La proposición de ley para el sector del taxi se ha presentado oficialmente este jueves en el Parlamento. El proyecto cuenta con el apoyo de los grupos del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP y ahora entra en un proceso de negociación y modificaciones que culminará en los próximos meses con el nuevo reglamento. La satisfacción por el avance en el nuevo marco legislativo del sector que han manifestado tanto los partidos políticos implicados como Élite Taxi contrasta -como era de esperar- con el posicionamiento del colectivo de VTC. La patronal Unauto y las diferentes plataformas han alzado la voz para denunciar el sismo laboral que supondrá la aplicación de la regulación, que podría traducirse en hasta 6.000 despidos.
Desde Unauto consideran que el acuerdo que ha permitido sacar adelante la proposición es «profundamente antisocial» y «radicalmente contrario al interés general» ya que provocará una reducción del 30% de la oferta de servicios de transporte urbano. La patronal considera «vergonzoso» que partidos autodenominados progresistas hayan defendido esta propuesta y ha alertado que «el principal efecto» será «la destrucción de miles de puestos de trabajo». Unauto ha calculado que se tendrán que pagar hasta 55 millones en concepto de prestaciones de desempleo. En este sentido, la organización recuerda que este negocio paga salarios por valor de 127 millones de euros al año, aportando a las arcas públicas 72 millones anuales.
La patronal alerta que otro de los efectos que la ley provocará será «el incremento del valor de las licencias de taxi», especialmente de aquellas del área metropolitana de Barcelona. En definitiva, Unauto critica que la propuesta es la enésima muestra de un «problema crónico» en el que se están «sometiendo las instituciones al dictado de un grupo de presión». Por ello, abogan por encontrar fórmulas que garanticen un «equilibrio justo que respete los intereses de todos los actores implicados».
La ciudad de Europa con «una ratio más baja»
Por su parte, Cabify, Ubert y Bolt también han cargado contra el proyecto de ley asegurando que provocará la destrucción de 4.000 puestos de trabajo solo vinculados a sus plataformas, empeorando las alternativas de movilidad en Barcelona. Las compañías niegan que las VTC compitan con el sector del taxi y han defendido que pueden convivir en las calles de Cataluña. Sobre esto, han argumentado que Barcelona es la ciudad de Europa con «una ratio más baja» de VTC y taxi por mil habitantes, de 3,4 vehículos, situándose, es decir, 2,1 puntos por debajo de París (5,5), menos de la mitad que Lisboa (8,5) o Ámsterdam (8,5) y muy lejos de la oferta disponible en ciudades como Nueva York (11,3) de Londres (12,3).
Ante esto, hacen un llamado a los partidos políticos y al Gobierno para que reconsideren sus planes y trabajen en una ley alternativa que sea proporcional, garantice la seguridad jurídica y que tenga en cuenta el sector de las VTC.
