La resistencia estoica del Besòs y el Maresme no ha podido evitar el desahucio de una de sus vecinas este martes. Un amplio dispositivo de los Mossos d’Esquadra ha materializado esta mañana el desalojo de Josefa, una viuda de 72 años con un hijo dependiente a su cargo que no tiene ninguna alternativa de vivienda disponible. El medio centenar de personas que se ha concentrado en las puertas número 2 de la calle de la Pau, en respuesta a la convocatoria del Sindicato de Vivienda de la Verneda – El Besòs, no ha conseguido impedir –como sí logró la semana pasada– este desenlace en el quinto intento de desalojo de la familia. Este caso, sin embargo, tiene al menos dos singularidades que lo hacen especialmente sangrante. La primera es que el actual propietario del piso donde la mujer vivía irregularmente desde hacía cerca de ocho años y, por tanto, quien ha impulsado el desahucio es la Generalitat. La segunda es que lo ha hecho sabiendo la delicada situación de los inquilinos, que tienen certificado de vulnerabilidad y no disponen de alternativas porque han sido excluidos de la mesa de emergencia del Ayuntamiento de Barcelona, el único recurso que tienen para acceder a una vivienda social que puedan permitirse con sus recursos económicos.
EJECUTADO 😡
— Sindicato de Vivienda de la Verneda y el Besòs (@SHVernedaBesos) October 21, 2025
El barrio del Besòs ya tiene un piso vacío más, @socialistes_cat y @mossos han dejado otra familia en la calle.
Algún día lo pagaréis caro. https://t.co/I8Q0zBlHUh pic.twitter.com/OEl3LiwYPd
A pesar de este escenario, la Agencia de la Vivienda de Cataluña ha continuado con el desalojo, sin abrir en ningún momento la posibilidad a un alquiler social. El ente público defiende que como la mujer ocupa un piso de su titularidad, aunque entrara a vivir cuando era propiedad de un banco y llevaba años vacío, no tiene derecho a esta alternativa social ni a entrar en el circuito de la mesa. La misma postura ha adoptado el juez, que considera que la vulnerabilidad no es aplicable en este caso porque se está ocupando una vivienda pública. En todo caso, el resultado ha sido la expulsión de la familia. Según explican desde el Sindicato, los Servicios Sociales del Ayuntamiento han comunicado a los afectados que no pueden ofrecer ninguna alternativa al hijo dependiente, que sufre un alcoholismo severo y ahora se ve en la calle. En cuanto a Josefa, que ha tenido que ser trasladada en ambulancia por una subida de tensión, se le ha ofrecido dormir algunas noches en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) hasta que pueda ir a una pensión, que podría no estar ubicada en la capital catalana. A pesar de no ofrecer resistencia en el momento en que se personaron los antidisturbios de los Mossos, cinco manifestantes han sido identificados.
Cronología de una expulsión vulnerable
Es importante recordar que, antes del de la semana pasada, el último intento de desahucio de Josefa había tenido lugar el mes de junio y también se había logrado detener in extremis. Ni siquiera la situación crítica de Antonio, su marido, que estaba en cuidados paliativos por un cáncer terminal y que acabaría muriendo solo unos días después, evitó que la familia viviera con la angustia de perder su casa hasta el mismo día del desalojo. El matrimonio había accedido en 2018 a la vivienda, que era propiedad del Banco Santander y llevaba años vacía. Pagaron 3.000 euros por las llaves. Al cabo de aproximadamente un año, la Agencia de la Vivienda de Cataluña compró el domicilio. Lo que podría haber servido para regularizar su situación no hizo más que agravarla. En 2020 se iniciaba el procedimiento de expulsión de la pareja por ocupación de un piso de titularidad pública. Antes del desalojo del pasado mes de junio, la movilización vecinal consiguió detener otro en la puerta durante el otoño de 2023.
