es la única propietaria de su comunidad que vive en ella y ha mostrado al Tot Barcelona los puntales que sujetan la segunda planta. Los vecinos también conviven con una grieta de más de un metro que ha inclinado ligeramente la fachada. “Sinceramente, creo que un día cogeré a mi hermano, que es albañil, y a mi marido, haremos la mezcla y tapiarémos las grietas”, comenta durante la visita.
Avelina lleva años queriendo cambiar las ventanas, pero le han avisado que debe esperar a que llegue el proyecto técnico en el marco de la regeneración. En 2022 le dijeron que las obras «eran inminentes», pero no ha sabido nada más desde entonces: “Teníamos la reforma al alcance, yo ya la veía. Nos pasaron documentos, con todo detallado, incluso cuántos dineros eran para cada piso. Pero nos cambiaron las condiciones de la subvención y ahora es del todo inviable”. El proyecto que le presentaron en 2022 a Avelina –que ha podido consultar este diario– era de 314.000 euros, de los cuales la comunidad asumía unos 55.000. Es decir, que la administración asumía el 83% del costo total de la reforma. Los cálculos salían a 11.000 euros por piso y permitían traspasar la carga de la reforma a las escrituras del piso.
En todo caso, lo que parecía idílico en aquel momento se ha convertido en una pesadilla. Los vecinos acusan al Ayuntamiento de cambiar las condiciones en una reunión de mayo de 2024. Los afectados mantienen que se les había prometido coberturas que podían llegar a cubrir entre el 85 y el 90% del costo de reforma e insisten en señalar una «trampa» que ha llegado en este mandato. En cambio, el Ayuntamiento niega que la convocatoria de las subvenciones en el ámbito de Trinitat Vella «haya sufrido ninguna modificación respecto a los porcentajes de subvención». Las fuentes consultadas mantienen que las ayudas municipales siempre han cubierto el 55% del gasto específico de la estructura, pero los vecinos insisten en que esos porcentajes no eran los que había antes de la reunión de 2024.
En este sentido, el ejecutivo defiende sus cuotas: más allá del 55% del costo de la estructura, también subvenciona un 60% de las tareas que mejoran la accesibilidad –tras las peticiones vecinales– y el 70% de los trabajos destinados a reducir el consumo de energía. El otro aspecto subvencionable, que también genera polémica, tiene que ver con los Fondos Next Generation. El financiamiento europeo exige que la obra mejore la eficiencia energética global del edificio al menos en un 30% y la subvención solo cubre el 40% de este gasto. El Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) les informa en la reunión de 2024 que estas son ahora las reglas del juego y los vecinos, después de pensarlo dos meses, tiran la toalla. Insisten en que los edificios necesitan una intervención en la estructura, más que en cuestiones energéticas, y que la inversión exigida para llegar a ese 30% se les va de las manos.
En conversación con este diario, Roberto Rodríguez, miembro de la Mesa Trinitat Vella, aterriza con ejemplos prácticos de qué supone para los vecinos tener que seguir estos criterios: “Lo que ahora se nos está queriendo decir es que la inversión en medidas energéticas es primordial. Estamos hablando de unos presupuestos millonarios, brutales: las viviendas son muy antiguas y no tienen nada de eficiencia energética, si tenemos que pasar de cero a un 30% tenemos que cambiar techos, azoteas, fachadas, todo el envoltorio. Esto deja de ser asumible, porque hablamos de una inversión enorme solo para cumplir con las exigencias del financiamiento europeo, que no incorpora la estructura, que es lo más importante”.
Dejando atrás Mare de Déu de Lorda, de camino a la Via Barcino encontramos diferentes balcones con rejas y uno de los pocos edificios con la subvención aprobada, en la calle de la Fodarada. Este pequeño triángulo de la Trinitat Vella –poco más de una hectárea y media– y un segundo tramo similar en la parte superior del barrio representan solo la primera de las cinco fases previstas en el proyecto de 2018. Uno de los pisos integrados en esta fase inicial era el de la señora Glòria, una vecina de 82 años con más de un 80% de discapacidad física. Hace siete años que el piso está apuntalado y los técnicos solo han revisado las vigas una vez, el verano pasado y por las quejas de la familia. El Ayuntamiento defiende que hay un acuerdo «con una empresa especializada» para revisar los edificios que necesitan ser apuntalados y «llevar un control de los que están ya colocados».
La hija de Glòria, Montse Costa, explica que un informe de 2019 «concluye que hay deficiencias de todo tipo». La vecina habla de aluminosis, pero también de grietas y que “la fachada se cae”. Al igual que en el caso de Avelina, la señora Glòria consiguió un proyecto “viable” años atrás, de unos 7.000 euros por piso, pero con el cambio de condiciones el presupuesto se le ha duplicado. “Si realmente tuvieras el dinero que cuesta ahora la reforma, te compras otro piso y se acabó el problema”, dice Montse.
Según el Ayuntamiento, todavía hay un total de seis comunidades interesadas en el marco del programa de regeneración urbana en Trinitat Vella dispuestas a hacer la inspección técnica necesaria y la redacción de proyecto de rehabilitación de su finca, pero este no es el caso de la mayoría de fincas del plan. Montse comenta que si aceptan hacer la inspección técnica, para poder tejer un proyecto de reforma, y esta inspección determina que hay patologías graves –como es su caso–, la comunidad tiene un año de margen para corregir los defectos. Si no lo hace, puede enfrentarse a una sanción administrativa. Roberto añade que ya hay comunidades que han recibido una “notificación de sanción” por no tener el piso arreglado y ahora están pendientes de alegar que forman parte del proyecto de regeneración. Montse asume que algún día tendrán que pasar la inspección técnica, pero teme que las obras mínimas para evitar la sanción pueden llegar a costar 80.000 euros y, por tanto, alarga los plazos soñando con conseguir «alguna ayuda» entremedias. “Nos están abocando a la boca del lobo, es elegir entre susto o muerte”, resume Montse.
«Falta voluntad política»
Los vecinos afectados comparan su situación con la de las siete fincas de la prueba piloto, que han conseguido mantener los primeros presupuestos. Si el financiamiento sale de la misma parte, «¿por qué unos sí y otros no?», vuelven a preguntarse. Dicen que ellos no tienen respuesta, pero sí diferentes especulaciones: “Quizás tiene que ver con los contratos o con las licitaciones de las obras, pero no lo sabemos, falta transparencia”, apunta Rodríguez. Viendo el panorama, algunos vecinos han pedido salir del programa de regeneración, lo cual evidencia el fracaso de la operación. El mismo Roberto es uno de ellos. Ha enviado un correo al Instituto Municipal de Urbanismo pidiéndolo, pero no ha recibido respuesta. El problema, argumenta, es que mientras su finca esté incluida en el plan de regeneración no puede optar a ninguna otra subvención del departamento de vivienda para reformar su casa.
“Somos un barrio atrapado en medio de carreteras y autopistas. No hay espacio para construir mucho más, estamos condenados a la rehabilitación”, insiste el portavoz vecinal, que ve en el ejecutivo de Jaume Collboni una “falta muy grande de voluntad política”. “Que nos digan que la pandemia puede haber supuesto un freno del proyecto, de acuerdo; pero que no nos expliquen que ahora hay un gobierno diferente. Hasta donde nosotros sabemos, el PSC gobernaba en coalición con Colau”, ironiza el vecino. La sensación en el barrio es de desamparo, sobre todo en aquellos casos que habían llegado a tener un proyecto viable sobre la mesa. En este sentido, Roberto pide, convertido sin querer en portavoz de los afectados, cambiar el enfoque y dejar de tratar la Trinitat como un barrio periférico. Una opinión compartida por Avelina y Montse y, muy probablemente, también por la señora Glòria.
