El Comité de familias de la residencia Molí-Favència, en el barrio de la Prosperitat (Nou Barris), ha presentado una queja al Departamento de Derechos Sociales exigiendo directamente el “cese” del equipo directivo del centro. Las desavenencias con la dirección duran ya tres años y el grupo de familias la acusa ahora de saltarse la legalidad instalando pestillos en las puertas de las habitaciones. Los responsables de la residencia, que es una concesión de la Generalitat a la empresa Grup Mutuam, han continuado defendiendo su postura, pero finalmente los han retirado.
“Por petición del Comité de familias, hoy se retirarán todos los cierres de las puertas de las habitaciones de la residencia, incluidas las peticiones propias de los residentes”, avisó la dirección a las familias el pasado 10 de septiembre. Desde el centro alegan que algunas personas habían hecho la petición y explican al resto de familiares que “Inspección estaba al tanto” y que “nunca había informado de la necesidad de retirarlos”. En todo caso, en este mismo correo enviado al Comité de familias, que ha podido consultar este diario, la dirección admite que los han terminado retirando porque “a partir de vuestra consulta [familiares], las órdenes [de inspección] eran claras y debíamos retirarlos”.
La portavoz del Comité de familias, María Carmén González, cree que esta disputa es la “gota que colma el vaso” y ha escrito una triple queja formal a la empresa gestora del centro, al Departamento y a la Sindicatura de Greuges de Cataluña. “Es intolerable que en una residencia de ancianos pueda existir tan solo la posibilidad de que alguien llegue a encerrar a los residentes en sus propias habitaciones, como si fueran presos, restringiendo su libertad de movimientos y atentando, así, contra su dignidad y vulnerando sus derechos fundamentales”, ha lamentado la familiar.
Las familias aseguran que este hecho podría haber generado un “riesgo para la seguridad” de los residentes y recuerdan que la normativa de seguridad y accesibilidad en residencias de ancianos en Cataluña exige garantizar la “intervención inmediata” del personal del centro “en cualquier situación de emergencia”. Es por ello que han luchado para retirar los pestillos, “que podrían contravenir la normativa vigente”, defiende González.
En respuesta a las consultas de este diario, la compañía reconoce que está al tanto de la polémica, pero deja claro que «ya ha sido abordada». «La directora ha puesto solución [a los pestillos], lo ha resuelto y lo ha comunicado a las familias por los canales de comunicación establecidos en el centro», especifican. «Nuestro compromiso -concluyen- es velar por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias y asegurar la calidad de su asistencia».
El comité, que ha sido votado por las familias del centro, también ha puesto en conocimiento de las instituciones dos incidentes más que afectan a una de las auxiliares de la residencia. Según la exposición que hacen las familias, a inicios de septiembre, algunos residentes se quejaron de que una de las profesionales “se llevaba comida de los carros antes de servirla a los residentes”. En este sentido, González también acusa a la dirección de no facilitar la identificación de esta auxiliar.
Días antes, las familias detectaron que “otro auxiliar” intentó forzar “de manera violenta y brusca” a un residente para que comiera. Así se expone en la carta enviada al Departamento y a la empresa gestora, a quienes las familias piden un cambio en la política de contrataciones. “Este conjunto de comportamientos por parte del personal me lleva a pensar que la gestión de la contratación y la supervisión deja mucho que desear”, dice la queja formal presentada a Grup Mutuam.
Problemas de accesibilidad en el centro
Las quejas de las familias con la gestión del centro se suman a las expresadas meses atrás en la audiencia pública de Nou Barris. La rampa de entrada a la residencia es “muy pronunciada” y dificulta el acceso de los residentes, sobre todo en aquellos casos en los que las familias tienen que empujar una silla de ruedas. El concejal de Nou Barris, Xavier Mercè, había reconocido públicamente que el desnivel de la rampa “no es razonable”, pero cedió la responsabilidad de arreglarlo a la Generalitat de Cataluña.
A preguntas de este diario, el Gobierno también admitió que la rampa es “pronunciada” y mencionó que se están evaluando “los estudios sobre el equipamiento que ha realizado el Servicio de Proyectos, Obras y Equipamientos de la consejería”. Medio año después, la calle ha comenzado las obras de mejora. Los trabajos, adjudicados por unos 90.000 euros, tienen previsto «condicionar la calle de Molí y los accesos a la residencia de ancianos». Según ha podido saber este diario, se aprovechará la maquinaria para intentar equilibrar la rampa de entrada de la residencia más cercana a Via Favència. La previsión es completar la obra el próximo diciembre. Por otro lado, el Comité de familias también había pedido una especie de elevador para cargar las sillas, pero la respuesta siempre ha sido negativa. Las familias aseguran que estos retrasos «han dejado a ancianos sin salir de la residencia».
Cambio en la gestión del centro en 2017
Los problemas con la rampa se suman ahora a las quejas por el trato de algunos profesionales a los residentes y a las decisiones que toma la dirección, nada satisfactorias para las representantes de las familias. El Comité de familias espera ahora una respuesta tanto de la Sindicatura de Cataluña como del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, a quienes piden una «intervención» con la finalidad de «garantizar el buen funcionamiento del centro y la protección de los derechos de las personas residentes y usuarias». Menos optimistas son con la respuesta que les pueda dar la empresa gestora, una vez constatado que no ha aplicado los cambios que piden después de las primeras reclamaciones.
No es la primera vez que esta residencia de la Prosperitat es objeto de críticas. Este mismo centro fue el centro de atención en 2017 –entonces gestionado por otra empresa, Ingesan Asproseat– después de que una plataforma de familiares denunciara «maltratos» en cinco residencias catalanas. El Departamento, en aquella época dirigido por Dolors Bassa, no renovó la concesión a la gestora alegando que no había adoptado las medidas pertinentes para evitar situaciones críticas. El centro también había protagonizado un brote de sarna que afectó a seis residentes. Años más tarde, ya con la empresa Mutuam a la cabeza de la gestión, el equipamiento se ganó los elogios del barrio por la gestión de la pandemia. Los trabajadores hacían salir a los ancianos al balcón y desde allí saludaban y conversaban con los familiares. Cinco años después, la sinergia con el centro es muy diferente.
