Desde un tercer piso, el ruido de la hormigonera es ensordecedor. Mucho más que a pie de calle. Seguramente menos que en los bloques de pisos de al lado, a unos doscientos metros de la hormigonera, donde viven los primeros afectados que se quejaron al Ayuntamiento. Los nuevos habitantes de la calle Berenguer de Palou, en el barrio de la Sagrera, la tienen a solo 20 metros. Apenas hace un año que se mudaron, pero no pueden más. Han conseguido limitar las obras de lunes a viernes, pero reclaman el “cese inmediato” de una maquinaria que no tiene licencia ambiental, según los informes del Ayuntamiento. El distrito les pide paciencia, que esperen el final de un trámite burocrático que debería permitir su cierre. Pero el trámite es lento, no tiene calendario, y de paciencia queda poca.
“Hemos comprado un piso con etiqueta eco, fantástico, a priori, con aerotermia, un sistema de climatización mucho más moderno, pero tenemos las ventanas cerradas y todo lleno de polvo”, se queja David García, que ha abierto las puertas de su casa al Tot Barcelona. El problema, detalla, es que la aerotermia toma el aire del exterior para equilibrar la temperatura interior, “y eso provoca que el polvo que levanta la maquinaria entre constantemente en casa”. El vecino respalda sus palabras con hechos: desliza los dedos por la barandilla del balcón y se los muestra al fotógrafo, llenos de polvo. «Y hoy es viernes, hay menos actividad», sentencia. El afectado avisa que hay inquilinos que padecen de asma y asegura que “hay quienes están mucho peor desde que viven aquí”. El distrito les prometió que los operarios regarían la planta de forma recurrente, para evitar que se levantara tanto polvo, pero los afectados aseguran que “lo han hecho cuatro días contados” y “prácticamente un mes después de que lo acordáramos”. “Si no se revisa, ya ves de qué sirve”, añade García.
El vecindario teme que el conglomerado de empresas que opera en la construcción de la futura estación de la Sagrera use la planta para otras obras de la ciudad. Desde Adif les aseguran que el 90% del hormigón de la estación ya está creado, dicen los afectados, que a pesar de todo tienen vídeos en los que se observan largas colas de camiones a primera hora de la mañana entrando y saliendo del recinto. Sea como sea, y especulaciones aparte, García lo tiene claro: “No tiene sentido que una planta así esté en el centro de la ciudad, debería estar en algún descampado de Montcada o en los Túneles del Garraf, no lo sé, pero no aquí”, argumenta. “Se llenan la boca con la Barcelona verde, pero han permitido que una hormigonera esté a 20 metros de nuevas construcciones”, insiste el vecino del tercero, que desde arriba señala los módulos de pediatría del CAP La Sagrera. Complementan el edificio principal, que ha quedado pequeño, y se ubican a escasos metros de la hormigonera, entre la hormigonera y el edificio afectado. Los vecinos temen que pueda haber partículas cancerígenas en el ambiente, lo cual hace aún «más necesaria» la lucha.
Doble camino, administrativo y judicial
Los vecinos, que se han agrupado en una plataforma, también han comprobado –con una petición de transparencia– que la licencia general de la hormigonera es provisional y lleva doce años “caducada”. El conglomerado de empresas que gestiona la planta lo niega en el documento de alegaciones presentado al Ayuntamiento, que la concejala Marta Villanueva explicó en la última audiencia pública, y desde el consistorio dan por hecho que el conflicto terminará en los tribunales. En todo caso, “el camino administrativo va en paralelo al judicial”, aclaraba Villanueva. El ejecutivo ha abierto tres expedientes, uno a cada hormigonera –la primera ya está parada– y un tercero a Adif, por no tener la licencia ambiental que requiere la Generalitat, un aspecto independiente de la licencia general. La empresa ha reconocido al Ayuntamiento que no tienen licencia ambiental y la concejala del distrito ha defendido, ante las quejas vecinales, que están haciendo «más que de mediadores». «Hemos abierto un expediente sancionador», defendía en la última reunión vecinal.
Los afectados de Berenguer de Palou reclaman, en todo caso, más agilidad al Ayuntamiento. Carlos Aguilar, arquitecto de profesión, también vive en el bloque afectado. “Creemos que los documentos oficiales que hemos conseguido nos dan la posibilidad legal para que el consistorio aplique medidas cautelares, porque aquí detrás hay un tema contra el medio ambiente”, explica. Aguilar cita a la vez la Ley 20/2009 de prevención y control ambiental de las actividades aprobada en el Parlamento de Cataluña. “Uno de los artículos apunta la posibilidad de cerrar la planta si se está cometiendo un delito contra el medio ambiente”, explica el arquitecto.
El vecino habla del artículo 65 de la norma, que apunta la posibilidad de “clausurar” las actividades que se ejercen sin la autorización ambiental correspondiente. “En el caso de que se constate que, de una manera inminente, hay afección o riesgo de afección para el medio y para las personas, el órgano competente puede acordar suspender provisionalmente la actividad de una manera inmediata, teniendo en cuenta que se debe confirmar o levantar esta medida cautelar una vez escuchada la persona titular de la actividad”, expone el fragmento en cuestión de la ley.
Por tanto, la primera vía es administrativa, poniendo el foco en la afectación medioambiental de la planta y la falta de la licencia de emisiones. La segunda, el posible uso fraudulento de la licencia general. «Ellos dan por buena una licencia de 2011, pero era temporal, y según la ley mencionada, solo puede durar un máximo de dos años. Entonces estamos hablando de que 2013 sería el límite», considera Aguilar. «Sea como sea, por una vía u otra, el Ayuntamiento ha admitido que la hormigonera debería estar cerrada», comenta Aguilar. Los vecinos están estudiando qué recorrido legal tiene esta cuestión y no descartan un intento por unir fuerzas y plantar cara en los tribunales.
Reunión con el Ayuntamiento en octubre
Sea como sea, la cuestión es detener la actividad de la hormigonera, y en este reto, señalan al Ayuntamiento como responsable principal. “Es quien nos tiene que defender a nosotros”, dicen otras voces del vecindario. Aguilar se sorprende de que en el informe técnico municipal se hable de actividad “clandestina” y cuestiona que el distrito no les haya ofrecido una reunión hasta principios de octubre. “Continuaremos haciendo presión y, si es necesario, nos manifestaremos ante el distrito, y ante el Ayuntamiento, en Sant Jaume, si fuera el caso. Si es necesario hacer acciones para poner el foco en esta cuestión, las haremos”, sentencia el afectado.
