El traspaso fallido de las competencias en inmigración ha reavivado el debate sobre los CIE. Junts defiende que la “ciudadanía de Cataluña” debe decidir qué hacer con el centro de la Zona Franca, aunque los expertos jurídicos consultados por este diario dudan que el texto actual le otorgue a la Generalitat esta competencia. En cualquier caso, ni el debate mediático ni las negociaciones han alterado la hoja de ruta del ministerio del Interior. Fernando Grande-Marlaska continúa con los planes de su predecesor –el popular Juan Ignacio Zoido– de construir un centro de internamiento de grandes dimensiones en Algeciras, con capacidad para medio millar de personas. Al mismo tiempo, se consolida su política de internamientos con 1.862 reclusos en 2024.
El CIE de Barcelona es el segundo que más ha tenido, con 399 internos, y el que tiene estancias más largas. Teniendo en cuenta datos del ministerio, que la Fundación Migra Studium recoge en su informe anual presentado este jueves, los internos pasan 36 días de media en Barcelona. Son dos días más que el segundo centro de la lista –el CIE de Murcia (34 días)– y cuatro más que el de Madrid, el otro gran centro del Estado (32 días). La responsable del Proyecto CIE de Migra Studium, Cel Far, recuerda que muchos de estos internamientos son “inútiles”, porque el Estado español “los interna sin saber si podrá expulsarlos”. Por ley, una persona no puede estar más de dos meses, sesenta días. Hay casos en que han estado “mínimo 58 días”, lamentan desde la entidad. “Cuando llegan a las siete semanas encendemos la alerta, estamos atentos y tratamos de orientarlos, porque nadie nos dice si se les expulsa o si se les deja en libertad y les perdemos la pista”, explica Far al Tot Barcelona.
Según los datos del ministerio, solo la mitad de los internos (52,39%) finalmente son expulsados del país. Dos de cada diez abandonan las instalaciones antes de vencer el plazo de dos meses “por imposibilidad de documentar” y un 12,6%, por una orden judicial. Muchas veces, el motivo que evita la expulsión es puramente económico: España no tiene dinero para el traslado. En otras ocasiones, interviene la geopolítica: “Cuando la relación diplomática con Marruecos –el 30% de los internos son marroquíes– no era buena, desde allí no se autorizaban las expulsiones. Ha pasado también históricamente con Argelia o Gambia, por ejemplo, que no facilitaban la documentación o no los reconocen como ciudadanos suyos. Es evidente que a veces se encierran personas que en ese momento es imposible expulsar”, reafirma Far.
Barcelona ha registrado en 2024 menos personas en el CIE de la Zona Franca que en 2023; en concreto, 290 personas menos. Un descenso que contrasta con el incremento notable que ha vivido el centro de Madrid, cerrado parcialmente por reformas hasta finales de 2023. De los 55 reclusos que había en la capital española hace dos años, se ha pasado a los 593 detectados en 2024. Un incremento del 970%. Eso sí, en todo el Estado, las cifras se han estabilizado a la baja después de la pandemia, que redujo los desplazamientos y las intercepciones. La cifra de personas encerradas pasó de los 6.500 en 2019 a los cerca de 2.000 los años siguientes.
La tendencia general también contrasta con el internamiento de mujeres. En el conjunto del Estado, la cifra ha crecido más de un 400 % en los últimos cinco años. Barcelona no se escapa de esta tendencia, aunque también nota la reapertura del CIE de Aluche (Madrid), el único –junto con Barcelona– que tiene zona de mujeres. En 2024 ha habido 28 mujeres internadas en Barcelona, la mitad que el año anterior. Y desde Migra Studium han denunciado de forma reiterada que las condiciones de su módulo son peores que las generales, con menos espacio y con solo un patio interior pequeño.
Maltrato psicológico, mala alimentación y poca atención sanitaria
Las quejas por las condiciones de las mujeres se suman a otras ya históricas que ponen en el foco a los agentes policiales que custodian las instalaciones. El CIE de Barcelona reúne el 21% de las quejas formales que recibe el ministerio, un aspecto preocupante sobre todo teniendo en cuenta que otros centros con cifras de internos similares han recibido muchas menos. El informe anota 78 protestas en Barcelona por unas 400 personas. Es decir, dos quejas por cada diez personas que han pisado el centro. Poco comparable con las 6 quejas que se han recibido de Murcia (con 364 internos) y de Valencia (216 internos).
En este sentido, Migra Studium alerta de la “poca transparencia” que hay en los centros y detalla que “a veces no puedes visitar al interno porque está en aislamiento y nunca explican cuál es el motivo”. Lo expone de nuevo Cel Far, que ha recibido quejas directas de los internos. La educadora social expone con preocupación que han detectado “maltratos psicológicos” por parte de los agentes. “Algunos internos nos han dicho incluso que ‘nos tratan como perros’”, pone de ejemplo. Pero también han notado quejas sobre la alimentación, a veces “escasa y mala”, y por la atención sanitaria; “Cuando tenemos dolor nos dan una pastilla y nos ponen a dormir”, les han explicado.
La poca transparencia se ha incrementado con los cambios en la dirección del centro del pasado junio. El ministerio renovó la cúpula de Zona Franca, con quien “se había llegado a algunos acuerdos”, y quien lidera ahora la instalación “nos ha querido poner trabas a las visitas”, dice Far. A pesar de todo, matiza, es pronto para hacer valoraciones definitivas porque, con agosto, las dinámicas internas y de comunicación con las entidades pueden haber cambiado.
Lo que sí critica sin matices es el criterio de internamiento del ministerio. El informe detalla como “novedad” el “peso relevante” de los internos con nacionalidad colombiana, que han crecido hasta representar el 16% del total. “Desconocemos claramente por qué ahora colombianos y otras veces hondureños u otros países, no hay un criterio estable o, en todo caso, nadie lo explica”, comenta la activista.
Traspaso de las competencias en duda
Todo esto llega con el traslado de las competencias de inmigración a la Generalitat sobre la mesa. En el primer intento, el pasado 23 de septiembre, Podemos votó con PP y Vox para frenar el traspaso. El texto que se votaba dibujaba un futuro incierto sobre el CIE de la Zona Franca, que ahora depende exclusivamente de la Policía Nacional. El redactado de la propuesta de ley gira en torno al concepto “gestión”. Concretamente, habla de delegar “la dirección, coordinación, gestión e inspección de los centros”.
Preguntados por este diario, los profesores en derecho constitucional Albert Noguera (Universidad Valencia) y Markus González (UB) coincidieron en remarcar que la ley traspasa la “gestión integral” del día a día, pero que no deja claro que Cataluña pase a tener la capacidad de abrir o cerrar centros. Meses más tarde, y con un primer intento en el Congreso fracasado, la portavoz de Migra Studium Cel Far no se atreve a decir si un cambio beneficiaría el trato de los internos y recuerda, en todo caso, que independientemente de quién gestione el centro, “el único objetivo debe ser cerrar el CIE”.
